El Gobierno argentino firma acuerdos con empresarios para combatir el contrabando

El contrabando, la falsificación de productos y la venta de mercadería que ingresa al país de manera irregular constituyen algunas de las principales inquietudes de la industria argentina. En este marco, el Gobierno avanzó en la firma de acuerdos con diversas entidades empresariales y compañías de comercio electrónico, con el objetivo de reforzar los controles sobre el comercio ilegal, identificar productos sospechosos y facilitar la eliminación de publicaciones que ofrezcan mercadería proveniente de actividades ilícitas.

La iniciativa incluyó la formalización de convenios marco con la Unión Industrial Argentina (UIA) y otras organizaciones empresariales, así como acuerdos específicos con Mercado Libre, Meta, Frávega y Cetrogar. Estos acuerdos permitirán el intercambio de información sobre productos comercializados y la detección de posibles irregularidades. Fuentes oficiales explicaron que uno de los cambios más significativos es la inclusión de Mercado Libre en un mecanismo destinado a identificar y eliminar publicaciones de productos ilegales, un procedimiento que ya se implementaba con Meta, la empresa propietaria de Facebook e Instagram.

En cuanto a Mercado Libre, los controles se enfocarán inicialmente en cinco categorías específicas: notebooks, celulares, cosméticos, juguetes y neumáticos. El esquema de trabajo contempla la realización de reportes trimestrales y el intercambio de información que podrá ser cruzada con los registros de la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Ventanilla Única de Comercio Exterior.

La reunión en la que se formalizaron estos acuerdos tuvo lugar a las 11 de la mañana, con la participación de funcionarios de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, así como representantes de la UIA y otras cámaras empresariales. Este entendimiento con la entidad fabril establece una agenda de trabajo que los industriales han promovido desde 2025 para combatir el contrabando, la falsificación de marcas y las diversas modalidades de competencia desleal que afectan a la producción nacional.

Según estimaciones de la UIA, el comercio ilícito representa aproximadamente el 5% del Producto Bruto Interno (PBI) del país y genera una pérdida fiscal de USD 2.300 millones anuales. Además, de acuerdo con la tercera encuesta realizada por la entidad, seis de cada diez empresas industriales se ven perjudicadas por el comercio desleal, y cuatro de cada diez enfrentan competencia ilegal en la venta electrónica de productos.

El esquema que fue presentado incluye dos tipos de instrumentos: convenios marco con entidades y empresas, así como acuerdos específicos que definirán mecanismos concretos para el intercambio de información y la fiscalización.

Fuentes oficiales indicaron que los convenios marco fueron firmados de manera individual y abarcaron a la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CACyS), la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE), la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), así como a las empresas Mercado Libre, Frávega, Cetrogar y Meta.

Estos acuerdos facilitarán la cooperación para mejorar la detección de productos que se comercializan de manera irregular y coordinarán acciones para combatir el contrabando y la competencia desleal.

Además, el Gobierno ha avanzado en la firma de acuerdos específicos con Meta, Mercado Libre, Frávega y Cetrogar, que incluirán mecanismos para el intercambio de información sobre los productos que se ofrecen a través de los diferentes canales de venta.

Un aspecto clave de estos acuerdos es la creación de reportes trimestrales, cuyos datos podrán ser cruzados con la información de la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Ventanilla Única de Comercio Exterior. El propósito es identificar mercancía sospechosa y facilitar la detección de productos que puedan estar relacionados con el comercio ilícito.

En lo que respecta a las plataformas digitales, los convenios prevén la posibilidad de eliminar publicaciones cuando se determine que los productos ofrecidos provienen de operaciones ilegales.

Desde el Gobierno se aclaró que este mecanismo ya estaba en funcionamiento con Meta, lo que implica que abarca las publicaciones realizadas en Facebook e Instagram. La novedad radica en su implementación en Mercado Libre, donde se iniciará con cinco categorías específicas de productos. Estas categorías incluyen notebooks, teléfonos celulares, cosméticos, juguetes y neumáticos, que formarán parte de la primera etapa del esquema de intercambio de información y detección de irregularidades.

La distinción entre los convenios marco y los específicos es relevante, ya que no todos los acuerdos implican los mismos compromisos. Mientras que los convenios marco establecen instancias generales de cooperación, los acuerdos específicos definen los mecanismos concretos para compartir información y actuar sobre las operaciones que sean detectadas.

A través de un comunicado, la Secretaría de Comercio detalló los aspectos centrales de los acuerdos alcanzados y señaló que las plataformas que firman el acuerdo proporcionarán información sobre los principales vendedores de productos en categorías consideradas sensibles. El texto indica que "el Estado Nacional, a través de ARCA, cruzará los datos para identificar inconsistencias e indicios de posibles irregularidades en la comercialización de productos". Además, se menciona que Meta se encargará de eliminar los sitios denunciados en sus plataformas de Facebook e Instagram.

