AySA propone un aumento del 22,6% en tarifas de agua para casi 2 millones de usuarios

Este lunes a las 10, el ERAS llevará a cabo una audiencia pública virtual decisiva en la que se abordará la propuesta tarifaria de AySA. La iniciativa incluye aumentos en las facturas de agua y cloacas para aproximadamente 1.998.747 usuarios residenciales, lo que equivale a cerca del 60% de este segmento. Según las estimaciones de la empresa, la factura media mensual para este grupo se incrementaría en un 22,6%, pasando de $29.116 a $35.710. Este aumento se produce en un contexto de avance en el proceso de venta del 90% de AySA, que ha generado cuestionamientos por conflictos de interés y una oferta que ha sido considerada inferior a las expectativas del mercado.

En contraste, otros 683.927 usuarios, que representan alrededor del 20%, experimentarían una reducción promedio del 14,7% en sus boletas, lo que podría aliviar la carga económica para este grupo. Además, 672.194 hogares, que constituyen el 20% restante, mantendrían sus facturas sin cambios debido a la aplicación de un programa específico que busca proteger a ciertos usuarios. Al considerar el total del universo residencial, que incluye tanto las reducciones como los casos congelados, se prevé que la factura media general registre un aumento del 11,4%. Este ajuste tarifario se presenta en un momento crítico, ya que el Gobierno adjudicó la venta de AySA por u$s340 millones, lo que ha suscitado un intenso debate sobre la gestión de los recursos hídricos en el país.

El nuevo esquema tarifario que se propone implica la eliminación de los antiguos coeficientes zonales, los cuales serán sustituidos por un mapa territorial basado en datos del Censo y en los ingresos por hogar. Esta reclasificación es fundamental, ya que sobre esos coeficientes se calculan componentes esenciales del costo final de la factura de agua. La audiencia pública se presenta como una oportunidad para que los usuarios expresen sus opiniones y preocupaciones sobre los cambios propuestos, en un contexto donde la privatización de AySA sigue siendo un tema de debate en la sociedad argentina, especialmente por las implicaciones que esto tiene para el acceso al agua y la calidad del servicio.

El aumento promedio del 22,6% no es un límite definitivo. El informe presentado ante el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) contempla ajustes que podrían alcanzar hasta el 149% en situaciones específicas, donde se combinan la reclasificación zonal y la finalización de las bonificaciones vigentes. Según las proyecciones de Aysa, los incrementos que superen el 100% impactarán en el 3% del total de usuarios residenciales.

Es importante destacar que esos máximos se refieren al grupo de usuarios analizado por la empresa, el cual excluye ciertos casos excepcionales de grandes superficies o consumos. No se trata de un aumento generalizado ni de un ajuste que se aplicaría de manera inmediata.

La nueva propuesta busca eliminar los antiguos coeficientes zonales y sustituirlos por un mapa territorial basado en datos del Censo y en los ingresos por hogar.

En cuanto al contexto de Aysa, el Gobierno nacional adjudicó la licitación pública nacional e internacional para la privatización de la empresa. Esta operación incluyó la venta del 90% del paquete accionario en manos del Estado por un total de 340.200.000 dólares (sin IVA). La oferta ganadora fue presentada por un consorcio que incluye a las empresas Rowing S.A., Arcos Saneamento e Participações S.A., PHX AQUA AR B.V. y Transclor S.A.

La oferta ganadora comprende a Rowing S.A., dirigida por Walter Román; Transclor, de Mauricio Filiberti; la brasileña Arcos Saneamento e Participações (Grupo Equipav); y PHX, un vehículo de inversión establecido en Países Bajos. Fuentes indican que también están vinculados al consorcio los hermanos Juan y Patricio Neuss, empresarios cercanos al gobierno de Javier Milei, quienes han sido favorecidos en varias licitaciones, incluyendo las represas del Comahue y la Hidrovía.

Sin embargo, el proceso de privatización ha estado marcado por irregularidades. Se han planteado serias preocupaciones sobre posibles conflictos de interés, especialmente entre las empresas asociadas al grupo que presentó la oferta ganadora y los donantes de la campaña electoral de La Libertad Avanza (LLA). Además, es relevante señalar que el consorcio liderado por Rowing S.A. fue seleccionado para adquirir el 90% de las acciones de la compañía por 340,2 millones de dólares, una cifra inferior a los 500 millones que el Gobierno libertario había anticipado como mínimo esperado para la operación.

