España exige la detención de un etarra hallado en Venezuela tras los sismos

La asociación Dignidad y Justicia ha presentado una querella ante la Audiencia Nacional de España para solicitar la captura y extradición de Luis María Olalde, conocido como 'Txistu', quien fue rescatado de los escombros de un edificio en Caracas tras los recientes terremotos. Este exmiembro de ETA está acusado de un atentado que dejó tres guardias civiles muertos en 1978.
Mundo13/07/2026Cambio GlobalCambio Global

Querella por crímenes del pasado

La asociación Dignidad y Justicia ha instado a las autoridades españolas a que actúen en la búsqueda y detención internacional de Luis María Olalde, quien se encuentra en Venezuela desde 1979, cuando huyó del país para eludir la justicia. En un auto del 7 de julio, el juez Santiago Pedraz admitió a trámite la querella, permitiendo que la asociación se constituya como acusación popular en el caso.

Olalde fue rescatado el 25 de junio de este año entre los escombros de un edificio en el barrio de San Bernardino, en Caracas, donde vivía con su esposa. La situación se complicó aún más con la noticia del fallecimiento de Alazne Solabarrieta, una mujer de origen vasco que murió en el terremoto y que era nieta de un exalcalde del municipio de Ondarroa. Su esposo, Luis Olalde Quintela, fue encontrado con vida, lo que ha reavivado el interés por su captura.

Justicia en el horizonte

La justicia española ha mantenido abiertas causas judiciales contra Olalde, quien enfrenta acusaciones por su participación en crímenes de terrorismo. A pesar de que sus abogados han solicitado que se declare la prescripción de los delitos, el juez Francisco de Jorge ha decidido mantener activa la orden de requisitoria internacional en su contra, lo que refleja la determinación de las autoridades por llevar ante la justicia a quienes han cometido actos violentos en el pasado.

La situación de Luis María Olalde en Venezuela no solo pone de manifiesto la búsqueda de justicia por parte de las víctimas del terrorismo, sino que también plantea interrogantes sobre la cooperación internacional en la lucha contra la impunidad. La presión sobre las autoridades venezolanas para que actúen en este caso podría abrir un nuevo capítulo en la relación entre ambos países.