Asimismo, se añadió que, si corresponde, se procederá conforme al Protocolo de Vigilancia de Mercado que fue aprobado por la Resolución 56/2026. Este protocolo garantiza que los productos y servicios que se comercializan en el país cumplan con las normativas vigentes en materia de seguridad, calidad e información. Los procedimientos que se deriven de esta vigilancia podrán resultar en el retiro de productos del mercado, la suspensión de su comercialización y, si es necesario, la intervención de la Justicia.

Por otro lado, el Gobierno destacó que "las plataformas también se comprometen a llevar a cabo campañas de comunicación dirigidas a sus vendedores y proveedores para reforzar el conocimiento de las obligaciones vigentes, especialmente aquellas relacionadas con el origen de los productos ofrecidos".

Los cinco puntos del convenio con la UIA

En lo que respecta a la Unión Industrial Argentina (UIA), el acuerdo tiene un alcance más amplio que los controles sobre el comercio electrónico. Fuentes de la entidad fabril explicaron a Infobae que el convenio busca formalizar una agenda de trabajo contra el contrabando, el comercio ilegítimo y la competencia desleal, abarcando tanto las ventas físicas como las digitales.

El primer eje del acuerdo establece un marco de cooperación para combatir el contrabando, el fraude aduanero, la falsificación de marcas y la comercialización de productos que no cumplen con las normas técnicas vigentes.

El segundo eje contempla la incorporación de herramientas tecnológicas y controles sistémicos que mejoren la detección de mercadería y operadores irregulares. También se prevén instancias de revisión normativa y acciones coordinadas para fortalecer los mecanismos de fiscalización.

El tercer aspecto del acuerdo se centra en el intercambio de información. La Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa podrá establecer convenios específicos con empresas que estén asociadas a la Unión Industrial Argentina (UIA) y que deseen participar en esta iniciativa. Estas empresas tendrán la posibilidad de proporcionar datos sobre productos que se comercializan y que compiten con la producción nacional o que sean considerados similares, según las categorías que se determinen en cada caso.

No obstante, representantes del sector industrial aclararon que el convenio marco no impone a la UIA ni a sus empresas asociadas la obligación de compartir información. La participación en este proceso será voluntaria y requerirá la firma de acuerdos específicos entre las partes interesadas.

El cuarto eje del acuerdo se refiere a la colaboración con diversos organismos públicos, entre los que se incluyen la Agencia de Recaudación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ARCA), la Autoridad Nacional de la Competencia, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). La intervención de estas entidades permitirá coordinar acciones relacionadas con la fiscalización de mercancías, el cumplimiento de normativas técnicas y la detección de operaciones irregulares.

Por último, el quinto punto del acuerdo establece la creación de una mesa de trabajo permanente que reunirá a representantes de la UIA y del Gobierno, con la responsabilidad de coordinar las diversas iniciativas que surjan. Desde el sector público, la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa asumirá la responsabilidad, mientras que del lado industrial participará el Departamento de Comercio y Negociaciones Internacionales de la UIA, a través de su Mesa de Acciones contra el Comercio Ilegítimo, el Contrabando y la Competencia Desleal. Este grupo tendrá un plan de trabajo semestral y llevará a cabo un seguimiento trimestral de las acciones acordadas.

La inquietud de los industriales respecto a la competencia desleal fue destacada por la UIA, que subrayó que este acuerdo representa la formalización de una agenda que la entidad ha estado desarrollando de manera sistemática desde 2025, en colaboración con sus cámaras asociadas y los sectores más impactados. Fuentes del sector industrial indicaron que la iniciativa nació de una preocupación concreta de las empresas, y que el Gobierno ha articulado las acciones en respuesta a los planteos que la organización presentó a las autoridades.

La Unión Industrial Argentina (UIA) considera que el acuerdo firmado tiene una relevancia particular, dado que el contrabando y el comercio ilegal son temas prioritarios en su agenda de trabajo. Esto se debe a su impacto negativo en las empresas que operan de manera formal y a las dificultades que crea para competir con productos que se comercializan fuera de las regulaciones establecidas.

"El comercio ilegal destruye empleo formal, evade impuestos y pone en riesgo a los consumidores. La industria, que cumple con todas las normas, no puede competir con productos que ingresan o se venden por fuera de la ley. Con este convenio aunamos esfuerzos, sumamos tecnología, información y articulación con los organismos de control para que la fiscalización llegue a donde tiene que llegar", expresó el presidente de la UIA, Martín Rappallini, en un comunicado emitido por la central fabril tras la firma del acuerdo.

Los resultados de la tercera encuesta realizada por la UIA evidencian la magnitud de esta problemática: el 60% de las empresas industriales afirma que se ve afectado por el comercio desleal, mientras que el 40% señala que enfrenta problemas de competencia ilegal en plataformas de comercio electrónico, marketplaces y redes sociales.

La entidad también estima que el comercio ilícito representa aproximadamente el 5% del Producto Bruto Interno (PBI) y genera pérdidas fiscales que ascienden a USD 2.300 millones anuales.

