La trama de lavado en el Puerto de Rosario afecta el futuro de Vicentín

Lavado de dinero y conexiones políticas

La causa que investiga un sistema de lavado de dinero en el Puerto de Rosario ha generado una tensión significativa en torno a la concesión de TPR, que se otorgó en 2002 por un período de 30 años. La imputación presentada por cinco fiscales federales detalla cómo se utilizó el puerto para canalizar fondos ilícitos provenientes de España a través de empresas pantalla, sin que existiera control por parte del Ente Administrador del Puerto de Rosario (Enapro) ni de los gobiernos provinciales. Este esquema se desarrolló durante los gobiernos socialistas, en un contexto donde no se realizaron inversiones en infraestructura portuaria.

Entre los involucrados en este entramado se encuentra Jordi Pujol i Ferrusola, hijo del ex presidente de la Generalitat de Cataluña, quien enfrenta una orden de captura internacional. Los fiscales sostienen que las tres empresas locales que formalmente controlaban TPR eran, en realidad, un frente para las operaciones de Pujol i Ferrusola, quien actuaba a través del contador Gustavo Shanahan. La acusación sugiere que el puerto fue utilizado para blanquear dinero proveniente de actos de corrupción en España, en un contexto de inactividad portuaria.

Vicentín y el futuro de la concesión

Desde 2011, la agroexportadora Vicentín y la operadora chilena Ultramar asumieron el control de la concesión de TPR tras adquirir las acciones. Sin embargo, la situación de Vicentín se complicó en 2020, cuando la empresa entró en cesación de pagos y fue sometida a un proceso concursal. En 2025, la firma Grassi adquirió el 100% de la compañía, en un contexto donde se cuestiona la legitimidad de los actuales propietarios, algunos de los cuales tienen vínculos con los apoderados de TPR durante el periodo de irregularidades.

En medio de este escándalo de lavado, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y otros actores políticos se encuentran bajo presión para decidir sobre la prórroga de la concesión. Los nuevos administradores de Vicentín y Ultramar buscan posicionarse como una alternativa renovada, argumentando que la situación del puerto ha cambiado y que los responsables del vaciamiento ya no están en el control.

Fuente original: La Política Online.