La complejidad oculta del sistema financiero argentino y su soberanía digital

Para los usuarios de servicios financieros, la interacción con el sistema nunca ha sido tan sencilla. Desde una única plataforma, es posible invertir, solicitar un préstamo, contratar seguros o transferir dinero a cualquier parte del mundo de manera casi instantánea. Esta transformación ha sido impulsada por la tecnología, que ha facilitado una migración de los clientes desde los bancos tradicionales hacia plataformas más amigables que ofrecen una integración de múltiples servicios.

Este cambio ha dado lugar a un ecosistema financiero en el que emergen nuevos modelos de negocio, productos más avanzados y mercados más interconectados, junto con infraestructuras transnacionales que funcionan de manera interoperable. Sin embargo, detrás de cada acción aparentemente sencilla en nuestros dispositivos, se encuentra una compleja red de aplicaciones, redes y proveedores que operan en la sombra.

Este entramado subyacente incluye aspectos como el almacenamiento de nuestros datos, la provisión de capacidad de cómputo y modelos de inteligencia artificial, así como la operación de los sistemas que facilitan el movimiento de activos y dinero. También abarca las monedas y mercados en los que se liquidan las transacciones, así como la criptografía que asegura toda esta infraestructura.

En este contexto, se vuelve relevante el concepto de soberanía digital financiera, que se refiere a la capacidad de una sociedad para entender, gobernar y supervisar las infraestructuras digitales críticas de su sistema financiero. Esto incluye la gestión de datos, la capacidad de cómputo, la identidad, los sistemas de pago, las monedas y la criptografía, así como la habilidad para manejar las dependencias externas y mantener la autonomía en la toma de decisiones dentro de su marco legal.

La formulación de políticas propias en este ámbito no implica necesariamente un aislamiento o una autarquía, dado que toda economía abierta depende, en mayor o menor medida, de actores externos. El análisis y la discusión sobre este tema, aunque aún en sus primeras etapas en Argentina, se centran en la medida en que los usuarios y el sistema financiero del país dependen de proveedores extranjeros que, cada vez más concentrados y sofisticados, gestionan y monetizan nuestros datos. Esto plantea importantes interrogantes sobre las implicancias para nuestro bienestar y desarrollo.

Tres tecnologías están transformando las distintas capas del sistema financiero, aunque cada una presenta diferentes niveles de madurez. La inteligencia artificial (IA) amplía la capacidad de análisis de información y automatiza decisiones; el blockchain permite nuevas maneras de registrar, transferir y programar valor; y la computación cuántica, que aún se encuentra en una fase experimental para la mayoría de sus aplicaciones financieras, ofrece nuevas posibilidades de cálculo y plantea un futuro desafío para la criptografía que protege los pagos y las firmas digitales.

Desde la óptica de la soberanía digital financiera, cada una de estas tecnologías presenta un desafío particular. La IA se enfrenta a la concentración de modelos, datos y capacidad de cómputo; el blockchain, a la gobernanza de los activos, las redes y sus emisores; y la computación cuántica, a la necesidad de prever una posible transformación de los sistemas criptográficos que resguardan las operaciones.

En la actualidad, la inteligencia artificial se ha convertido en la tecnología más difundida. Un informe elaborado en conjunto por Cambridge, el Banco de Pagos Internacionales (BIS), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Foro Económico Mundial indica que cuatro de cada cinco entidades financieras ya la están utilizando, y cerca de la mitad está probando o aplicando agentes autónomos. Sin embargo, el desafío en términos de soberanía radica en que la gran mayoría de estas herramientas funcionan sobre modelos fundacionales y nubes extranjeras centralizadas, como las de Amazon, Microsoft o Google, así como los modelos de OpenAI. Esto condiciona la toma de decisiones crediticias, la gestión de riesgos y la custodia de datos financieros sensibles a infraestructuras, algoritmos y jurisdicciones que están fuera del control regulatorio local.

En el ámbito del blockchain, un informe del FMI de octubre de 2026 señala que los activos tokenizados alcanzan aproximadamente los 65.000 millones de dólares, mientras que las stablecoins superan los 250.000 millones de dólares. Aunque la tecnología blockchain se originó con una premisa de descentralización, en la práctica, ciertos productos muestran una notable concentración. En octubre de 2026, más del 80% del circulante de criptodólares estaba en manos de solo dos emisoras privadas estadounidenses, Tether y Circle.

