La UCR y el socialismo evidencian tensiones internas en la discusión de las leyes de seguridad de Pullaro

El intento de aprobar el conjunto de leyes de seguridad propuesto por Maximiliano Pullaro en la Cámara de Diputados de Santa Fe fracasó el pasado jueves, lo que dejó al descubierto las tensiones internas dentro de la coalición de Unidos. Tras un cuarto intermedio sin lograr un acuerdo, el oficialismo decidió postergar el tratamiento para la próxima semana, mientras que los reproches entre la UCR y el socialismo se hicieron evidentes en el recinto legislativo. La presión ejercida por la Casa Gris no fue suficiente para lograr la aprobación del paquete, lo que ha llevado a un clima de creciente tensión entre los socios de la coalición.

Las iniciativas estaban programadas para ser discutidas el 29 de octubre, después de una intensa presión ejercida por el gobernador y sus voceros para acelerar el proceso legislativo. Sin embargo, a pesar del empuje de la Casa Gris, las negociaciones fracasaron nuevamente, manteniendo la discusión estancada desde mayo. Este estancamiento ha generado un clima de frustración entre los diputados de la UCR, quienes ven que la situación se vuelve cada vez más insostenible.

El diputado radical Martín Rosúa fue uno de los que expresó el descontento del sector pullarista y sus aliados. Sin señalar directamente a sus socios, cuestionó la demora de la Cámara baja en aprobar las herramientas que el Ejecutivo considera necesarias para enfrentar la inseguridad. “El delito no terminó, las bandas no desaparecieron, el crimen se está transformando”, advirtió Rosúa. Además, calificó de irresponsable la falta de respuesta de la Legislatura, una crítica que extendió a "propios y extraños", reflejando la preocupación por la creciente inseguridad en la provincia.

Desde la Casa Gris, el gobierno provincial ha manifestado su impaciencia y ha instado al socialismo a que se aprueben las leyes de seguridad de Pullaro. En este sentido, se responsabiliza al socialismo por las demoras en el proceso legislativo y se advierte que no se aceptarán modificaciones que alteren la esencia de las reformas propuestas. La situación se torna cada vez más crítica, y el gobierno provincial se muestra firme en su postura de que las leyes deben ser aprobadas tal como fueron presentadas, sin cambios que puedan desnaturalizarlas.

José Corral adoptó un tono más diplomático al evitar profundizar en los reproches. El exintendente de Santa Fe expresó: "Estamos discutiendo herramientas en la cámara. Esperamos que pronto se puedan aprobar".

En el lado opuesto de la interna de la coalición gobernante, Lionella Cattalini respondió a las críticas del senador radical Felipe Michlig, quien la semana pasada había afirmado: "Espero que esa diputada que criticó al Senado ahora tenga la mayor celeridad para tratar este proyecto (el paquete de leyes de seguridad), porque muchas veces hacen el discurso para afuera y luego las acciones no son tan eficientes".

La respuesta de Cattalini se produjo este jueves, cuando replicó: "Esta diputada, como me han dicho por ahí, puede dar cuenta de muchos procesos". Además, recordó las ocasiones en las que tuvo que "poner la cara" en momentos difíciles, así como su defensa de la división de poderes y su impulso a reformas en el sistema judicial.

Michlig, por su parte, criticó la falta de asistencia de legisladores de Unidos durante el debate sobre la prevención de la violencia de género y exigió un mayor compromiso con la actividad parlamentaria. También solicitó avances en las reformas de seguridad que impulsa Pullaro.

Cattalini, en respuesta, se opuso a las presiones sobre la cámara baja y defendió que, incluso en los momentos más críticos de la inseguridad, la Legislatura se dedicó a escuchar a diversos actores institucionales y a mejorar proyectos, incluidos aquellos enviados por el propio Poder Ejecutivo.

"Vamos a calmarnos, hagamos un llamado a la reflexión", solicitó Cattalini, al tiempo que recordó que las políticas sostenibles en Santa Fe fueron el resultado de "la articulación política, la voluntad de avanzar, el consenso y los grandes acuerdos".

El intercambio entre los socios de la coalición no pasó desapercibido para el peronismo. En el momento de discutir el pedido para postergar el debate, Lucila De Ponti rechazó la nueva preferencia en nombre del interbloque y criticó que toda la cámara deba ser "rehén de las discusiones internas del oficialismo que ya no se dan a puertas cerradas, sino que se dan a través de los micrófonos de estas bancas".

Las diferencias que obstaculizan la aprobación de las leyes de seguridad impulsadas por Pullaro se centran en un paquete que ingresó en mayo, el cual incluye once iniciativas destinadas a ampliar las herramientas de investigación y persecución del delito.

El principal conflicto radica en las objeciones planteadas por el socialismo respecto a las nuevas facultades que se buscan otorgar a las fuerzas policiales y fiscales, en particular en lo que concierne a allanamientos, declaraciones de personas bajo investigación y controles judiciales. Desde el Partido Socialista, se sostiene que ciertos artículos necesitan ser modificados para poder cumplir con los requisitos constitucionales.

En las últimas semanas, los miembros de la UCR presentaron una contrapropuesta a sus aliados, que incluye cambios en los interrogatorios, en las denominadas zonas de intervención especial y en el procedimiento por decreto penal, entre otros aspectos. Sin embargo, las negociaciones no lograron alcanzar un consenso que permita cerrar una posición unificada.

A pesar de la falta de acuerdo en torno a la reforma principal, la jornada, que generó controversia, no dejó a la Casa Gris sin resultados. A pesar del desacuerdo persistente sobre la reforma central, la Cámara de Diputados aprobó otras dos iniciativas que habían llegado con media sanción del Senado: una destinada a combatir el mercado ilegal de celulares robados y otra que establece la defensa pública para agentes policiales y penitenciarios.

El gobierno de Santa Fe está presionando a la Legislatura para que se trate con urgencia las leyes de seguridad impulsadas por Maximiliano Pullaro, mostrando una creciente impaciencia ante la situación actual.

La agenda política también incluye otros temas relevantes, como la sucesión del intendente Menéndez en Merlo, donde once nombres están en carrera. Además, los intendentes del MDF han decidido ceder el desdoblamiento para favorecer a Kicillof en su estrategia nacional, mientras que el PRO se distancia cada vez más de la Casa Rosada, lo que pone en riesgo el Presupuesto de Milei.

En el ámbito electoral, una encuesta revela que Patricia Bullrich es más competitiva que Javier Milei en un balotaje contra Kicillof. Asimismo, Karina, quien se presenta como capitana, subraya la necesidad de integrar a las pymes argentinas en los grandes proyectos de inversión.

En otro contexto, se analiza el impacto de Lula en Argentina, destacando cómo su campaña ha dado un giro, con siete ejes que podrían ofrecer lecciones para el peronismo. En Villa Carlos Paz, la aparición de un outsider ha encendido las alarmas en el plan reeleccionista de Avilés, mientras que en Jujuy, la Cámara Nacional Electoral ha dado una nueva oportunidad a la lista de Rivarola, lo que sugiere que las internas en el PJ están tomando forma.

En el ámbito legislativo, Bullrich no logró destrabar el súper-RIGI y ha avalado un programa similar de la UCR para las pymes. En la Legislatura porteña, el peronismo ha conseguido sancionar dos proyectos, polarizando con Milei, aunque LLA no ha presentado una oposición efectiva.

Fuente original: Letra P Política.