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description: "La disputa entre el Ministerio Público Fiscal y la Cámara en lo Criminal de Córdoba se intensifica tras la resolución de dos causas que involucran a poderosos gremios. Los fiscales denuncian presiones y los jueces responden con críticas a su accionar."
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# Conflicto entre jueces y fiscales en Córdoba por causas de alto impacto político

![](https://media.letrap.com.ar/p/5fc3514b233d8fe6535a78aa5e51ae01/adjuntos/349/imagenes/100/201/0100201980/1200x630/smart/hector-david-fiscal-general-adjunto-cordoba.jpg)

En Córdoba, dos causas de alta resonancia social e indudable impacto político han desatado un conflicto significativo en el ámbito judicial. Este enfrentamiento involucra a los magistrados de la Cámara en lo Criminal y Correccional de 3ª Nominación y a la dirección del Ministerio Público Fiscal de la provincia. El fiscal general adjunto de Córdoba, Héctor David, ha denunciado a la cámara por presiones y por el fallo en un caso que involucra a gremios de gran poder. Esta situación ha generado un clima de confrontación en la Justicia cordobesa, donde los magistrados reprochan instrucciones y se cuestionan mutuamente.

Los jueces Gustavo Ispani, María de los Ángeles Palacio y Leandro Quijada están bajo la lupa por la rápida resolución de una intrincada causa que afecta a gremios con vínculos políticos y económicos de peso. Además, han realizado críticas públicas hacia el accionar de los fiscales, tanto de instrucción como de casación. El Ministerio Público Fiscal ha manifestado su intención de apelar la sentencia de la Cámara, deslizando sospechas sobre la voluntad de los jueces para esclarecer el caso. En este contexto, también ha solicitado la intervención del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para que evalúe la conducta de los magistrados, lo que añade una capa más de tensión al conflicto.

La tensión entre los magistrados y fiscales se hizo evidente durante el reciente juicio por el asesinato de Gabriela Pérez, una trabajadora de limpieza que fue asesinada mientras asistía a un asado organizado por la conducción del Sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza (Soelsac). Desde el primer momento, el crimen quedó enmarcado en la disputa por la conducción del gremio, que se preparaba para elecciones tras casi 20 años bajo el control de Sergio Fittipaldi, un dirigente identificado con el peronismo y extitular de las 62 Organizaciones, quien meses antes había quedado como primer legislador suplente. Este contexto ha puesto de relieve la complejidad de las relaciones entre los actores políticos y sindicales en Córdoba, así como la influencia que estos tienen en el ámbito judicial.

Las sospechas se dirigieron de inmediato hacia una facción opositora, que estaba alineada con la dirección del Sindicato de Recolección de Residuos y Barrido (Surrbac), el gremio que representa a los trabajadores de higiene urbana, bajo el control de Franco Saillén, exlegislador provincial y figura destacada del kirchnerismo en la región. Este caso ha permitido arrojar luz sobre las conexiones entre las organizaciones sindicales y el poder político. Aunque históricamente marginales en la estructura de las centrales, estas agrupaciones han ganado relevancia a partir de la privatización de servicios esenciales. El Soelsac, presente en todas las escuelas de la provincia, ha logrado una notable penetración territorial. Con una estrategia bien definida y recursos significativos, el Surrbac se ha convertido en un actor clave en decisiones políticas que corresponden a los intendentes.

La trama de la causa también involucró a facciones de las barras del Club Atlético Talleres, que están implicadas en disputas por el control del narcotráfico en la ciudad y, por supuesto, por el dominio de su propia tribuna. Con todos estos elementos en juego, el desenlace dejó insatisfecha a gran parte de la sociedad. El único acusado por el crimen, Gustavo Herrera, quien es hermanastro de la víctima, fue absuelto de manera unánime por el jurado popular y la Cámara 3ª del Crimen. En los fundamentos de la decisión, que fueron divulgados esta semana, los magistrados criticaron severamente la investigación llevada a cabo por la fiscal Silvana Fernández, así como la defensa que realizaron sus colegas de cámara, Laura Battistelli y Marcelo Sicardi.

En su fallo, el tribunal señaló la falta de pruebas contundentes que sostuvieran la acusación por los delitos de tentativa de homicidio criminis causae y homicidio calificado por precio o promesa remuneratoria que se imputaban a Herrera. Según los jueces, no se puede establecer que el autor del ataque haya sido el acusado. En una conclusión que se interpreta como un serio revés para la instrucción, la sentencia también descarta que el motivo del crimen haya sido un conflicto gremial. Para el tribunal, las acciones que se llevaron a cabo el día del hecho “tuvieron su origen en la disputa por la conducción de la barra La Fiel”, es decir, la barra de Talleres.

La demanda de Justicia.

La reacción del Ministerio Público Fiscal (MPF) se caracterizó por su dureza inusual. Para respaldar su posición, el MPF amplió sus observaciones a otra investigación con implicaciones políticas, que también está bajo la jurisdicción de la Cámara 3° del Crimen. Esta causa, conocida como megacausa Bomberos, involucra a más de diez acusados, entre los que se encuentran altos funcionarios de la policía, quienes habrían facilitado certificados falsos a empresarios que buscaban habilitaciones municipales para sus proyectos. El principal vocero de esta situación es Héctor David, fiscal general adjunto, quien es responsable de definir los fiscales asignados a cada causa. A lo largo de sus más de 20 años en el MPF, no se le conocen intervenciones sobre las causas en curso.