El alcance de los convenios firmados no se limita únicamente a las operaciones realizadas en Internet. En el caso de la UIA, las acciones que se llevarán a cabo abarcan productos que se comercializan tanto en establecimientos físicos como en canales digitales, sin restringir los controles a una red social o plataforma específica.

Tras la firma de los acuerdos, Ana Vainman, directora ejecutiva de Afarte, celebró la suscripción del convenio, considerándolo "un gran punto de partida para combatir la competencia desleal y el contrabando, que tanto afectan a la industria". Vainman añadió: "Esperamos que se traduzca en una pronta reducción de este flagelo, que hoy implica que uno de cada tres celulares que se venden en Argentina no se importó legalmente ni se fabricó en el país, por citar solo un ejemplo. Además, el contrabando afecta a los consumidores, porque compran productos de dudosa procedencia y al Estado, por la renuncia fiscal que genera", planteó la directiva.

El encuentro con autoridades aduaneras se enmarca en este esfuerzo conjunto para fortalecer el control y la fiscalización del comercio, tanto en línea como en el ámbito físico, con el objetivo de proteger la industria nacional y garantizar la seguridad de los consumidores.

La firma de los acuerdos se lleva a cabo tras diversas gestiones que los industriales realizaron ante las autoridades para solicitar medidas contra el contrabando y la subfacturación de importaciones. Tal como se informó anteriormente, representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA) sostuvieron a principios de octubre una reunión con funcionarios de la Aduana para examinar las dificultades que enfrentan distintos sectores manufactureros debido al ingreso irregular de mercadería y la competencia desleal de productos comercializados en condiciones desiguales. Entre los sectores que expresaron su preocupación se encuentran el textil, la indumentaria, el cuero, el calzado, los celulares, la cerveza y el tabaco.

Uno de los temas centrales de ese encuentro fue la subfacturación de importaciones, especialmente tras la eliminación de los precios de referencia que se utilizaban como herramientas de control. Durante la reunión, las autoridades informaron que se encontraban trabajando en un nuevo sistema tecnológico destinado a cruzar información sobre cantidades y precios declarados en las importaciones, con el fin de detectar posibles inconsistencias.

El desarrollo de este sistema incluye herramientas de análisis de datos y tecnología relacionada con Microsoft, además de mecanismos para mejorar la identificación de operaciones sospechosas mediante el procesamiento de información comercial. Este proyecto está vinculado a los controles aduaneros y representa una de las iniciativas que el Gobierno está implementando en respuesta a los reclamos de los sectores industriales.

La agenda de la UIA comenzó a estructurarse durante 2025, con diversas iniciativas coordinadas junto a sus cámaras socias y organismos públicos. Entre las acciones llevadas a cabo se encuentra la creación de un formulario único de denuncias en colaboración con Defensa del Consumidor, diseñado para facilitar la presentación de información sobre posibles irregularidades en la comercialización de productos. La organización también participó en actividades de capacitación para miembros de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía Federal, que se desarrollaron en distintas provincias con el objetivo de mejorar la identificación de modalidades de comercio ilegal.

Además, se trabajó con el Ministerio de Seguridad en la canalización de denuncias y en el fortalecimiento de los operativos de control en las zonas de frontera.

Los colegios privados de la provincia de Buenos Aires implementarán un aumento de hasta el 3% en los meses de noviembre y diciembre. Este ajuste ha sido señalado por el sector educativo como insuficiente para hacer frente a los incrementos en los costos salariales que han experimentado.

En el ámbito laboral, el empleo privado formal ha registrado una caída ininterrumpida durante 14 meses, alcanzando niveles que no se veían desde 2014. Un estudio realizado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) indica que, desde noviembre de 2023, se han perdido 266.000 puestos de trabajo en el sector privado, siendo la industria, el comercio y la construcción las áreas más afectadas.

En cuanto a la normativa fiscal, el Gobierno ha reglamentado la iniciativa conocida como Inocencia Fiscal II. Se han dado a conocer detalles sobre las modificaciones en la declaración simplificada del impuesto a las Ganancias, aunque los expertos aconsejan esperar antes de realizar cambios, ya que aún se espera la publicación de información adicional por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF). Es importante tener en cuenta cuál será la fecha límite para estas declaraciones.

En el contexto económico, Argentina se encuentra entre los 11 países que presentan las mejores cuentas públicas. Sin embargo, a pesar de estos sólidos resultados fiscales, existen dos elementos que limitan la confianza de los inversores en el país.

Por otro lado, respecto a los viajes, se ha observado que Brasil se vuelve más accesible para los argentinos que planean viajar durante el verano. La moneda brasileña ha caído hasta un 12% frente al dólar, lo que implica que los gastos cotidianos en el país vecino se tornarán más asequibles para quienes crucen la frontera en busca de vacaciones.

Fuente original: Infobae Economía.