El Gobierno argentino clasifica como secreto militar la compra de nuevo equipamiento para las Fuerzas Armadas

El Gobierno argentino ha publicado el Decreto 1205/2026 en el Boletín Oficial, que establece que la compra de nuevo equipamiento para las Fuerzas Armadas será considerada como secreto militar. Este decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, protege bajo reserva absoluta todos los detalles de la operación, incluyendo el tipo de material adquirido, su costo, el proveedor y la fuerza destinataria, lo que impide su divulgación al público.

Esta decisión se produce en un contexto de creciente tensión diplomática entre Argentina y el Reino Unido en relación con la soberanía de las Islas Malvinas. En las últimas semanas, el presidente Milei ha implementado sanciones contra empresas petroleras que operan en el archipiélago sin la autorización del país, ha presentado denuncias penales contra varias de estas compañías, ha iniciado un procedimiento de arbitraje ante la ONU bajo la Convención sobre el Derecho del Mar para detener el proyecto de extracción de crudo Sea Lion, y ha ordenado la construcción de una base naval en Tierra del Fuego. En respuesta, Londres convocó a la embajadora argentina para entregarle una nota de protesta, y el primer ministro Andy Burnham advirtió en el Parlamento que su país será "implacable" en la defensa de los derechos de los isleños.

El decreto en cuestión se fundamenta en la Ley de Defensa Nacional (23.554), la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas (24.948) y el Decreto 9390/63, que establece que se considera "secreto militar" cualquier adquisición, fabricación o construcción que sea fundamental para la preparación y el empleo de las Fuerzas Armadas. Al activar esta clasificación, los organismos encargados de las contrataciones quedan exentos de las disposiciones de publicidad y difusión que normalmente rigen las compras del Estado.

Esta medida no es un hecho aislado. Desde que asumió el nuevo Gobierno, se han emitido al menos cuatro decretos de este tipo. Los tres anteriores —los decretos 370/24, 807/24 y 1073/24— estaban relacionados con la incorporación de los aviones de combate F-16 Fighting Falcon adquiridos a Dinamarca, abarcando la operación de compra, la construcción de la infraestructura necesaria y los contratos complementarios gestionados a través del programa estadounidense Foreign Military Sales (FMS). Un cuarto decreto, el 735/26, clasificó la exportación temporal de material de esos aviones para tareas de mantenimiento y actualización.

El nuevo decreto, sin embargo, se tramita bajo un expediente distinto (EX-2026-97868854-APN-SSGA#MD) y no incluye ninguna mención a los F-16 ni a la Fuerza Aérea. La Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Defensa ha sido designada como la entidad encargada de llevar a cabo los actos necesarios para concretar la operación.

Modernización y reequipamiento

Este decreto se emite en el contexto de la mayor renovación militar que ha experimentado Argentina en varias décadas. Un análisis realizado por la Unidad de Datos de Infobae, basado en registros del Sistema de Contrataciones Electrónicas y en acuerdos bilaterales, indica que desde diciembre de 2023 hasta agosto pasado, el Estado ha destinado un total de USD 445.026.954 a la adquisición de armamento, equipos militares y de seguridad. Esta cifra ya supera el gasto total en este rubro durante la gestión de Alberto Fernández, que fue de USD 428,7 millones, y multiplica por seis el gasto de Mauricio Macri, que alcanzó los USD 72 millones, a pesar de que Javier Milei aún no ha completado tres años de mandato.

De este total, USD 381,4 millones fueron asignados a las Fuerzas Armadas, mientras que los USD 63,7 millones restantes se destinaron al área de Seguridad. La mayor parte de las compras se concentró en el año 2024, con un total de USD 357,8 millones, mientras que en 2025 el monto se redujo a USD 59,4 millones y en los primeros siete meses de 2026 se alcanzaron los USD 27,8 millones.

La adquisición más destacada fue la de 24 aviones de combate F-16 —16 monoplazas y 8 biplazas— que se acordó con Dinamarca en abril de 2024 por un total de USD 301,2 millones, a ser pagaderos en cinco cuotas anuales. Los primeros seis aviones llegaron al país el 5 de diciembre de 2025 y fueron presentados en el Área Material Río Cuarto, en Córdoba, con la presencia del presidente en el acto. Una segunda entrega de seis unidades arribó en septiembre de 2026, y la Fuerza Aérea estima que los 12 restantes podrían incorporarse antes de diciembre de 2027.

Esta operación tuvo como objetivo recomponer una capacidad aérea de combate que Argentina había perdido en 2015, cuando se retiraron los últimos Mirage del servicio activo. La gestión fue llevada a cabo por el entonces ministro Luis Petri y marcó un hito en la política de defensa del gobierno libertario.

El proceso de reequipamiento de las Fuerzas Armadas argentinas abarca diversas áreas, no limitándose únicamente a la aviación. En este sentido, el Ejército ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos para la adquisición de 8 vehículos blindados Stryker 8x8, con un costo total de 20 millones de dólares. Además, se contempla la posibilidad de expandir la flota hasta un total de 235 unidades en diferentes configuraciones, que incluyen transporte de infantería, evacuación médica, comando y apoyo de fuego. Se ha realizado una inspección de una primera partida de 50 vehículos en Texas, y se prevé que su llegada al país se concrete antes de finalizar el año.

