Crisis en la obra social militar: ajustes y deudas marcan la gestión de Gonzalo Secchi

La reestructuración de la obra social de las Fuerzas Armadas no logró estabilizarse a pesar de los cambios en la conducción. El exdirector, Guzmán, dejó su puesto en septiembre y fue sucedido por Gonzalo Secchi, quien fue nombrado por el ministro de Defensa, Carlos Presti. La nueva dirección se encuentra ante una situación crítica, con la obra social en proceso de liquidación, enfrentando deudas significativas, reclamos de prestadores y un aumento en los conflictos laborales.

Jorge Taiana, exministro de Defensa, señala que una de las causas de esta crisis radica en el deterioro de los salarios de los militares. Según los datos que analizó, la remuneración de los integrantes de las Fuerzas Armadas ha perdido más del 70% de su valor real en los últimos años. Este descenso en los salarios tiene un efecto directo sobre la obra social, ya que con ingresos más bajos también disminuyen los aportes que financian las prestaciones. Taiana argumenta que durante su gestión, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) había logrado un superávit equivalente a aproximadamente dos meses y medio de prestaciones.

El diagnóstico de Taiana sobre la situación actual es completamente diferente. Asegura que la deuda acumulada por la obra social supera los $210.000 millones, a lo que se suma un préstamo de $40.000 millones del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares. Además, Taiana critica la estrategia del Gobierno para abordar el déficit, argumentando que se intenta que las Fuerzas Armadas cubran el déficit a través de la venta o transferencia de activos, como hoteles, farmacias y terrenos. “Se están descapitalizando”, sintetizó Taiana, quien recordó que durante la administración de Mauricio Macri se vendieron terrenos de las Fuerzas Armadas en Córdoba, advirtiendo sobre el riesgo de repetir esta estrategia para solucionar una crisis financiera a corto plazo.

La problemática va más allá de la obra social en sí. Para Taiana, esta situación es parte de un proceso más amplio que afecta las capacidades militares, donde los salarios han perdido poder adquisitivo y la estructura patrimonial se ve forzada a buscar recursos para cubrir gastos corrientes. En este contexto, el ajuste más reciente incluyó el cierre de 31 farmacias propias del IOSFA. La resolución emitida el 14 de octubre determinó el cierre definitivo de estos establecimientos y la baja de las habilitaciones sanitarias, que se encontraban distribuidos en diversas ciudades del país.

La OSFA indica que su red propia presenta un déficit que supera los $7000 millones. Esta situación ha suscitado un nuevo interrogante: cómo podrán acceder a los medicamentos los afiliados que dependían de esas farmacias y qué sucederá con el personal que allí trabaja.

Una posible solución sería recurrir a una red tercerizada. Sin embargo, los prestadores privados tienen reclamos de pago pendientes con el sistema, y, según fuentes del sector, hay farmacias que han dejado de atender a los afiliados debido a las deudas acumuladas. Esta problemática exige una respuesta oficial que aclare cómo se garantizará la cobertura durante el período de transición.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) advierte que la reducción de la estructura tendrá un impacto aún mayor. El gremio denuncia que la plantilla de trabajadores se reducirá de aproximadamente 2450 a 1000 a partir de febrero de 2027. También critica el traspaso de hoteles y centros recreativos, la disminución de delegaciones de 24 a 13, y el vencimiento de contratos que está previsto para el 30 de noviembre.

A las dificultades administrativas se suman las denuncias de afiliados y trabajadores sobre la suspensión de prestaciones. ATE afirma que se han demorado cirugías debido a la falta de insumos en el Hospital Militar Central y en Campo de Mayo, además de interrupciones en tratamientos oncológicos en diversas provincias.

Estas son denuncias gremiales que requieren respuestas oficiales y documentación que respalde cada caso. Sin embargo, el deterioro en la atención se ha convertido en uno de los principales puntos de conflicto entre los trabajadores y la cartera que dirige Presti.

ATE ha organizado una marcha en respuesta al ajuste. El conflicto laboral ya tiene fecha: el sindicato ha declarado el estado de alerta y asamblea permanente, y ha convocado a una movilización para el 29 de octubre. El gremio sostiene que la reducción de la estructura pone en riesgo más de 1450 puestos de trabajo y exige que se mantengan las funciones de la obra social.

