Propuestas para aliviar la carga fiscal a pymes frente a ARCA

Especialistas en materia tributaria han instado al ministro de Economía, Luis Caputo, a eliminar las multas automáticas impuestas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y a considerar descuentos significativos en caso de incumplimientos. La situación actual presenta desafíos considerables para las pequeñas y medianas empresas en Argentina.
Actualidad24/07/2026Cambio GlobalCambio Global

El aumento en las declaraciones juradas

En el último año, las pequeñas y medianas empresas (pymes) han visto un aumento drástico en la cantidad de declaraciones juradas que deben presentar ante ARCA, llegando a un total de 89 por año. Este número se ha incrementado significativamente desde las 25 presentaciones habituales, a raíz de la inclusión de nuevas modalidades fiscales. Por ejemplo, un trabajador autónomo, como un plomero, ha pasado de presentar 14 a 38 declaraciones anuales, lo que incrementa el riesgo de incumplimientos y, por ende, de sanciones.

Miriam Roldán, tributarista que participa en reuniones con el ministro Caputo, ha expresado su preocupación por esta proliferación de obligaciones fiscales. Según Roldán, el aumento no solo en la cantidad de declaraciones, sino también en el riesgo de recibir multas, afecta gravemente a los contribuyentes. Las sanciones por incumplimientos en declaraciones informativas oscilan entre $220.000 y $440.000, mientras que las multas por declaraciones determinativas pueden alcanzar hasta $10 millones.

Propuestas para un sistema más equitativo

Durante una reciente reunión, Roldán presentó un borrador de proyecto de ley que busca modificar el régimen de multas de ARCA. La propuesta incluye una reducción del 80% en las sanciones para microempresas y personas, un 60% para pequeñas empresas, un 40% para medianas del primer tramo y un 20% para las del segundo tramo. Además, se plantea eliminar las multas automáticas, permitiendo un plazo de gracia que varía de 30 a 90 días según el tipo de contribuyente, antes de que se aplique cualquier sanción.

La iniciativa busca establecer un sistema más justo y proporcional, que considere la capacidad económica de cada contribuyente. Según el borrador, las sanciones deben ser evaluadas en relación con los ingresos del obligado, evitando que pequeñas empresas enfrenten penalidades desproporcionadas que podrían resultar confiscatorias y vulnerar derechos constitucionales.