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title: "La crisis de la Corte Constitucional en Polonia se intensifica en medio de tensiones políticas"
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description: "La disputa política en Polonia se centra en la Corte Constitucional, donde el presidente Karol Nawrocki se niega a validar los nombramientos de jueces propuestos por el Parlamento, mientras el presidente del tribunal se mantiene firme en su cargo. Este conflicto, que ha sido calificado de ilegal por la Unión Europea, se desarrolla en un clima de confrontación entre fuerzas conservadoras y de seguridad, con miras a las elecciones legislativas de 2027."
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date_published: "2026-11-02T12:25:00-03:00"
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# La crisis de la Corte Constitucional en Polonia se intensifica en medio de tensiones políticas

![](https://s.rfi.fr/media/display/d5c187b6-d534-11f1-a0c5-1beafce15fea/w:1280/p:16x9/AP26304277453436-1.jpg)

La situación política en Polonia está marcada por un enfrentamiento en torno a la Corte Constitucional. El presidente Karol Nawrocki se opone a validar los nombramientos de jueces realizados por el Parlamento, que ahora cuenta con una mayoría centrista bajo el liderazgo del primer ministro Donald Tusk. A su vez, el presidente de la Corte, que no tiene intención de dimitir, se encuentra en el centro de un conflicto que se intensifica en Varsovia, donde los partidarios conservadores y las fuerzas de seguridad se enfrentan. La Unión Europea ya ha expresado su postura al considerar ilegal al tribunal actual, lo que añade una dimensión internacional a la crisis.

Este conflicto tiene sus raíces en decisiones políticas tomadas desde 2015, cuando el partido conservador de Nawrocki estaba en el poder y realizó nombramientos de jueces por razones políticas. En la actualidad, las tensiones se han agudizado en torno a la Corte Constitucional. El partido de Tusk, que sostiene la necesidad de "restablecer el Estado de derecho" mediante la incorporación de jueces designados por el Parlamento, ha optado por no participar en las consultas convocadas por el presidente. Laurent Pech, un experto en derecho europeo y decano de la Facultad de Derecho del University College de Dublín, señala que no se debe esperar una resolución rápida a esta crisis. Según Pech, es esencial entender que la Corte Constitucional polaca ha dejado de ser un tribunal independiente, una situación que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no reconoce. Desde un punto de vista jurídico, la Corte ha perdido su estatus como tribunal independiente desde 2016, y el actual presidente del tribunal fue nombrado de manera ilegal.

El presidente de Polonia se opone a cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, más recientemente, a una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que le exigía tomar juramento a los nuevos jueces. Esta situación de impasse no es reciente. El presidente Nawrocki, quien afirma querer solucionar la crisis, es en realidad el responsable de su origen al rechazar la aceptación de jueces que fueron legítimamente elegidos por el Parlamento. Para ilustrar esta situación, se podría comparar a Nawrocki con un pirómano que invita a los bomberos a discutir sobre cómo apagar los incendios que él mismo provoca.

La Unión Europea ha manifestado su apoyo a Donald Tusk, lo que evidencia su postura en este conflicto. El 3 de noviembre se llevará a cabo una asamblea general para decidir sobre el presupuesto de la Corte Constitucional. ¿Qué se puede anticipar de este encuentro? Nos encontramos ante un tribunal que está siendo manipulado por individuos que actúan en contravención del derecho polaco. Desde la perspectiva del derecho de la Unión Europea, la situación es evidente: la Corte Constitucional polaca ha dejado de ser un tribunal conforme a la normativa europea. Todas las autoridades polacas tienen la obligación legal de resolver esta situación a la mayor brevedad posible. Sin embargo, el actual gobierno polaco posee una mayoría relativa en el Parlamento, lo cual no es suficiente para superar el veto que el presidente Nawrocki utiliza de manera sistemática. Para ello, el gobierno requeriría una mayoría calificada de tres quintos en el Parlamento. La actitud del presidente exacerba la crisis, ya que impide su resolución a través de la vía legislativa. Por su parte, la Unión Europea solo puede instar al gobierno polaco a encontrar una solución.

No se anticipa ninguna solución en relación al presupuesto del Tribunal. Es comparable a financiar a un secuestrador. A pesar de esto, el presupuesto ya ha sido reducido desde la llegada del nuevo gobierno. En Polonia se creía que, con la elección de jueces debidamente designados, la crisis se resolvería internamente. Sin embargo, como se ha evidenciado en los últimos días, esta no es la realidad.

Algunos ciudadanos polacos que apoyan a los conservadores de Ley y Justicia (PiS) han calificado la situación como un “golpe de Estado” por parte del primer ministro Donald Tusk, quien respalda la suspensión del actual presidente de la Corte y el despliegue de fuerzas de seguridad alrededor del edificio. ¿Es posible que los polacos comprendan la complejidad de esta situación?

Desde una perspectiva legal, resulta completamente absurdo referirse a un golpe de Estado, dado que se trata de un gobierno que busca asegurar el funcionamiento adecuado de una entidad estatal. En contraposición, quienes llevaron a cabo un golpe de Estado fueron aquellos que asumieron el control de la Corte Constitucional a través de acciones ilegales. En efecto, la primera vez que se mencionó un golpe de Estado en Polonia fue en 2016, cuando el partido conservador PiS, que entonces estaba en el poder, tomó el control político del Tribunal Constitucional.

Algunos sugieren la posibilidad de un referéndum como solución a la crisis actual. Sin embargo, surge la pregunta: ¿un referéndum sobre qué tema? ¿Acerca de un proyecto de ley que fue rechazado por el presidente? No encuentro cómo un referéndum podría abordar una cuestión que considero, ante todo, de carácter jurídico. No veo qué tipo de pregunta se podría realmente plantear al pueblo polaco para que se exprese al respecto.

