Desafíos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones: ¿Por qué las promesas aún no se materializan?

Un régimen con grandes expectativas

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ha sido presentado como una de las estrategias clave del Gobierno argentino para reactivar la economía. Este esquema ofrece incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios, como estabilidad tributaria durante 30 años, reducción del Impuesto a las Ganancias y acceso gradual a divisas, destinado a proyectos que superen los 200 millones de dólares en inversión. Hasta la fecha, se han presentado 44 proyectos que suman casi 199.000 millones de dólares, de los cuales 21 ya han sido aprobados, comprometiendo inversiones por alrededor de 46.700 millones de dólares. Sin embargo, la mayoría de los proyectos aún se encuentra en etapas iniciales, lo que plantea dudas sobre su capacidad para generar un impacto económico real en el corto plazo.

Aunque algunos proyectos han comenzado a mostrar avances, como el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur y el proyecto de GNL de Southern Energy en Río Negro, ambos con inicio de operaciones previsto para finales de 2026, la ejecución efectiva de las inversiones es aún incipiente. Un análisis revela que, para abril de 2026, el desembolso real en el sector minero apenas alcanzaba el 11% de lo prometido. Esta situación pone de relieve que, a pesar de las aprobaciones, el flujo de capital hacia la economía local está lejos de ser el esperado.

Empleo y estructura productiva en jaque

Desde el Gobierno se estima que la implementación del RIGI generará 196.663 empleos directos e indirectos, aunque estos números provienen de proyecciones de las propias empresas y no de datos concretos sobre puestos creados. A dos años de su implementación, no existen cifras oficiales que respalden el impacto real en el mercado laboral. Al analizar la transición de la construcción a la operación de los proyectos, las previsiones de empleo se reducen drásticamente a aproximadamente 8.200 puestos permanentes en todo el país, lo que indica que la creación de empleo no sigue el mismo ritmo que las inversiones.

La preocupación se intensifica al observar que los sectores de petróleo y minería, que deberían ser los motores de este régimen, han registrado una disminución en el empleo formal desde noviembre de 2023, con la pérdida de más de 8.700 puestos, según datos de Fundar. Este contexto sugiere que la implementación del RIGI no solo busca atraer inversiones, sino que también podría transformar la estructura productiva de Argentina, priorizando sectores que, aunque prometen divisas, no necesariamente contribuyen al desarrollo del empleo y la industria local en igual medida.