Ajuste drástico en las transferencias nacionales a provincias: el impacto del gobierno de Milei
Cambio Global
Un recorte sin precedentes en el financiamiento provincial
Durante el mes pasado, las provincias argentinas enfrentaron uno de los recortes más severos en transferencias no automáticas desde el año 2005. Según datos de la consultora Politikon Chaco, los fondos enviados por el Gobierno Nacional se redujeron a tan solo $48.300 millones, lo que representa un desplome del 87,7% en términos reales respecto a junio de 2025. Este descenso se traduce en la mayor retracción de recursos en el mes de junio en más de veinte años.
El ajuste se concentró en fondos discrecionales, que incluyen los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y otras transferencias acordadas con los gobiernos provinciales. En este contexto, se destacan tres conceptos clave que acapararon la mayor parte de los pagos: primero, la Universalización de la Jornada Extendida, con $24.460 millones, representando el 51% del total; segundo, el Programa para el Desarrollo de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, que recibió $4.985 millones; y tercero, las Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales, con un monto de $4.000 millones.
Buenos Aires lidera las transferencias, pero el ajuste se siente en todas partes
La provincia de Buenos Aires fue la que más fondos recibió en junio, con un 27,2% del total, lo que equivale a $13.159 millones, principalmente destinados a la Universalización de la Jornada Extendida. Le siguió Corrientes, que obtuvo el 10,4% del total, gracias a las Transferencias a la Caja Previsional. Santa Fe también se vio beneficiada, recibiendo el 9,5% del total, en gran parte por los fondos dirigidos a la Jornada Extendida.
En un panorama más amplio, las transferencias no automáticas acumuladas durante los primeros seis meses del año sumaron $639.589 millones, lo que representa una disminución real interanual del 61,8% en comparación con el mismo período de 2025. Este ajuste severo no solo afecta a las finanzas provinciales, sino que también plantea un desafío significativo para el desarrollo y la equidad en el país, marcando un período de incertidumbre para los gobiernos subnacionales.