En esta ocasión, David se dirigió directamente al Tribunal de Ética Judicial, que depende del Tribunal Superior de Justicia, para presentar una denuncia sobre una serie de intentos de violación, tanto recurrentes como concurrentes, de la independencia y las facultades del MPF. Según su exposición, en las causas mencionadas, los camaristas habrían incurrido en graves faltas. En primer lugar, se habría intentado remover a los fiscales de cámara designados para la causa Pérez, contactando directamente al fiscal general, Carlos Lezcano. Sin éxito en este intento, los camaristas habrían cuestionado abiertamente, utilizando términos inapropiados, la actuación de los fiscales Fernández y Batistelli durante las audiencias del juicio.

Carlos Lezcano, fiscal general de Córdoba, también está mencionado en esta presentación, que señala un “avasallamiento” en la causa Bomberos. En este caso, además de un intento por cambiar al fiscal asignado, los camaristas habrían sugerido al fiscal cómo encuadrar los hechos que se investigan. Asimismo, habrían realizado fuertes cuestionamientos sobre el accionar del instructor que llevó a cabo la pesquisa.

Con esta información, David confirmó que el MPF apelará la absolución de Herrera. Solicitarán una revisión y la consideración de elementos que la cámara no tuvo en cuenta. Además, se unificarán más de diez expedientes conexos que contienen antecedentes de violencia entre las agremiaciones. Con esta acción, esperan avanzar en la elucidación de las verdaderas razones detrás del ataque.

Adicionalmente, se pedirá el inicio de una investigación sobre una supuesta pista relacionada con el narcotráfico, denunciada por Fittipaldi durante las audiencias. Según su acusación, los referentes del Surrbac intentaban tomar control del gremio para expandir “su red de distribución de drogas”.

La desconfianza entre jueces y fiscales se remonta a décadas atrás. Fuentes calificadas señalan que los jueces han mostrado resistencia a adoptar un sistema acusatorio, en el que las funciones de cada parte están claramente definidas. “El MPF investiga y acusa, la defensa representa al imputado y el tribunal decide”, explican.

Estas voces también critican a los jueces por mantener un “sistema perimido”. Según sus afirmaciones, los magistrados no estarían dispuestos a renunciar a un “sillón de privilegio”, desde el cual buscan controlar todo el proceso o ajustarlo a un guion preestablecido. “Más que cámaras, actúan como camarillas”, sostienen con firmeza.

Al examinar el comportamiento del mencionado cuerpo colegiado en las causas, se desglosa la generalización. Los fiscales, en privado, rechazan las acusaciones formales de los jueces. Según enfatizan, no son ellos quienes carecen de voluntad para esclarecer los hechos relacionados con poderosos sindicatos. “Esta estampida de violencia que escaló en las calles fue gremio contra gremio, Surrbac contra Soelsac, a cualquier precio”, declaró la fiscal Battistelli, quien acusó a la cámara de generar dudas que no existen en la investigación.

Además de cuestionar el fallo, desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) impugnan el poco tiempo dedicado al análisis de un extenso expediente. “Quisieron cuatro audiencias. Nada más. Parecían apurados en cerrar todo. Ni siquiera consideraron la posibilidad de extender los horarios. Y fueron ellos mismos los que dejaron avanzar los tiempos hasta los límites posibles”, revela otra fuente consultada.

Esta concatenación de eventos no es casual. Desde hace tiempo circulan diversas sospechas sobre la voluntad de los funcionarios de Justicia para profundizar en las causas que afectan al poder real, aquel que se mide en cifras pero se manifiesta a través de la política.

Estas inquietudes también alimentan la desconfianza de los cordobeses hacia el Poder Judicial.

En medio de la crisis en la Justicia de Córdoba, el intendente Martín Llaryora se ve obligado a abrir la billetera para abordar la situación. Los jueces han tomado partido en el conflicto salarial que afecta a los tribunales de Córdoba, trasladando la presión hacia Llaryora.

En otras noticias, en el Consejo de la Magistratura se ha generado alarma en la UCR, ya que el senador José Mayans le ofreció a Patricia Bullrich repartir los cargos. Por su parte, Javier Milei ha dejado en claro a Bullrich que él es el candidato de La Libertad Avanza.

El PRO de San Francisco ha propuesto la construcción de un muro como medida para combatir la creciente ola de inseguridad, dirigiendo sus críticas hacia la provincia de Santa Fe. Esta iniciativa se enmarca en un contexto de preocupación por la seguridad en la región, donde los líderes políticos buscan soluciones efectivas para abordar el problema.

En el ámbito político, Gabriel Katopodis se posiciona como un actor clave en la contienda por la gobernación, mientras que el político Gebel espera una señal divina que le permita decidir si se postulará como candidato. Además, Cavatorta ha manifestado su interés en participar en las elecciones de 2027, siendo registrado por el massismo en Rosario.

La situación judicial en la Ciudad de Buenos Aires también está en el centro de la atención, con el poder de Mahiques y las intrigas políticas de Angelici y Olmos. En el frente de la derecha, se observa un enfrentamiento entre Milei y Bullrich, que se asemeja a una Guerra Fría.

En otro orden de cosas, Daniela Vilar concluyó la Agenda Ambiental Latinoamericana con un llamado a la construcción de un futuro sostenible. Por su parte, Renoldi ha expresado su intención de competir por la sucesión de Romero, lo que ha generado una nueva división en la UCR de Paraná. Asimismo, el presupuesto de Posadas ha puesto de manifiesto la interna de La Libertad Avanza en Misiones. Por último, Genoveva Ferrero ha presentado justicia, política y acción social como sus tres pilares para destacar en la escena porteña.

Fuente original: [Letra P Política](https://www.letrap.com.ar/politica/justicia-cordoba-la-resolucion-dos-causas-impacto-politico-aviva-la-pelea-jueces-y-fiscales-n5427875).

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