La informalidad laboral genera una pérdida de $3,3 billones anuales al sistema previsional argentino

Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, en un contexto de deterioro del mercado laboral, la proporción de trabajadores que efectúan contribuciones jubilatorias ha disminuido, pasando de un rango de entre 47,3% y 48,4% durante 2023 a un 45,2% en el primer trimestre de este año. Esta situación se traduce en una reducción significativa de los ingresos del sistema previsional, que ya enfrenta serias dificultades.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estimó que esta disminución en los aportes representa una merma anual de $3,3 billones en los recursos destinados a la previsión social, calculado a valores actuales. Este monto equivale al 5,3% de la recaudación por contribuciones patronales y aportes personales. De esta cifra total, se estima que $2 billones provienen de contribuciones patronales, mientras que $1,3 billones corresponden a aportes personales. En términos mensuales, la reducción promedio alcanza los $277.780 millones, con un pico de $454.093 millones en julio, influenciado por la liquidación del medio aguinaldo.

El CEPA advirtió que esta cifra representa una proyección máxima de la pérdida potencial y no una medición precisa de los recursos que efectivamente dejaron de ingresar al sistema. Esta estimación se basa en la suposición de que quienes pasan a la informalidad perciben un salario promedio similar al de los trabajadores registrados, a pesar de que en la práctica sus remuneraciones suelen ser más bajas.

Por otro lado, el Instituto de Desarrollo Social Argentino (Idesa) indicó que, tras el ajuste implementado por el actual Gobierno, el gasto público no destinado a la vejez se encuentra apenas un 5% por encima, en términos del Producto Bruto Interno (PBI), del promedio registrado en la década de los 80. En contraste, el gasto relacionado con la vejez ha aumentado un 73%.

La problemática estructural del sistema previsional argentino se centra en la insuficiente cantidad de trabajadores que realizan aportes, lo que dificulta el sostenimiento de jubilaciones y pensiones sin recurrir a otras fuentes de financiamiento. Un estudio comparativo realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) sobre Argentina, Brasil, México, Canadá, España y Suecia, posiciona a Argentina entre los países con la menor proporción de contribuyentes en relación a la población económicamente activa (PEA).

El indicador de informalidad laboral en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se sitúa en un 46,3%. Sin embargo, al incluir a los aportantes de las cajas provinciales no transferidas y a los profesionales, este porcentaje asciende a aproximadamente el 58%. En comparación, Brasil presenta un 60,9%, Canadá un 86,1%, España un 87,5% y Suecia un 91,5%. Por su parte, México es el país con el valor más bajo, alcanzando un 42,5%.

El informe indica que esta diferencia se relaciona principalmente con la informalidad laboral. En Argentina, el 43% de la población ocupada trabaja “en negro”, mientras que en países como Canadá, España y Suecia, este fenómeno tiene una incidencia marginal. Además, se señala que la cantidad de personas que realizan aportes no es un reflejo suficiente de la capacidad de financiamiento del sistema, ya que los trabajadores independientes tienden a contribuir menos que los empleados formales.

En este contexto, se resalta el caso del monotributo. En la categoría más común, el componente previsional representa, en promedio, solo el 3,65% del ingreso del contribuyente. Esto contrasta con el aporte que realiza un empleado en relación de dependencia, que oscila entre el 21,77% y el 23,35% de su remuneración bruta.

La fragilidad del sistema también se manifiesta en las cuentas previsionales. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el sistema argentino muestra un resultado positivo equivalente al 0,03% del Producto Bruto Interno (PBI) al incluir los impuestos destinados específicamente a su financiamiento. No obstante, si se consideran únicamente los aportes y contribuciones, se observa un déficit del 0,72% del PBI.

El documento aclara que la dependencia de tributos relacionados con el consumo y las transacciones bancarias pone en riesgo los recursos previsionales ante las fluctuaciones de la actividad económica. A largo plazo, la discrepancia entre los recursos disponibles y las necesidades de financiamiento representa otro desafío. Actualmente, la tasa de cotización vigente —que es el porcentaje del salario destinado a financiar el sistema previsional— se sitúa en el 22,2%, pero debería incrementarse al 46,1% para equilibrar las cuentas bajo las normativas actuales.

Según el informe, esta diferencia, que es la mayor entre los países analizados, pone de manifiesto las limitaciones de intentar solucionar el desequilibrio únicamente mediante un aumento de las cargas laborales. La OPC también advierte que la presión demográfica aumentará en las próximas décadas, proyectando que la cantidad de personas de 65 años o más por cada 100 en edad activa pasará de 18,8 en la actualidad a entre 30 y 32 para el año 2050.

Este cambio representa un reto adicional para un sistema que ya enfrenta dificultades para ampliar la base de aportantes y financiar las prestaciones con recursos provenientes de contribuciones. La situación se complica aún más al considerar la informalidad laboral, que impacta negativamente en la sostenibilidad del sistema previsional.

En cuanto a temas relacionados, se destaca que, a pesar de la presencia del “gusano cogollero” y la “chicharrita”, Argentina ha logrado posicionarse como un actor dominante en el mercado mundial de maíz. Las perspectivas de cosecha, el ritmo comercial y los problemas de oferta de otros productores han situado al país entre los proveedores más competitivos a nivel global. Esto ocurre en un contexto donde la producción local enfrenta una nueva presión sanitaria, al tiempo que se monitorea otra que causó estragos en el ciclo 2023/24. Además, es importante señalar que países como Estados Unidos y Brasil están exportando menos debido a que están procesando más su producción.

En otro ámbito, la industria volvió a experimentar una caída en septiembre y continúa en terreno negativo en 2026, según estimaciones de fuentes privadas. Los informes coinciden en que el sector no logró consolidar la mejora observada en agosto, aunque difieren en la magnitud de la caída. La refinación de petróleo se destaca como uno de los pocos sectores que ha logrado avances, mientras que la industria automotriz y la de maquinaria se encuentran entre las más afectadas por la situación actual.

Desde el lunes, los contribuyentes podrán acceder a la moratoria impositiva en la provincia de Buenos Aires, que incluye diversas deudas y ofrece facilidades de pago. Las bonificaciones pueden llegar hasta un 40%, aunque este porcentaje disminuye con el transcurso de las semanas. Estar al día con las obligaciones será un requisito para acceder a los descuentos programados para 2027. Este procedimiento ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, según lo subrayado por la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA).

Por último, se informa que la empresa La Campagnola ha decidido frenar la producción en una de sus plantas de conservas de pescado en Mar del Plata, lo que ha llevado a la suspensión temporal de 60 operarios. La empresa, que forma parte del Grupo Arcor, se encuentra en negociaciones con el sindicato para determinar el porcentaje que recibirán los trabajadores durante este período de suspensión, que comenzará el miércoles 28. Las razones detrás de esta decisión incluyen la falta de materia prima, el sobrestock de productos importados y la escasez de demanda en el mercado.

En el ámbito económico, el presidente Javier Milei aún no ha logrado revertir las cuatro décadas de caída en la participación de Argentina en el Producto Bruto Interno (PBI) mundial. Datos proporcionados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) indican que el país sigue distante de recuperar el peso que tenía al regreso de la democracia. La brecha se amplía con respecto a economías que han superado crisis profundas y han implementado programas de estabilización.

Fuente original: Infobae Economía.