La estrategia fiscal de Caputo: omisión de una deuda de $1,1 billones con CABA
Cambio Global
Un fallo judicial ignorado
La deuda de $1,1 billones que enfrenta el Gobierno nacional con la Ciudad de Buenos Aires es el resultado de una cautelar de la Corte Suprema que ordenó la restitución de fondos de coparticipación que el expresidente Alberto Fernández había retirado en 2020. A pesar de que la Nación había estado cumpliendo con estos pagos mensuales, desde enero de este año, el ministro Caputo suspendió las transferencias, argumentando que se trataba de medidas extraordinarias para alcanzar el superávit fiscal exigido por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Según un informe de la consultora LCG, esta decisión ha duplicado la deuda flotante del país, que pasó de $2 billones a $4 billones, mientras que se registraron ingresos extraordinarios de aproximadamente $2 billones, provenientes de rentas de la propiedad y de la privatización de las represas del Comahue. Estas medidas, más cercanas a las de gobiernos con problemas financieros, han permitido al Gobierno presentar un superávit primario del 0,7% del PIB en los primeros cinco meses del año, aunque a costa de una creciente deuda.
Contabilidad creativa y ayuda del FMI
La operación entre el Ministerio de Economía y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha implicado el uso de bonos y letras ya emitidos, lo que ha permitido ocultar el verdadero impacto fiscal de esta deuda en las estadísticas del presupuesto. Alejandro Pegoraro, director de Politikon Chaco, señala que el gasto financiero del Estado nacional se materializará cuando se paguen los vencimientos de estos instrumentos, que se contabilizarán como intereses, lo que podría enmascarar aún más la situación real de las finanzas públicas.
La estrategia de Caputo, apoyada por la flexibilización de las metas del FMI, ha permitido al Gobierno presentar un panorama fiscal más favorable, aunque la acumulación de deudas y la falta de transparencia en las cuentas públicas plantean serias interrogantes sobre la sostenibilidad de esta situación a largo plazo. En un contexto donde la presión fiscal es cada vez mayor, el desafío será encontrar un equilibrio que no comprometa el futuro económico del país.