Singapur ratifica la ejecución del laudo de NextEra contra España por 290 millones

El Tribunal de Apelación de la República de Singapur ha emitido una sentencia que desestima por completo la apelación presentada por España en relación con el laudo arbitral a favor de NextEra, una empresa estadounidense que realizó una inversión aproximada de 750 millones de euros en plantas termosolares. Esta resolución, dictada el lunes 19 de octubre, confirma la decisión previa de la Justicia de Singapur y establece que la decisión de acudir a arbitraje implica renunciar a la inmunidad soberana, lo que allana el camino para el embargo de activos españoles en el país asiático. Así, se agotan las vías legales del Estado español para evitar el cumplimiento de este laudo, que es el mayor derivado de la retirada de las primas a las energías renovables.

La sentencia cierra de manera definitiva las opciones legales de España en esta jurisdicción, en el contexto de un laudo que se originó en el arbitraje del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), bajo el Tratado sobre la Carta de la Energía. Este proceso concluyó en mayo de 2019, resultando en una condena de 290,6 millones de euros contra el Estado español debido a los recortes retroactivos en las subvenciones a las energías renovables. En enero de 2024, NextEra había obtenido una orden judicial que le permitía registrar el laudo como si fuera una sentencia firme de los tribunales de Singapur, una medida que España intentó revocar alegando inmunidad soberana, pero que ha sido desestimada por el tribunal.

Un aspecto clave del fallo se centra en la interpretación de la inmunidad estatal en relación con el reconocimiento y registro de laudos internacionales. El Tribunal de Apelación ha establecido que la adhesión voluntaria de un Estado al Convenio Ciadi se considera un acuerdo previo por escrito, según el artículo 4 de la Ley de Inmunidad de Estado de Singapur (State Immunity Act, SIA). Esto implica una sumisión clara a la jurisdicción de tribunales extranjeros para el reconocimiento y registro de laudos. Además, el tribunal subrayó que la obligación de reconocer y ejecutar laudos bajo el Convenio Ciadi es de carácter recíproco: un Estado no puede exigir la ejecución de laudos favorables en otros países mientras invoca inmunidad soberana cuando se encuentra en una posición condenada. Esta conclusión refuerza la posición de NextEra y complica aún más la situación legal de España en este caso.

El tribunal de Singapur, al respaldar esta argumentación, alinea su jurisprudencia con las decisiones del Tribunal Supremo del Reino Unido y del Tribunal Supremo de Australia. Esto garantiza una interpretación coherente del Convenio Ciadi, con el objetivo de evitar la disfuncionalidad en el sistema de ejecución internacional, lo que resulta crucial para la confianza en los mecanismos de arbitraje internacional.

La confirmación del registro permite a NextEra iniciar procedimientos de ejecución forzosa y solicitar el embargo de bienes y activos del Estado español que se encuentren en Singapur. Además, la justicia de Singapur desestimó la solicitud de España para anular el registro bajo el argumento de "interés de la justicia", indicando que aceptar dicha petición colocaría a Singapur en una situación de incumplimiento directo de sus obligaciones internacionales, lo que podría tener repercusiones en su reputación como centro de arbitraje.

El laudo otorgado a NextEra representa el más alto monto de todos los laudos emitidos hasta la fecha por el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), que es el organismo de arbitraje del Banco Mundial. Este laudo fue resultado de las demandas de inversores que se vieron afectados por la eliminación de subvenciones a proyectos de energías renovables. El laudo fue emitido en 2019, y el Ciadi desestimó la solicitud de anulación presentada por España en 2022, lo que subraya la solidez del fallo a favor de NextEra.

En su esfuerzo por lograr la ejecución del laudo, NextEra ha iniciado procedimientos judiciales en varios países. En los últimos meses, ha conseguido resoluciones favorables de tribunales en Estados Unidos y Australia, a las que ahora se suma la decisión del Tribunal de Apelación de Singapur, que se alinea con esta tendencia, lo que refuerza la posición de NextEra en su búsqueda de compensación.

Esta sentencia incrementa la presión sobre España, cuya carga relacionada con el sector de las energías renovables ya supera los 2.000 millones de euros, considerando tanto el monto reconocido por los laudos como los intereses de demora y las condenas en costas. Esta situación plantea un desafío significativo para el gobierno español en el manejo de sus obligaciones financieras en el ámbito de las energías renovables.

Fuente original: Expansión (España).