En paralelo a estas adquisiciones, el Ministerio de Defensa formalizó en marzo de 2026 un acuerdo para la incorporación de helicópteros UH-60L Black Hawk, que también provendrán de reservas estadounidenses. Este programa contempla la adquisición de hasta 20 aeronaves, con un presupuesto máximo de 140 millones de dólares, gestionadas a través del sistema de Ventas Militares al Extranjero. Se anticipa que los primeros cuatro helicópteros lleguen antes de que finalice el año, con el objetivo de reemplazar a los antiguos AS332 Super Puma que actualmente utiliza el Batallón de Helicópteros de Asalto 601.

Por su parte, la Armada ha incorporado 4 aviones de patrulla marítima P-3 Orion, adquiridos a Noruega por un total de 60 millones de dólares. Estos aviones están destinados al control del Atlántico Sur y de la zona económica exclusiva argentina. Además, se han sumado 6 helicópteros Bell 407GXi, comprados a Canadá mediante un contrato de gobierno a gobierno, por un monto de 32,4 millones de dólares, y 48 camiones Unimog U4000, adquiridos por 8,16 millones de dólares, que serán utilizados para mejorar la logística terrestre del Ejército.

En cuanto a los planes futuros, el proyecto de Presupuesto 2027, que fue enviado al Congreso en septiembre, incluye una autorización para la toma de deuda por un total de 2.300 millones de dólares, destinados a la adquisición de tres submarinos convencionales. Asimismo, se prevé un presupuesto adicional de 1.200 millones de dólares para la compra de dos fragatas multimisión. Estas unidades estarían destinadas a operar desde la Base Naval Mar del Plata y la Base Naval Puerto Belgrano, respectivamente.

La Armada ya ha evaluado las propuestas de dos fabricantes europeos para la construcción de los submarinos: la francesa Naval Group, que ofrece el submarino Scorpène Evolved, de 72 metros de eslora, 2.000 toneladas de desplazamiento y una autonomía de hasta 80 días; y la alemana ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), que presenta el Type 209NG, de 63 metros y 1.590 toneladas. Según lo indicado por el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Marcelo Dalle Nogare, ambos países han ofrecido financiar la totalidad de la operación, que podría superar los 3.000 millones de euros.

La responsabilidad de la decisión ahora recae en el presidente Javier Milei. La posible firma de un contrato representaría la recuperación de la capacidad submarina que Argentina perdió tras el hundimiento del submarino ARA San Juan en noviembre de 2017, un trágico suceso que resultó en la muerte de sus 44 tripulantes. No obstante, la inclusión de los fondos en el Presupuesto no implica que el contrato esté cerrado; su realización dependerá de la aprobación legislativa y de los términos de financiamiento que se negocien con los proveedores.

En el ámbito judicial, el juez Fabián Asís, quien cuenta con más de tres décadas de experiencia en el Poder Judicial, se pronunció sobre los desafíos que enfrenta la Justicia para recuperar la confianza de la sociedad. En una entrevista, Asís destacó la importancia de que los magistrados mantengan un contacto cercano con la gente y abordó las demoras en los procesos judiciales, así como la representación del interior y el equilibrio de poder entre jueces y fiscales a raíz de la implementación del sistema acusatorio.

En el ámbito político, la interna del peronismo se agita con la reciente reunión entre la expresidenta Cristina Kirchner y el ministro de Economía, Sergio Massa. A pesar de su silencio público en los últimos meses, Kirchner ha estado activa en sus contactos con dirigentes del Partido Justicialista. Se discutieron diversas temáticas en el encuentro en San José 1111, incluyendo las diferencias sobre el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la disputa con mandatarios que se alinean con Milei. Este contexto se enmarca en la batalla por las elecciones primarias, abiertas y simultáneas (PASO).

Por otro lado, el Gobierno ha lanzado un nuevo plan de retiro voluntario dirigido a 20 mil trabajadores estatales. Esta convocatoria excluye a personal de seguridad, del Servicio Nacional del Manejo del Fuego y de las Fuerzas Armadas, y prevé pagos de hasta 20 sueldos para quienes decidan acogerse a esta opción.

En el Senado, aliados del oficialismo buscan posponer la definición sobre el manejo de la estratégica comisión de Acuerdos hasta 2027. Esta comisión es clave, ya que se encarga de revisar todos los pliegos judiciales, así como los ascensos diplomáticos y militares. Tras el fallecimiento del libertario Juan Carlos Pagotto, han surgido insistentes llamados desde el oficialismo que han generado desagrado entre los dialoguistas. Se sugiere que el actual vicepresidente de la comisión, Maximiliano Abad (UCR), asuma la presidencia de manera temporal durante un par de meses.

Durante la gestión de Milei, se han invertido 445 millones de dólares en insumos destinados a armamentos, equipos militares y de seguridad. Infobae ha llevado a cabo un análisis de las adjudicaciones y compras realizadas a través del Sistema de Contrataciones Electrónicas del Estado nacional, específicamente en el área de Defensa y Seguridad.

Fuente original: Infobae Política.