Además, el sindicato cuestiona la decisión de recortar personal mientras persisten las obligaciones con los prestadores. Para los trabajadores, la reducción de la estructura no soluciona el problema financiero, sino que traslada sus costos a los afiliados y al personal.

Entre los sectores que se verán afectados se encuentran los trabajadores de Turismo Social, que suman un total de 576 personas vinculadas a 13 hoteles y tres centros recreativos. El Gobierno sostiene que estas unidades generaban un déficit que superaba los $2000 millones anuales, por lo que decidió devolver los inmuebles a las Fuerzas Armadas.

Esta decisión forma parte de un debate más amplio sobre el futuro de los activos del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) mientras se lleva a cabo su liquidación. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), se advierte que la reducción de servicios y de personal anticipa una obra social con un alcance menor. En contraste, el Gobierno argumenta que se trata de eliminar estructuras que generan pérdidas y de concentrar los recursos en la atención.

La crisis que atraviesa el IOSFA ha dado lugar a denuncias políticas y a pedidos de explicaciones sobre la gestión del organismo durante la administración de Luis Petri. La diputada Lourdes Arrieta ha denunciado al exministro por presunta administración fraudulenta, malversación, incumplimiento de deberes y abandono de persona. Asimismo, Victoria Villarruel y el exministro Agustín Rossi han coincidido en calificar su actuación como un supuesto desfalco.

El exministro debe rendir cuentas por las irregularidades que llevaron a la caída del sueldo de los uniformados y a la casi total paralización de la Obra Social que brinda atención a los militares y sus familias. Se le insta a que deje de preocuparse por su imagen en Twitter y se enfoque en resolver estos problemas.

Por el momento, se trata de acusaciones políticas y judiciales que no constituyen irregularidades probadas. Sin embargo, esta discusión añade presión sobre una administración que aún no ha aclarado cómo se generó la deuda y cómo se distribuirá el pasivo entre las nuevas entidades que asumirán responsabilidades.

También están bajo la lupa los antecedentes empresariales de Secchi, el administrador designado por Presti para llevar a cabo la liquidación. Fuentes del ámbito militar consultadas por Letra P han señalado que Secchi tiene vínculos societarios previos con personas relacionadas a empresas que aparecen como proveedoras del IOSFA.

Aunque la información disponible no permite atribuirle a Secchi una irregularidad concreta, plantea interrogantes sobre la transparencia que el Ministerio de Defensa debería aclarar, especialmente mientras el funcionario gestiona un organismo con deudas, contratos y activos que están en proceso de transferencia.

La cuenta regresiva para cerrar el IOSFA continúa, y la situación se torna cada vez más compleja.

La cronología revela que la reforma de la obra social militar aún no ha logrado completar su primera fase. El 1 de abril se comunicó que la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) estaba en funcionamiento. En mayo, se produjo un cambio en su dirección. En junio, se inició la operación de la obra social destinada a las fuerzas de seguridad. Para julio, la deuda acumulada alcanzaba aproximadamente los $213.900 millones.

En septiembre, la renuncia de Guzmán fue un punto de inflexión, mientras que ATE ocupó brevemente la sede de la obra social y Presti tomó medidas para establecer una nueva dirección. El 1 de octubre, el gobierno libertario anunció que la OSFA se encargaría de la atención y que comenzaría a saldar una deuda que superaba los $200.000 millones. Sin embargo, dos semanas después se produjo el cierre de las farmacias.

En este contexto, hay tres fechas clave que podrían intensificar el conflicto: el 29 de octubre, cuando ATE planea marchar en protesta contra el ajuste; el 30 de noviembre, fecha en la que vencen los contratos de los trabajadores; y el 4 de febrero de 2027, cuando debería finalizar la liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA).

El Gobierno intenta presentar esta reforma como una reorganización destinada a equilibrar las cuentas. No obstante, trabajadores y sectores opositores advierten que el proceso está resultando en una obra social más reducida, con menos prestaciones y sin una explicación clara sobre cómo se resolverá la deuda existente.

En medio de esta situación se encuentran los afiliados de las Fuerzas Armadas. Para las familias militares, una reforma que comenzó como un simple cambio administrativo se ha transformado en una discusión tangible sobre el acceso a medicamentos, la atención médica, la estabilidad laboral y el patrimonio que sustenta el sistema.

Fuente original: Letra P Política.