Quiebra de Algodonera Avellaneda: deudas millonarias y riesgo de despidos

La quiebra de Algodonera Avellaneda fue decretada por la Justicia de Santa Fe tras el fracaso de las negociaciones para reestructurar sus deudas y la falta de interesados en el proceso de salvataje que intentaba evitar la liquidación de la empresa. La decisión judicial marca un nuevo capítulo para la compañía, cuya planta principal se ubica en Reconquista, Santa Fe, y que también posee dos instalaciones dedicadas al desmote de algodón en las provincias de Chaco y Santiago del Estero. A pesar de la declaración de quiebra, la Justicia no ordenó el cierre inmediato de las instalaciones, y se está evaluando la posibilidad de que sigan operando de manera transitoria mientras se busca una alternativa para la venta de la empresa o de sus unidades productivas.

La resolución fue tomada por el juez Fabián Lorenzini, quien actuó después de que Algodonera Avellaneda agotara todas las instancias para llegar a un acuerdo con sus acreedores. La empresa había estado en concurso preventivo desde 2024 y, durante este tiempo, intentó conseguir las mayorías necesarias para aprobar una propuesta de reestructuración de sus deudas. Sin embargo, el Banco Nación, que concentra más del 80% del pasivo verificado de la compañía, rechazó las ofertas de pago, considerándolas insuficientes. La entidad financiera reclama un total de USD 260.791.600,40 y $1.585.782.428,89, según los montos consignados en el expediente judicial.

Una parte significativa de los compromisos financieros de Algodonera Avellaneda se originó en las garantías que la empresa otorgó a Vicentin, la agroexportadora vinculada a miembros de la misma familia. El proceso judicial atravesó diversas etapas antes de culminar en la declaración de quiebra, durante las cuales la empresa intentó negociar con sus acreedores para lograr los consensos necesarios que le permitieran homologar un acuerdo y así evitar la liquidación de sus activos. La situación actual pone en riesgo no solo la continuidad de la empresa, sino también el futuro laboral de sus aproximadamente 350 trabajadores, quienes ahora enfrentan la incertidumbre sobre su estabilidad laboral.

El juez Lorenzini otorgó múltiples oportunidades a la compañía para que pudiera avanzar en sus negociaciones. En diciembre de 2025, se le concedió una extensión del período de exclusividad y, en febrero de 2026, se volvió a ampliar los plazos, aunque esta vez por un período más corto del que había solicitado la firma.

En julio, se habilitó una instancia extraordinaria con el objetivo de intentar reunir las mayorías requeridas por la legislación concursal. Sin embargo, las negociaciones no lograron alcanzar un acuerdo satisfactorio. Uno de los principales puntos de conflicto surgió de la participación del banco estatal en la votación. Algodonera Avellaneda solicitó que esta entidad fuera excluida del cómputo de las mayorías, argumentando que actuaba como un acreedor hostil. No obstante, el tribunal desestimó esta solicitud el 14 de septiembre, considerando improcedente la exclusión. Como resultado, la compañía se encontró sin opciones para avanzar con su propuesta original de reestructuración.

La última alternativa disponible fue la apertura del procedimiento de salvataje, conocido como cramdown, que permite a terceros interesados, acreedores o cooperativas de trabajadores presentarse para adquirir las acciones de una sociedad y formular una nueva propuesta de acuerdo. El registro de interesados estuvo abierto entre el 14 de septiembre y el 5 de octubre, pero ninguna empresa, acreedor ni cooperativa se inscribió para intentar el rescate de Algodonera Avellaneda. Ante la falta de oferentes y la imposibilidad de alcanzar las mayorías legales, Lorenzini decidió declarar la quiebra indirecta de la sociedad.

El magistrado consideró que se habían agotado todas las alternativas previstas para evitar esa decisión y advirtió que una nueva extensión del procedimiento concursal podría agravar la situación patrimonial de la empresa.

Además de sus compromisos financieros con el Banco Nación, Algodonera Avellaneda enfrenta un considerable volumen de obligaciones que se han acumulado durante el propio proceso concursal. Según la información presentada en el expediente, la sindicatura registró un pasivo posconcursal de $6.818.717.040,87, correspondiente a obligaciones acumuladas durante 2025 y 2026. Este monto incluye deudas por servicios de energía eléctrica, obligaciones impositivas y compromisos laborales, entre otros conceptos relacionados con el funcionamiento de la compañía.

La acumulación de deudas se produjo mientras la empresa intentaba mantener sus operaciones y negociar un acuerdo con sus acreedores. Las dificultades financieras han restringido su capacidad para cubrir los gastos corrientes y asegurar el funcionamiento habitual de sus instalaciones.

Qué pasará con los trabajadores y las plantas industriales

Uno de los principales interrogantes que ha surgido a raíz de la quiebra es el futuro de los aproximadamente 350 a 360 empleados de Algodonera Avellaneda, quienes han enfrentado meses de dificultades para recibir sus salarios. La compañía posee una planta de hilandería en Reconquista, que se considera su principal activo industrial, así como dos desmotadoras de algodón ubicadas en General Pinedo, Chaco, y Banderas, Santiago del Estero.

