El FMI aprueba la revisión del acuerdo con Argentina a pesar del incumplimiento fiscal

El staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) dio su visto bueno a la tercera revisión del acuerdo, a pesar de que el Gobierno argentino no logró cumplir con la meta fiscal de junio, que estaba fijada en un 0,7% del Producto Interno Bruto (PBI). Este desvío se atribuyó en gran medida a la postergación de la presentación de la declaración jurada de Ganancias. La decisión del organismo se interpretó como un “perdón” ante este incumplimiento, aunque dejó abierta la discusión sobre la viabilidad de alcanzar el objetivo de superávit primario del 1,4% del PBI que se prevé para diciembre de 2026.

En el comunicado emitido por el FMI, se subrayó que la meta fiscal sigue siendo un componente fundamental del programa. El organismo internacional vinculó esta pauta con el objetivo de lograr un superávit primario del 1,4% del PBI en 2026 y un esfuerzo similar para 2027, de acuerdo con las proyecciones que el Gobierno incluyó en el presupuesto enviado al Congreso. “El ancla fiscal seguirá siendo un elemento central del programa, coherente con el objetivo de lograr un superávit primario del 1,4% del PIB en 2026 y un esfuerzo fiscal similar en 2027”, expresó el Fondo. También se destacó que el presupuesto de 2027 refleja esta orientación y prevé un cuarto año consecutivo con superávit fiscal primario y equilibrio fiscal global.

El organismo internacional enfatizó que la continuidad en la disciplina del gasto, junto con reformas en los marcos tributario y fiscal, fortalecería el proceso de consolidación. Además, planteó que esta estrategia permitiría resguardar el gasto prioritario en áreas sociales e infraestructura.

La aprobación de la tercera revisión del acuerdo evidenció que el incumplimiento de junio no obstaculizó el avance del programa y que el FMI decidió no penalizar al Gobierno. En este contexto, los economistas ahora centran su atención en la exigencia pendiente para diciembre. La pauta anual establece un superávit primario del 1,4% del PBI, un objetivo que es superior al de junio. Las dudas sobre el cumplimiento se basan en la evolución de los ingresos públicos, el comportamiento de la actividad económica y las limitaciones para realizar recortes adicionales en el gasto.

Manuel Cerdan, socio y director de Invecq Consulting, expresó que no espera que se cumpla el objetivo de diciembre. “No creemos que se vaya a cumplir la meta de diciembre, aunque habrá que ver si se modifica tras el desvío de junio”, afirmó.

Cerdan identificó dos elementos clave que sustentan su proyección. El primero está vinculado a la recaudación, donde explicó que “los ingresos vienen débiles, en buena medida por la dinámica de la actividad”. El segundo factor se refiere a las limitaciones que enfrenta el ajuste fiscal tras la reducción ya implementada en el gasto público.

“El margen para seguir ajustando el gasto es cada vez más acotado, dado que el grueso del ajuste ya se hizo y una parte muy importante del gasto está indexada”, señaló el economista. Según su análisis, esta combinación disminuye las opciones disponibles para compensar una caída en la entrada de recursos.

A pesar de esta evaluación, Cerdan no previó una dificultad significativa en la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “De todos modos, no creemos que esto represente un problema significativo en el marco del acuerdo con el FMI”, afirmó. Su planteamiento sugiere que el organismo podría tener en cuenta el contexto del programa y la magnitud del posible desvío.

La posibilidad de un ajuste formal en la pauta de diciembre también fue mencionada por Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Para Letcher, cumplir con la meta resulta complicado; tanto el Gobierno como el FMI podrían decidir modificar el objetivo antes de finalizar el año o permitir una excepción cuando se realice la revisión pertinente.

“Pueden pasar dos cosas: que en esta revisión le modifiquen la meta de diciembre o que le hagan un waiver”, indicó, refiriéndose a la dispensa que se otorga ante el incumplimiento de una meta acordada dentro de un programa con el Fondo.