Mauricio Filiberti, uno de los integrantes del consorcio que ganó la privatización de Aysa, se encuentra en el centro de estas controversias.

Las alertas se centran en las conexiones de Rowing con Equo Capital, un grupo que también incluye a Direct Group y Lógico, dos empresas que contribuyeron con $20 millones cada una a la campaña de La Libertad Avanza (LLA) en la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones legislativas de 2025. Según los registros públicos de la Cámara Nacional Electoral, estas donaciones se realizaron el 28 y el 29 de julio de ese año.

Legisladores de la oposición han presentado una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas con el objetivo de auditar la tasación de la empresa estatal. Las diputadas Carignano e Ianni, junto con los senadores Bahl y Capitanich, han cuestionado el secretismo en los informes de valuación y la postergación del Tribunal de Tasaciones de la Nación, señalando que la falta de transparencia dificulta la evaluación de si la venta resulta beneficiosa para el Estado.

Así, la denuncia judicial añade tensiones al proceso de privatización de AySA. Según la presentación, el Tribunal de Tasaciones indicó que no podía aplicar el método de valuación del Gobierno, el cual se basa en ingresos, inversiones y costos, debido a que estaba limitado al cálculo de activos físicos. Los legisladores objetaron que la valuación se entregara a una unidad especial creada en el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y advirtieron que este procedimiento podría acarrear responsabilidades tanto administrativas como penales.

El senador chaqueño Jorge "Coqui" Capitanich fue uno de los cuatro legisladores que presentaron la denuncia ante el Tribunal de Tasaciones.

En este contexto, la discusión sobre los coeficientes zonales se produce tras la selección del consorcio ganador y en medio de numerosas irregularidades. A través de la Resolución 1818/2026, el Poder Ejecutivo ha fijado el 13 de noviembre como fecha límite para la firma del contrato de compraventa, un paso formal esencial para llevar a cabo el traspaso de la compañía de agua y saneamiento.

El cronograma oficial de la licitación establece que el nuevo operador privado asumirá la gestión integral del servicio entre enero y febrero de 2027. Hasta que se realice el traspaso, la decisión sobre los cambios tarifarios discutidos este lunes permanecerá bajo la jurisdicción del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), que deberá pronunciarse formalmente sobre la propuesta presentada por la actual dirección de la empresa.

Este lunes se lleva a cabo una audiencia pública en la que se debate el aumento de tarifas de AySA, que afectará a casi 2 millones de usuarios residenciales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El empleo en el sector privado ha registrado una caída continua durante 14 meses, lo que ha resultado en la pérdida de 266.000 puestos de trabajo desde noviembre de 2023. Esta tendencia negativa plantea preocupaciones sobre la estabilidad del mercado laboral en el país.

En respuesta a la situación climática, el Gobierno ha declarado la emergencia agropecuaria debido a las inundaciones que afectan a Nueve de Julio y a una parte de Necochea. Esta medida busca mitigar el impacto en el sector agrícola y brindar asistencia a los productores afectados.

Por otro lado, el Banco Nación logró colocar el 100% del cupo adjudicado en la primera licitación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), lo que indica un interés significativo por parte de los inversores en este instrumento financiero.

Además, el Gobierno ha implementado cambios importantes en el Fondo de Ahorro de Largo Plazo (FAL), estableciendo que las empresas deberán esperar más tiempo para acceder a los fondos disponibles, lo que podría afectar sus planes de inversión a corto plazo.

En el ámbito de los mercados, la victoria de Lula en Brasil ha generado un impacto notable en los activos brasileños, lo que a su vez ha ejercido presión sobre las acciones argentinas. Este contexto regional podría influir en las decisiones económicas en Argentina.

En cuanto a la cotización del dólar, este lunes 26 de octubre se registran variaciones en su valor. El dólar blue también presenta cambios en su operación, lo que es seguido de cerca por los analistas y los ciudadanos.

El dólar mayorista ha aumentado $10 tras las elecciones en Brasil, lo que se suma a la depreciación del real. Esta situación se produce en un contexto donde el dólar global se mantiene estable, en medio de una semana crucial para las decisiones de los bancos centrales.

Fuente original: Ámbito Economía.