El Gobierno adjudica ocho corredores viales por casi 4.000 kilómetros y avanza en la concesión de rutas nacionales por 20 años

A través de la Resolución 1379/2026, el Ejecutivo oficializó la adjudicación de ocho tramos de rutas que suman más de 3.900 kilómetros a diferentes consorcios y empresas privadas. La medida busca mejorar la infraestructura vial del país y eliminar la dependencia de los fondos públicos.
Actualidad24/08/2026Cambio GlobalCambio Global

Avance en la infraestructura vial del país

El Ministerio de Economía ha formalizado la adjudicación de ocho corredores viales a operadores privados por un período de 20 años, en el marco de la tercera etapa de la Red Federal de Concesiones (RFC). Esta decisión, que fue publicada en el Boletín Oficial, busca no solo modernizar las rutas nacionales, sino también optimizar recursos al transferir la responsabilidad de operación y mantenimiento al sector privado, evitando así erogaciones del Estado.

Con una extensión total de 3.900 kilómetros, los corredores adjudicados atraviesan once provincias, incluyendo Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, y Mendoza, organizándose en tramos como Cuyo, Centro Norte, Noroeste, y Litoral, entre otros. El Gobierno espera que esta iniciativa no solo mejore la calidad de las rutas, sino que también genere ingresos adicionales mediante la construcción y explotación de servicios complementarios a los usuarios.

Detalles de las adjudicaciones y propuestas rechazadas

En cuanto a las adjudicaciones específicas, el Tramo Centro fue otorgado a un consorcio que incluye a AFEMA S.A. y Pablo Federico e Hijos S.A., con una tarifa de $1.399 más IVA. Por su parte, el Tramo Centro Norte será operado por José Cartellone Construcciones Civiles S.A. a un costo de $2.175 sin IVA, mientras que el Tramo Mesopotámico fue adjudicado a IEB Construcciones S.A. por $3.564,99 sin IVA. Cada uno de estos contratos tendrá una duración de 20 años.

El proceso de concesión se inició con el Decreto 97/2025, que autorizó la privatización de Corredores Viales S.A., sentando las bases para las licitaciones. Con la primera etapa de precalificación de oferentes aprobada en julio de 2026, el Gobierno avanza hacia una nueva era en la gestión de la infraestructura vial, confiando en que el sector privado desempeñará un papel clave en el desarrollo y mantenimiento de estas rutas esenciales para el país.