El Reino Unido rechaza el arbitraje argentino por el proyecto Sea Lion

Declaraciones del Gobierno británico

La subsecretaria de Estado parlamentaria para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, emitió una declaración en la que califica el recurso argentino a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar como un “último intento de socavar los derechos y medios de vida” de los habitantes de las Falklands/Malvinas. Kumaran subrayó que los residentes del archipiélago “eligieron libre y democráticamente su futuro” y tienen el derecho de desarrollar sus recursos naturales “sin intimidación, coacción ni interferencia de terceros”, reafirmando que la actividad hidrocarburífera se rige por la legislación local en conformidad con el derecho internacional.

Además, el Gobierno británico comunicó al embajador argentino en el Reino Unido que los intentos de obstruir la actividad económica no son acciones de un socio internacional responsable, sino “intentos deliberados de socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo autogobernado”. La declaración concluye con el compromiso del Reino Unido de apoyar al gobierno de las Falklands y defender “enérgicamente” sus deseos, economía y derecho a la autodeterminación. En su cuenta de X, Kumaran reafirmó que “las Falkland Islands son británicas”.

Acciones de Argentina y respuesta de Rockhopper Exploration

El presidente argentino, Javier Milei, anunció el lunes el inicio del procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención, otorgando a Londres un plazo de dos semanas para frenar la explotación en la cuenca norte del archipiélago. De no recibir respuesta, Argentina solicitará medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo. Buenos Aires argumenta que la explotación unilateral infringe las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General, causando un daño “irreversible e irreparable” a sus derechos.

Argentina también mantiene abiertos 60 procedimientos administrativos y ha presentado tres denuncias penales contra diez empresas, aunque ninguna imputación ha sido probada. En el referéndum de 2013, el 99,8% de los votantes optó por mantener el estatus de territorio británico de ultramar, con una participación del 92%.

Fuente original: MercoPress Internacional.