Polonia, al igual que Hungría, ha incumplido en numerosas ocasiones las normas establecidas por la Unión Europea, lo que ha generado conflictos recurrentes con Bruselas. Jarosław Kaczyński, líder del PiS, ha mencionado la posibilidad de un “Polexit”, es decir, la salida de Polonia de la UE. ¿Es esta una amenaza seria?

En primer lugar, hay un amplio número de sentencias que han establecido de manera jurídica que las autoridades polacas del antiguo partido gobernante han violado de forma sistemática los principios fundamentales del Estado de derecho, tanto desde la perspectiva del derecho polaco como del derecho europeo y del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esto está claramente establecido en el ámbito jurídico, sin lugar a discusión.

En lo que respecta al “Polexit”, en realidad, no es la primera vez que se menciona este término. Fue la Corte Constitucional, bajo el control del antiguo partido gobernante, la que provocó un “Polexit” jurídico hace algunos años. Por lo tanto, hablar ahora de un “Polexit” no parece estar justificado, dado que la pertenencia a la Unión Europea cuenta con un amplio respaldo entre la población polaca. Los responsables de crear un “Polexit” son aquellos que se adueñaron de la Corte Constitucional. Por ende, resulta completamente ilógico hablar de “Polexit” bajo el argumento de que el primer ministro proeuropeo desea restablecer el Estado de derecho.

¿De qué manera puede Bruselas contribuir a una solución a la crisis?

No puede haber un entendimiento político cuando existen sentencias que han evidenciado una violación clara de los principios fundamentales en lo que respecta al control de constitucionalidad y al funcionamiento y composición de la Corte Constitucional de Polonia. No es posible llegar a un acuerdo con quienes infringen la ley. En mi perspectiva, eso sería más una rendición que un verdadero acuerdo. Para Bruselas, lamentablemente, las alternativas son limitadas en este momento, ya que ha cerrado la mayoría de los procedimientos que permitían un seguimiento constante de la situación en Polonia.

Aunque siempre es posible reabrir esos procedimientos, en realidad no es necesario, dado que ya contamos con sentencias que dictan lo que se debe hacer. Por lo tanto, considero que, desde una óptica política, lo más adecuado que pueden hacer la Comisión y el Consejo Europeo es ofrecer su respaldo público al gobierno de Donald Tusk. Desde un enfoque financiero, podría haberse considerado la opción de suspender los fondos europeos, pero eso implicaría penalizar al gobierno que intenta restaurar el Estado de derecho. Aquellos que están avivando el conflicto no serían quienes asumirían el costo político de una suspensión de los fondos europeos. Este es el dilema que enfrenta actualmente la Unión Europea.

¿Existe el riesgo de que los partidos populistas se beneficien de la división provocada por este enfrentamiento político en Polonia? Desafortunadamente, los ataques al Estado de derecho en varios países europeos son alimentados tanto por actores internos como externos. Lamentablemente, este es el caso de Polonia. Se utiliza la desinformación, por ejemplo, al presentar un intento de restaurar el Estado de derecho como un golpe de Estado. Observamos que los actores políticos que transgreden el Estado de derecho en sus propios países tienden a respaldar a los actores extranjeros que hacen lo mismo. Me parece que hay una alianza objetiva entre el gobierno de Trump y el PiS, el antiguo partido en el poder en Polonia. Existe una solidaridad de hecho que es nueva.

¿Deben Polonia y la Unión Europea temer las repercusiones de esta crisis?

La Unión Europea ha dejado de prestar atención a las violaciones sistemáticas del Estado de derecho en Polonia, a pesar de que el Tribunal de Justicia de la UE determinó que más de 3.000 jueces polacos no fueron nombrados de manera regular, lo que pone en duda la validez de sus sentencias. Esta falta de preocupación por parte de la UE se debe a que el gobierno y las autoridades polacas continúan operando con normalidad. En consecuencia, se actúa como si la situación no fuera problemática, a la espera de que se resuelva con las próximas elecciones. Para restablecer el Estado de derecho en Polonia, es necesario que no haya cohabitación entre el presidente y el gobierno, es decir, que ambos pertenezcan al mismo partido político. De lo contrario, el derecho de veto del presidente puede llevar a un estancamiento político.

Desde una perspectiva más amplia, surge la pregunta de si estas divisiones internas, que desafían la estabilidad del país, podrían tener repercusiones tanto para Polonia como para la Unión Europea en el contexto geopolítico regional, especialmente considerando que Polonia se encuentra en la primera línea ante la guerra en Ucrania y la amenaza que representa Rusia. Sin embargo, se puede argumentar que no habrá consecuencias significativas en el corto plazo. Este tipo de crisis no es nuevo en Polonia; la presencia de un gran número de policías frente a un tribunal puede ser impactante visualmente, pero es una situación que se ha repetido en el país durante la última década. Por lo tanto, no se anticipan efectos inmediatos relevantes.

En cambio, los actores políticos en Polonia, incluyendo al presidente y al primer ministro, han considerado crucial posicionarse respecto a la Corte Constitucional y utilizar esta situación como un argumento para reforzar sus posturas en las próximas elecciones. Esta confrontación parece ser, ante todo, una estrategia para prepararse para las elecciones legislativas que se llevarán a cabo en 2027.

Fuente original: [RFI Español](https://www.rfi.fr/es/europa/20261102-polonia-la-crisis-de-la-corte-constitucional-sirve-para-preparar-las-elecciones-legislativas-de-2027).

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