Crisis institucional en Polonia tras la suspensión del presidente del Tribunal Constitucional

La situación en Polonia se ha vuelto tensa tras la suspensión del presidente del Tribunal Constitucional, Bogdan Swieczkowski, y del vicepresidente Bartlomiej Sochanski, lo que ha desatado una crisis institucional. Este conflicto, que se ha intensificado en la última década entre el Gobierno liberal y la oposición ultraconservadora, requirió la intervención de la policía para proteger a los jueces presentes en el edificio durante una protesta. Las manifestaciones fueron convocadas por el partido Ley y Justicia (PiS), liderado por Jaroslaw Kaczynski, quien estuvo presente en las protestas. Este partido ha tenido un enfrentamiento constante con la Unión Europea debido a sus acciones en contra del Estado de derecho y la independencia judicial.

Kaczynski y otros líderes del PiS han calificado tanto la destitución de los jueces como la intervención policial como un golpe de Estado. En medio de este clima de tensión, el presidente polaco, Karol Nawrocki, anunció a través de redes sociales que interrumpía su vuelo hacia Senegal para regresar a Polonia. “En un momento como este, el presidente debe estar en Polonia. Interrumpo mi vuelo a Senegal. Regreso”, manifestó Nawrocki en X, mostrando su cercanía con el partido PiS.

Por su parte, el primer ministro Donald Tusk, de tendencia conservadora-liberal, defendió la acción contra la cúpula del tribunal en la misma plataforma social, afirmando que “restaurar el Estado de derecho es nuestro deber”. Tusk describió el proceso como difícil y doloroso, resultado de años de arbitrariedad bajo el gobierno del PiS, y subrayó que no hay otro camino a seguir.

Kaczynski ha calificado los eventos de este viernes como un “atentado contra el Tribunal Constitucional”, advirtiendo que Polonia podría convertirse en un “Estado policial”, lo que, según él, llevaría a un camino directo hacia el autoritarismo y eventualmente al totalitarismo. Esta postura ha sido respaldada por la extrema derecha, con Slawomir Mentzen, colíder del partido Konfederacja, instando a Nawrocki a convocar al Consejo de Seguridad Nacional. “Ya no se trata de una crisis constitucional, estamos al borde de un golpe de Estado”, afirmó Mentzen en la misma red social.

El presidente de Polonia recibió en el palacio presidencial, a su regreso a Varsovia, a Swieczkowski y al presidente del Tribunal Supremo, Zbigniew Kapinski. Posteriormente, alrededor de la una de la madrugada, se dirigió al Tribunal Constitucional, donde se registraron escenas en las que se le observa forcejeando con los jueces para ingresar al edificio. Nawrocki permaneció en el lugar durante toda la madrugada, antes de retirarse alrededor de las cinco de la mañana. El jefe de Estado comunicó a través de sus redes sociales que convocará a consultas urgentes a los líderes de las fuerzas parlamentarias, con el objetivo de estabilizar la situación política y restaurar el orden constitucional.

La policía ha declarado que respeta la independencia de la institución y que no ha ingresado al edificio. En un comunicado, indicó que los agentes solo accedieron al recinto tras registrarse incidentes frente a la sede, incluyendo el lanzamiento de objetos peligrosos, según se informó oficialmente.

La jueza del Tribunal Constitucional, Anna Korwin-Piotrowska, emitió el viernes por la tarde una orden de suspensión por un mes para Swieczkowski y Sochanski. Como magistrada más veterana, Korwin-Piotrowska asume la presidencia del tribunal y ha afirmado que su actuación se basa en el artículo 130 de la Ley del Régimen de los Tribunales Ordinarios, según reportan los medios polacos.

La razón expuesta por Korwin-Piotrowska para esta decisión es que estos magistrados están bloqueando la Asamblea General de los jueces, que debía aprobar el presupuesto del tribunal. Además, sobre Swieczkowski pesa la acusación de supuesta manipulación en la composición de las salas judiciales y la exclusión de jueces elegidos por el Parlamento.

La misma jueza, junto con el ministro de Justicia y fiscal general del Estado, Waldemar Zurek, han solicitado la intervención de la policía en el tribunal para garantizar la protección de los jueces y trabajadores frente a los manifestantes. Zurek expresó: “Desde hace varios meses observamos una situación sin precedentes en un Estado democrático de derecho: jueces del Tribunal elegidos legalmente no pueden asumir sus funciones. El Estado polaco está obligado por una sentencia y por las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y tiene la obligación de garantizar el trabajo de estos jueces y el funcionamiento del Tribunal”, según lo reportado por Gazeta Wyborcza. Además, el ministro ha solicitado que se retire la inmunidad a los magistrados que ya están bajo investigación por parte de la Fiscalía.

