Tensiones en la navegación entre Chile y las Malvinas: un desafío diplomático

Un decreto polémico

En 2010, durante la presidencia de Cristina Fernández, Argentina promulgó el Decreto 256, que exige autorización para cualquier embarcación que desee transitar por aguas jurisdiccionales argentinas hacia o desde los puertos de las Islas Malvinas, las Georgias y las Sandwich del Sur. Este decreto contradice los tratados firmados entre Chile y Argentina en 1881 y 1984, así como el principio del "paso inocente" establecido por la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar. La respuesta chilena ha sido moderada, con la Cancillería evitando defender a los nacionales afectados por la aplicación de esta normativa, a pesar de la fuerte oposición que genera en la región de Magallanes.

La situación se ha agravado en el ámbito comercial. En abril de 2016, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, Argentina impuso una multa de aproximadamente 700 mil dólares a la pesquera chilena EMDEPES por operar en las cercanías de las Malvinas sin la autorización correspondiente. A pesar de que la multa fue abonada, la Cancillería chilena optó por no intervenir, argumentando que se trataba de un asunto administrativo relacionado con una empresa chilena en el extranjero, ignorando que la embarcación multada navegaba bajo bandera chilena.

Un futuro incierto

En 2024, el remolcador chileno Beagle, que partió de las Falklands, fue detenido por un buque de la Prefectura Naval Argentina y multado, en aplicación del Decreto 256. La reacción del gobierno del presidente Gabriel Boric fue limitada, señalando que había "conversaciones en curso" y expresando "preocupación". El Canciller Van Klaveren, en un comentario desafortunado, minimizó la situación al describirla como un "problema entre un armador privado y el Estado Argentino", lo que plantea interrogantes sobre la responsabilidad del Estado chileno en la protección de sus embarcaciones.

La respuesta tibia de Chile ante estos incidentes ha llevado a Argentina a interpretar el respaldo chileno a sus aspiraciones sobre las Malvinas como una aceptación de sus intereses, en detrimento de los propios. Con un cambio de postura en el actual gobierno, se espera que la próxima navegación de un buque chileno entre Punta Arenas y Puerto Stanley sea un punto crítico que definirá la relación bilateral y la defensa de los derechos chilenos en la región.

Fuente original: MercoPress Economía.