Acusaciones cruzadas entre Tandil y Azul por el traslado de personas vulnerables

La tensión entre los municipios de Tandil y Azul se intensifica tras las acusaciones del intendente de Tandil, Miguel Lunghi, quien denuncia un traslado irregular de personas en situación de vulnerabilidad social. Lunghi amenaza con acciones legales si no se corrige la situación.
Mundo21/08/2026Cambio GlobalCambio Global

Denuncias por el traslado de una familia vulnerable

La disputa entre los intendentes de Tandil y Azul ha escalado tras la denuncia realizada por Miguel Lunghi, líder del municipio tandilense, contra su colega Nelson Sombra de Azul. Lunghi acusó a Sombra de llevar a cabo un "traslado compulsivo e irregular" de once integrantes de una misma familia en una situación crítica, quienes fueron dejados en una estación de trenes desactivada en Tandil. Según el intendente radical, este acto busca desarticular la asistencia social que corresponde a su municipio.

En una carta contundente, Lunghi exigió a Sombra que reponga la situación en un plazo de 48 horas, incluyendo el regreso de la familia a Azul y el resarcimiento económico por los gastos que la Municipalidad de Tandil debió afrontar para atender a estas personas. “La imprudencia de su administración obligó a nuestro municipio a movilizar recursos humanos y financieros de manera urgente para proteger la integridad de estas once personas”, argumentó Lunghi.

Respuesta de la gestión municipal de Azul

Desde el municipio de Azul, el secretario de Desarrollo, Omar Seoane, defendió la actuación del gobierno local, asegurando que la familia solicitó ser trasladada a Tandil de manera voluntaria. “Actuamos de buena fe; simplemente proporcionamos el transporte a una familia que deseaba mudarse”, manifestó Seoane, cuestionando así las acusaciones de su par.

La situación ha llevado a Lunghi a plantear que existe un incumplimiento de la ley provincial de Protección de los Derechos del Niño, al tiempo que exigió un informe detallado que justifique el traslado. En caso de no recibir respuesta satisfactoria, amenazó con iniciar acciones legales, incluyendo denuncias ante el Tribunal de Cuentas y potenciales denuncias penales por la situación. La controversia ilustra la complejidad de la gestión social en tiempos de crisis y la necesidad de cooperación entre municipios.