La acción de Korwin-Piotrowska y Zurek se ha llevado a cabo en un viernes tranquilo, cuando millones de polacos se trasladan a sus lugares de origen para conmemorar el día de los difuntos. La jueza ha convocado a la Asamblea General del alto tribunal para el 3 de noviembre, mientras que siete jueces que se encuentran en la sede del tribunal han afirmado que permanecerán allí el tiempo que sea necesario. Por su parte, Kaczynski ha instado a sus seguidores a dirigirse a Varsovia.

Tusk asumió el poder en diciembre de 2023 con el objetivo de restaurar el Estado de derecho, pero la oposición del presidente, actualmente Nawrocki y anteriormente Andrzej Duda, ha dificultado la implementación de las reformas legislativas prometidas. El Tribunal Constitucional ha sido una fuente constante de enfrentamientos y bloqueos.

El Gobierno de coalición liberal no reconocía la legitimidad del alto tribunal, que está dominado por una mayoría de jueces designados por la anterior mayoría parlamentaria, el partido PiS. Esto incluye a tres magistrados conocidos en el país como “jueces dobles”, quienes fueron nombrados en 2015 para ocupar cargos que, según diversas sentencias, ya habían sido ocupados legalmente por el Parlamento anterior, lo que llevó al bando liberal a considerarlos ilegítimos. En 2021, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que esos nombramientos habían infringido las normas fundamentales del procedimiento de elección.

La politización y crisis del Tribunal Constitucional de Polonia se inició, sin embargo, con un mandato anterior de Plataforma Cívica, el partido liderado por Donald Tusk. Antes de perder el poder en 2015, la mayoría parlamentaria aprobó la cobertura de cinco puestos, aunque dos de esas vacantes no se produjeron hasta después de que asumiera el nuevo Parlamento, lo que llevó a que la decisión se tomara anticipadamente. La nueva mayoría del partido Ley y Justicia (PiS) consideró que los cinco nombramientos eran inválidos y procedió a designar a cinco jueces propios, cuando en realidad solo debía haber cubierto las dos plazas en cuestión. Esta situación dio origen a la existencia de tres jueces en doble función.

Ley y Justicia nunca corrigió esos nombramientos y utilizó el tribunal como un instrumento político. Durante los años de gobierno de los ultraconservadores, entre 2015 y 2023, algunas sentencias de la institución generaron grandes controversias y protestas en la ciudadanía. Por ejemplo, en 2021 se dictó una sentencia que afirmaba la supremacía del derecho polaco sobre el europeo, y en 2020 se estableció prácticamente la prohibición del aborto. La crisis judicial, que afecta al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo y al sistema de nombramientos de jueces, llevó a la Comisión Europea a bloquear el acceso de Polonia a miles de millones de euros en fondos comunitarios, los cuales comenzaron a desbloquearse en 2024 tras la llegada al poder de Tusk.

El gobierno de Tusk ignoró sistemáticamente las decisiones del alto tribunal al asumir el cargo, considerándolo un ente ilegítimo. Durante los primeros años de legislatura, que se espera que finalice el próximo año, tampoco se cubrieron las vacantes de magistrados que surgieron al finalizar los mandatos de nueve años, y no se buscaron candidatos de consenso entre los partidos, como solicitaban las organizaciones independientes.

Cuando finalmente se llevaron a cabo los relevos este año, que abarcaron 8 de los 15 miembros del tribunal, el juez Nawrocki se negó a tomar juramento a cinco de estos jueces elegidos por el Sejm, la Cámara baja del Parlamento. Al mismo tiempo, Swieczkowski, el presidente del tribunal, se negó a permitir que asumieran sus funciones.

Las escenas de este viernes por la noche, que incluyeron intentos de ingresar al tribunal y forcejeos protagonizados por políticos ultraconservadores de edad avanzada, evocan el traumático relevo en la cúpula de los medios de comunicación públicos cuando Tusk asumió el poder en 2023. En esa ocasión, Kaczynski y sus seguidores ocuparon la sede de la televisión pública y realizaron una sentada en sillas.

La situación se complica en Polonia tras la suspensión del presidente del Tribunal Constitucional, lo que ha generado un aumento de las tensiones políticas en el país.

Donald Tusk, líder de la oposición, y Jaroslaw Kaczynski, presidente del partido gobernante Ley y Justicia, se encuentran en el centro de esta crisis institucional que podría tener repercusiones significativas en el futuro político de la nación.

Fuente original: El País Internacional.