Letcher también destacó que la dificultad aumenta a medida que se reduce el excedente fiscal. “La meta fiscal se vuelve cada vez más difícil porque el superávit es cada vez menor”, sostuvo. A partir de esta observación, planteó un interrogante sobre las acciones que podría adoptar el Gobierno ante la combinación de un incumplimiento fiscal y un deterioro en la actividad económica.

Fausto Spotorno, director del Instituto de Economía Política, Economía y Negocios (Ineco), también anticipó un incumplimiento fiscal limitado. Su análisis se centró en la disminución del nivel de actividad, la recaudación y el aumento de ciertas partidas del gasto.

Durante el segundo trimestre, el Producto Bruto Interno (PBI) experimentó una caída, y se prevé que en el tercer trimestre también se registre una disminución, lo cual ya se puede afirmar con los datos disponibles, según lo indicado por el economista. Este panorama ha generado dos trimestres consecutivos de recesión, lo que tiene un impacto directo en los ingresos tributarios del país. La recesión, según el análisis del economista, tiene consecuencias inmediatas sobre la capacidad del Estado para recaudar fondos, lo que se traduce en una menor disponibilidad de recursos para financiar el gasto público.

La existencia de dos trimestres negativos y recesivos ha llevado a una disminución en la recaudación, explicó el economista. La menor actividad económica ha reducido el flujo de recursos que ingresan al Estado, lo que complica el cumplimiento de una meta fiscal ambiciosa que se ha establecido para el cierre del año 2026. Este escenario, caracterizado por la caída de la actividad económica, se traduce en un desafío significativo para el Gobierno, que se enfrenta a la necesidad de ajustar sus expectativas fiscales en un contexto de ingresos decrecientes.

Además, el economista destacó el efecto de la inflación sobre el gasto público. La aceleración de la inflación durante el primer trimestre provocó ajustes en las jubilaciones en el segundo trimestre. Esta situación ha incrementado la presión sobre las erogaciones públicas en un contexto donde el margen para realizar recortes es cada vez más limitado. “Recortar gastos para el Gobierno es cada vez más difícil; está a nivel de gasto de los 90”, señaló el director de Ineco, quien también mencionó que el gasto público primario ha alcanzado un nivel que restringe la posibilidad de implementar nuevos ajustes. En este sentido, la combinación de recesión e inflación crea un entorno complicado para la gestión fiscal.

Según la evaluación de Spotorno, el Gobierno no logrará cumplir con la meta fiscal, aunque el incumplimiento será leve, situándose una o dos décimas por debajo de lo proyectado. La diferencia estimada se ubicaría, según esa evaluación, dentro de un margen estrecho respecto del objetivo de 1,4% del PBI fijado para el año. Este leve incumplimiento refleja las dificultades que enfrenta el Gobierno para equilibrar sus cuentas en un contexto de recesión y alta inflación, lo que podría tener repercusiones en la confianza de los inversores y en la estabilidad económica del país.

Con el inicio de noviembre, los hogares argentinos se preparan para afrontar nuevos incrementos en diversos servicios. Entre los aumentos más relevantes se encuentran los relacionados con el transporte, la educación y la salud, que son considerados especialmente sensibles para el presupuesto familiar. Los detalles sobre cómo se determinaron estos ajustes aún están siendo analizados.

Argentina se encuentra en una situación particular en comparación con otros países de la región, ya que enfrenta dificultades debido a la situación económica de Brasil. Esto ha generado dudas entre los inversores, lo que ha incrementado el riesgo asociado a los bonos que tienen vencimiento posterior a 2027. En este contexto, los bonos Globales experimentaron una caída de hasta 1,6%, mientras que las acciones líderes registraron una pérdida del 1,4% en dólares, en una jornada caracterizada por la incertidumbre política y la disminución de la exposición regional.

Fuente original: Infobae Economía.