La Federación de Educadores Bonaerenses anuncia un paro de 48 horas tras rechazar la oferta salarial del gobierno provincial

La FEB, un gremio docente de la provincia de Buenos Aires, comunicó que llevará a cabo un paro de 48 horas después de rechazar la mejora salarial presentada por el gobierno provincial. Esta decisión se tomó en el Congreso Extraordinario realizado el martes, donde se discutió la oferta del Ejecutivo. A diferencia de otros sindicatos, como SUTEBA, que aceptaron la propuesta, la FEB se mantuvo firme en su postura.

La presidenta del gremio, Liliana Olivera, justificó la medida de fuerza al señalar que “una oferta salarial que de ninguna manera alcanza para comenzar a recomponer los salarios del sector”. Además, Olivera expresó que “veníamos advirtiendo sobre la necesidad de no dilatar los tiempos de convocatoria y, fundamentalmente, de presentar una propuesta que logre una verdadera recomposición salarial, teniendo en cuenta que el último incremento se cobró en agosto”. Esta crítica se dirige al gobierno provincial, al que la federación acusa de demoras en la apertura de las negociaciones paritarias y de ofrecer una propuesta insuficiente frente a la pérdida acumulada en los salarios del sector.

La oferta presentada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires el pasado viernes incluía un aumento del 6% distribuido en dos tramos. Sin embargo, esta cifra no logró convencer a los congresales de la FEB, quienes, tras consultar con las bases de los distintos distritos, llevaron al Congreso Extraordinario un rechazo generalizado. Para el gremio, el porcentaje propuesto no compensa la pérdida de poder adquisitivo que arrastra el salario docente desde la última actualización recibida hace dos meses.

“Los congresales reclamaron hoy también sobre una constante sobrecarga de tareas, que se manifiesta en condiciones laborales cada vez peores”, indicó Olivera. La presidenta del gremio describió un contexto en el que los educadores asumen funciones que van más allá de sus responsabilidades pedagógicas, una situación que, según la federación, se ha agravado en los últimos ciclos lectivos sin que la administración provincial haya ofrecido respuestas concretas.

A esa solicitud se sumaron demandas dirigidas al gobierno nacional. La presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) destacó que “le estamos solicitando al gobierno nacional la restitución del FONID, mayor presupuesto para Educación, y la defensa de los fondos del IPS y del IOMA, que es un reclamo sostenido por FEB en los últimos años”.

La decisión de la FEB acentúa las discrepancias dentro del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), la agrupación que reúne a los principales sindicatos del sector en la provincia. Mientras que el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) aceptaron la propuesta del gobernador Axel Kicillof, la federación decidió rechazarla y convocar a una medida de fuerza.

Un elemento clave en esta decisión fue la presión ejercida por las bases sobre la conducción del sindicato. Un día antes de la resolución, la titular de la FEB, Mirta Petrocini, había anticipado que la decisión final recaería en los afiliados: “Como siempre, serán las bases quienes decidan si aceptan o no el porcentaje de aumento presentado por el gobierno provincial”. El descontento generalizado entre los docentes fue determinante tanto para el rechazo a la oferta oficial como para la convocatoria al paro de 48 horas.

Esta nueva medida de fuerza se produce apenas días después de otra jornada de protesta que tuvo lugar el 15 de octubre, cuando los sindicatos del FUDB llevaron a cabo un paro de 24 horas que coincidió con una jornada nacional de reclamos educativos y la quinta Marcha Federal Universitaria. En esa ocasión, el Ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Pettovello, implementó un operativo de fiscalización en escuelas de la provincia. El relevamiento realizado detectó 61 establecimientos cerrados de un total de 128 actas labradas, con un ausentismo del 83,1% por establecimiento y 20 casos en los que se impidió el ingreso de los inspectores. El ministerio justificó su intervención en base a la Ley de Modernización Laboral (Ley 27.802), que considera a la educación como un servicio esencial y establece que durante una huelga debe garantizarse al menos el 75% de la prestación habitual. Tras estos resultados, el Gobierno nacional anunció que iniciaría un proceso sancionatorio contra los sindicatos involucrados.

Brasil respondió a los comentarios despectivos realizados por Javier Milei hacia Luiz Inácio Lula da Silva en la plataforma X. El Presidente argentino había criticado a su homólogo brasileño, expresando su preocupación de que “su último truco de campaña sucia no sea robarse la elección”. En respuesta, la cancillería brasileña emitió un comunicado donde calificó de inaceptable las declaraciones de Milei, señalando que estas constituyen una “declaración antidemocrática y desequilibrada”.

En otro ámbito, se produjo un nuevo altercado en una comisión de la Cámara de Diputados, donde casi se enfrentaron físicamente un legislador libertario y un peronista. Durante el debate sobre el presupuesto destinado a Educación, Andrés Leone y Carlos Castagnetto protagonizaron un intenso cruce verbal. Afortunadamente, sus compañeros de bancada intervinieron para calmar la situación y evitar que el conflicto escalara.

En el contexto del conflicto que enfrenta a los Metrodelegados y el gobierno de Jorge Macri, se ha generado una situación complicada que mezcla la lógica electoral con el debate sobre las huelgas. Este diferendo laboral se intensificó con la detención de tres dirigentes del sindicato de subtes, lo que ha llevado a que se especule sobre motivaciones ocultas detrás de la disputa. La resolución de este conflicto se presenta como un test decisivo para la administración actual.

La reciente suba del Riesgo País ha exacerbado las tensiones internas dentro del Gobierno, aumentando la presión para suspender las PASO. En Casa Rosada, las interpretaciones sobre los factores que están detrás del incremento de este indicador económico son diversas. Una parte del gabinete busca acelerar los acuerdos políticos con la oposición para avanzar en la aprobación de la Reforma Política, mientras que los operadores libertarios manejan cifras que podrían influir en la situación.

La tensión también se hizo presente en la Cámara de Diputados, donde el secretario de Educación, Torrendell, cuestionó a los rectores de las universidades y Alejandro Álvarez denunció que la “oposición llama a la insurrección contra la República”. A solo cinco días de la marcha universitaria, Torrendell defendió el Presupuesto 2027 ante los legisladores, criticando la creación de nuevas Altas Casas de estudio. En este contexto, el subsecretario de políticas universitarias acusó a algunos diputados de incitar a los estudiantes universitarios a “tirar piedras y tomar edificios”.

Fuente original: Infobae Política.