Esta situación, lejos de ofrecer una alternativa neutral, intensifica la intermediación de actores extranjeros y refuerza la dolarización digital, lo que limita el margen de maniobra de la política monetaria y la supervisión por parte de las autoridades nacionales.

En el ámbito de la computación cuántica, su aplicación en el sector financiero aún se encuentra en una fase experimental. A pesar de que ya se han implementado proyectos piloto por parte de instituciones bancarias y empresas tecnológicas, como JPMorgan y HSBC en colaboración con IBM, las mejoras que se han logrado en comparación con los métodos tradicionales son todavía limitadas.

Sin embargo, la urgencia en el campo de la computación cuántica es de carácter defensivo, ya que la criptografía actual podría volverse vulnerable. Esto implica que los datos cifrados en la actualidad podrían ser capturados y descifrados en el futuro. Por esta razón, el Banco de Pagos Internacionales (BIS) está recomendando a los bancos centrales y a las infraestructuras de pago que inicien el proceso de migración hacia criptografía poscuántica. Su proyecto denominado Leap ha demostrado que esta alternativa es viable.

Es importante destacar que estos desarrollos no se producen en un contexto aislado. Estados Unidos y China están en una intensa competencia por el control de datos, inteligencia artificial, computación cuántica, servicios en la nube y plataformas digitales. Por un lado, empresas estadounidenses como Nvidia y OpenAI operan en un modelo que es mayormente privado y de mercado, aunque están sujetas a regulaciones públicas, incentivos específicos y a la intervención estratégica del Estado en áreas clave como semiconductores, inteligencia artificial e infraestructuras digitales críticas.

En contraste, del otro lado del océano, compañías como Alibaba, Tencent, Huawei y Baidu funcionan en un entorno donde la intervención estatal es más pronunciada, bajo la estricta supervisión del Partido Comunista Chino. En el ámbito de los pagos, Estados Unidos mantiene una posición estratégica gracias a redes globales como Visa y Mastercard, que operan bajo su marco legal y sus políticas de sanciones. Por su parte, China contrarresta esto con un ecosistema propio que incluye empresas como Alipay y WeChat Pay, además del desarrollo estatal de su yuan digital.

La Unión Europea ha adoptado un enfoque explícito hacia la soberanía digital, convirtiéndola en una política clara. Asimismo, el bloque de los Brics, que incluye a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, junto con sus recientes incorporaciones, está explorando la interconexión de sus sistemas de pago, buscando alternativas al dólar, aunque con visiones diversas entre sus miembros.

Esta dependencia no es únicamente tecnológica, sino también jurídica: es relevante no solo la ubicación de los servidores, sino, sobre todo, qué jurisdicción tiene la capacidad de desconectar los circuitos financieros.

Europa presenta tres ejemplos complementarios que ilustran una estrategia enfocada en disminuir vulnerabilidades y mantener la capacidad de decisión: la regulación de dependencias tecnológicas críticas, la exploración de una forma digital de dinero de banco central y el desarrollo de alternativas europeas para los pagos minoristas. Aunque no son instrumentos equivalentes, estos ejemplos demuestran que la soberanía digital puede abordarse a través de la regulación, la infraestructura pública y las iniciativas privadas.

La regulación de dependencias críticas, conocida como DORA (Reglamento sobre la Resiliencia Operativa Digital del Sector Financiero), establece un marco para la resiliencia operativa digital en las entidades financieras. Este reglamento incluye un régimen de supervisión para los proveedores tecnológicos externos que son considerados críticos, con el objetivo de mitigar los riesgos asociados a las dependencias tecnológicas.

En cuanto al euro digital, actualmente se encuentra en fase de preparación y tiene como objetivo ofrecer una forma digital de dinero de banco central para facilitar los pagos cotidianos. Esta iniciativa busca garantizar el acceso al dinero público y disminuir la dependencia de proveedores privados.

Por otro lado, Wero es una billetera desarrollada en el marco de la Iniciativa Europea de Pagos (EPI), que ha sido impulsada por un consorcio privado de bancos europeos. Su propósito es reducir la dependencia de redes y plataformas de pagos internacionales como Visa, Mastercard o PayPal.

En el contexto argentino, es fundamental que el país no adopte de manera mecánica las recetas externas, sino que diseñe una estrategia propia de soberanía digital. Esta estrategia debe articular un nuevo marco regulatorio que proteja la autonomía en la toma de decisiones.