La planta de Reconquista opera aproximadamente al 60% de su capacidad, realizando trabajos a fasón. A través de esta modalidad, la empresa lleva a cabo tareas industriales para terceros, lo que le permite generar ingresos que se destinan, entre otras obligaciones, al pago de los salarios de sus empleados.

La declaración de quiebra no conlleva, por el momento, el cierre automático de los establecimientos. El juez ha instruido a la sindicatura para que evalúe la conveniencia de mantener temporalmente la explotación de la empresa.

El objetivo de esta alternativa es preservar el valor de los activos industriales y facilitar una posible venta de la compañía en funcionamiento, en lugar de proceder directamente con la comercialización individual de sus bienes. La continuidad de las operaciones también podría ayudar a conservar algunos puestos de trabajo durante el proceso de liquidación, aunque esta posibilidad dependerá de la evaluación económica y de las condiciones legales pertinentes.

Para avanzar en esta dirección, los síndicos deberán presentar un plan operativo que detalle los ingresos y gastos previstos, la cantidad de trabajadores necesarios para mantener la actividad y los mecanismos de control de los fondos generados.

La Justicia deberá determinar si mantener las instalaciones en funcionamiento representa una opción viable frente a la venta individual de los activos. Entre las alternativas consideradas se incluye la venta de Algodonera Avellaneda como empresa en funcionamiento, así como la transferencia de unidades de negocio que puedan seguir operando de manera independiente.

La posible continuidad de las operaciones de Algodonera Avellaneda tendría un carácter transitorio, ya que estaría relacionada con el desarrollo del proceso de liquidación judicial que enfrenta la empresa. Esta situación se produce en un contexto de crisis que afecta a la industria algodonera y que ha llevado a la compañía a declararse en quiebra, dejando en riesgo la estabilidad laboral de 350 empleados.

Las medidas judiciales y la próxima audiencia

La sentencia emitida por el tribunal también estableció una serie de medidas que afectan tanto a los bienes de Algodonera Avellaneda como a sus autoridades. Con la declaración de quiebra, la empresa perdió el control sobre la administración de su patrimonio, que ahora está bajo la supervisión de la sindicatura designada en el expediente judicial. Esta decisión busca asegurar que los activos de la compañía sean gestionados de manera adecuada durante el proceso de liquidación.

El tribunal ordenó la incautación de todos los bienes, instalaciones, establecimientos industriales y documentación de la compañía, permitiendo así que los síndicos tomen posesión y avancen en las tareas correspondientes a esta nueva etapa judicial. Esta medida es fundamental para garantizar que los activos de la empresa sean preservados y administrados correctamente mientras se resuelve la situación financiera.

Además, la resolución incluyó la inhabilitación de la sociedad y de los miembros de su directorio, quienes ahora enfrentan restricciones que les impiden ejercer funciones de administración en otras empresas durante el transcurso del proceso. Esta inhabilitación es un paso importante para evitar posibles conflictos de interés y asegurar que la liquidación se lleve a cabo de manera transparente.

También se determinó que los administradores no podrán salir del país sin contar con autorización judicial, una medida que busca asegurar su disponibilidad ante cualquier requerimiento que pueda surgir durante el proceso de liquidación. Esta restricción es clave para mantener el control sobre la situación y garantizar que los responsables estén disponibles para responder a las necesidades del proceso.

En un contexto paralelo, el juez ha convocado a una audiencia programada para el próximo 22 de octubre, en la que participarán acreedores, trabajadores, prestadores de servicios a fasón y otros interesados que tengan relación con la actividad de la empresa. Esta audiencia se presenta como una oportunidad para que todas las partes involucradas expongan sus inquietudes y propuestas.

Durante esta reunión se discutirán temas relacionados con la posible continuidad de la producción, las condiciones necesarias para mantener el funcionamiento de las instalaciones y las alternativas disponibles para avanzar con la venta de los activos de la compañía. La participación activa de los acreedores y trabajadores será crucial para definir el futuro de Algodonera Avellaneda en este difícil contexto.

La canasta de servicios que incluye luz, gas, agua y transporte para un hogar sin subsidios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró un aumento del 46,3% hasta septiembre, en comparación con el incremento del 23,6% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) general. La disminución de subsidios y el objetivo del gobierno de aumentar la cobertura de costos sugieren que esta diferencia podría mantenerse en el tiempo.

En cuanto al mercado cambiario, el dólar al público se mantiene a $1.535 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue se ofrece a $1.550. Ayer, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) adquirió USD 101 millones en el mercado.

Además, el dinero que llega desde el exterior es utilizado para cubrir gastos de alquiler, medicamentos, alimentos y útiles escolares, lo que permite a quienes lo reciben en Argentina cada mes no depender de su capacidad futura de pago.

Fuente original: Infobae Economía.