Amenazas y corrupción: un escándalo que sacude al PAMI en San Luis

La denuncia que destapa la crisis

La situación comenzó a desmoronarse cuando Cecilia Morales, quien asumió la dirección del PAMI a instancias de Negri en septiembre de 2025, empezó a investigar las operaciones de la clínica Aconcagua. Morales fue abordada por Arrascaeta en el aeropuerto de San Luis el 1 de junio pasado, donde la senadora supuestamente la amenazó al insistir en que no obstaculizara la carga de prestaciones que, según las denuncias, se realizaban de manera irregular. "Voy a cortar cabezas, voy a cortar todas las cabezas", habría exclamado Arrascaeta mientras sujetaba a Morales del brazo, un acto que dejó a la ex funcionaria atónita y preocupada por las implicaciones de su resistencia.

Las tensiones aumentaron cuando Negri, en un tono amenazante, reprochó a Morales por haber solicitado auditorías en las clínicas de su hermano, lo que generó malestar en el empresario. La denuncia de Morales no es un caso aislado; desde el PAMI han surgido informes que indican que la familia Negri estaba facturando al organismo cifras exorbitantes, superando incluso lo que se facturaba en total en provincias como Mendoza.

Un entramado de irregularidades

Según datos de la repartición del PAMI en San Luis, en septiembre del año pasado, los hermanos Negri habrían facturado prestaciones por un total de 1.091 millones de pesos, con cifras que se mantuvieron por encima de los 700 millones en los meses siguientes. Esta situación llevó a Morales a cuestionar la legitimidad de los servicios prestados. La auxiliar fiscal Paula Bellotti, de la Unidad Fiscal de Investigaciones de delitos en el PAMI, advirtió sobre la posibilidad de una defraudación, solicitando información detallada sobre las órdenes de prestación y los servicios alegados en el centro de día de la familia Negri.

El escándalo en torno al PAMI de San Luis pone de manifiesto la complejidad de las relaciones entre la política y los negocios en Argentina. Mientras se desarrollan las investigaciones, las amenazas y la presión ejercida por figuras políticas como Arrascaeta añaden una capa de tensión a un problema que podría tener repercusiones significativas no solo para los involucrados, sino para el sistema de salud pública en el país.