En un mercado donde interactúan bancos, fintechs, proveedores de infraestructura y prestadores de servicios sobre activos virtuales a través de plataformas y redes compartidas, las competencias regulatorias están fragmentadas entre diversas autoridades, principalmente el Banco Central (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Esta fragmentación en la regulación provoca ineficiencias, superposiciones y vacíos normativos que resultan contraproducentes para el sistema financiero argentino.

El enfoque regulatorio del criptodólar, un activo que ha alcanzado un notable nivel de aceptación en Argentina, puede servir como un ejemplo específico pero representativo de esta situación. Este instrumento actúa tanto como medio de pago local como transfronterizo, además de funcionar como reserva de valor y como un vínculo entre el sistema financiero tradicional y el cripto, siendo emitido por empresas privadas extranjeras y careciendo de un marco regulatorio uniforme.

En el contexto local, los servicios relacionados con los criptodólares pueden involucrar a diversos actores que están sujetos a diferentes marcos regulatorios. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) regula los servicios de pago y establece limitaciones a las operaciones con criptoactivos realizadas por entidades financieras y proveedores de servicios de pago con cuenta de pago (PSPCP). Por su parte, la Comisión Nacional de Valores (CNV) regula a los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV). Una característica distintiva de los criptoactivos, en comparación con otros activos supervisados por estas entidades, es que la custodia y ejecución de las operaciones pueden depender de redes distribuidas, proveedores o intermediarios que operan en plataformas pseudoanónimas ubicadas en jurisdicciones extranjeras, lo que complica la supervisión y la implementación efectiva de las normativas locales.

Ante estos retos, Argentina ha comenzado a implementar medidas regulatorias significativas, aunque aún son parciales y han sido desarrolladas desde sectores específicos. La CNV ha establecido un régimen para los proveedores de servicios de activos virtuales y ha avanzado en la regulación de ciertos tipos de tokens. A su vez, el BCRA ha implementado requisitos para la gestión de riesgos tecnológicos, ciberseguridad, continuidad operativa y tercerización de servicios, e incluso ha incorporado el uso responsable y seguro de la inteligencia artificial en sus herramientas de supervisión. No obstante, estos progresos no constituyen aún una estrategia integral que articule las dependencias tecnológicas críticas del sistema financiero.

El desafío radica en la necesidad de transitar de respuestas sectoriales hacia una estrategia coordinada que incluya a bancos, fintechs, proveedores tecnológicos, redes de pago y prestadores de servicios sobre activos virtuales. Esto requiere la definición de responsabilidades claras y criterios comunes para gestionar los riesgos que afectan a sus fronteras regulatorias.

La agenda integral que surge a partir de estas tecnologías es vasta y abarca múltiples aspectos. Entre ellos se encuentra el desarrollo de marcos específicos para las stablecoins, que deben incluir consideraciones sobre los emisores, las reservas y los mecanismos de rescate. También se debe prestar atención a la gobernanza y la responsabilidad en torno a las decisiones automatizadas que toma la inteligencia artificial, así como a la prevención de nuevas formas de fraude digital.

Esta situación demanda una perspectiva sistémica que esté orientada hacia la soberanía sobre las dependencias críticas del sistema financiero, que incluyen la nube, los datos, los modelos de inteligencia artificial, la identidad, los pagos y la criptografía. Es fundamental mitigar la concentración de proveedores externos y fortalecer la resiliencia operativa, además de prepararse para una transición hacia criptografía poscuántica.

Para abordar de manera integral esta nueva realidad, es imprescindible fortalecer y profesionalizar las capacidades de los reguladores. Esto implica la creación de equipos interdisciplinarios que integren conocimientos de finanzas, derecho, tecnología y datos, con el fin de comprender y enfrentar fenómenos que son cada vez más complejos.

Para alcanzar estos objetivos, y considerando la magnitud de los desafíos que se presentan, es necesario fomentar una conversación abierta, sin prejuicios, plural y transparente. Esta conversación debe incluir a los sectores público y privado, así como a universidades, asociaciones profesionales, cámaras empresariales y organizaciones que defienden los derechos de los usuarios financieros.

La discusión democrática sobre quién tiene la responsabilidad de administrar las capas invisibles del sistema financiero es, en última instancia, una forma de asumir la soberanía digital como una política de Estado. Esto permitirá decidir el grado de autonomía y desarrollo que nuestra sociedad desea preservar.

Weitz, quien se desempeñó como presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), es actualmente profesor en la Maestría de Finanzas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Por su parte, Díaz es profesor en la Especialización de Posgrado en Gestión Estratégica de la Tecnología Informática de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

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Fuente original: Infobae Economía.