Quince estados de EE.UU. solicitan a la Corte Suprema revisar fallo a favor de Argentina en caso YPF

El 30 de octubre, el estado de Misuri, junto con otros 14 estados y territorios, presentó un amicus curiae ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Este tipo de presentación permite que terceros que no son parte formal del caso expongan su posición ante el tribunal. Los fiscales generales que firmaron el documento han solicitado que la Corte considere el recurso promovido por Petersen y Eton Park contra la decisión de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.

En marzo, dicho tribunal había revocado una sentencia de primera instancia que había condenado a la República Argentina a pagar aproximadamente 16.100 millones de dólares en relación con la nacionalización de YPF, que tuvo lugar en 2012. Los demandantes, tras la revocación, recurrieron a la Corte Suprema para que revisara esta decisión, buscando revertir el fallo que consideraron favorable a Argentina.

Fuentes del Gobierno argentino han señalado que consideran que los argumentos presentados por los estados no son aplicables, ya que el caso se basa en el derecho argentino. Además, sostienen que no existen fundamentos que justifiquen que la Corte Suprema acepte revisar el caso, argumentando que el litigio se desarrolla en el marco de la legislación nacional.

Sebastián Maril, de Latam Advisors, explicó que los estados han expresado su preocupación de que el criterio adoptado por el Segundo Circuito podría abrir la puerta para que gobiernos extranjeros eviten decisiones de tribunales estadounidenses. “Los gobiernos de 15 estados y territorios de EE.UU., representados por sus respectivos fiscales generales, presentaron en la Corte Suprema un amicus curiae en apoyo de Petersen y Eton Park contra Argentina en el caso por la expropiación de YPF”, indicó Maril.

Maril añadió que los firmantes del amicus curiae han planteado una inquietud institucional que trasciende el caso argentino. “Advierten que el criterio del Segundo Circuito podría servir de hoja de ruta para que los Estados extranjeros eludan las sentencias de los tribunales estadounidenses mediante la aprobación de leyes internas convenientes para ellos”, concluyó, subrayando la importancia de la decisión para el futuro de litigios similares.

El documento presentado por los estados de Estados Unidos centra su cuestionamiento en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras, conocida como FSIA. Los fiscales argumentan que, según la interpretación de la cámara de Nueva York, un Estado extranjero podría evitar que una reclamación se resuelva en los tribunales federales de Estados Unidos si establece que ese tipo de controversias debe ser litigado ante sus propios jueces.

La postura de los estados se alinea con el planteo principal de Petersen y Eton Park, quienes sostienen que la Corte Suprema debe intervenir para revisar un asunto que, según ellos, involucra los límites de la jurisdicción estadounidense frente a gobiernos extranjeros. En su escrito, solicitan explícitamente que el tribunal acepte el recurso y revoque la sentencia emitida por el Segundo Circuito.

No obstante, esta presentación ha generado un debate sobre el impacto que podría tener como apoyo para los demandantes. Sebastián Soler, abogado y exsubprocurador del Tesoro, cuestionó la efectividad del amicus para convencer a la Corte Suprema de que tome el caso. En primer lugar, destacó la composición política de los firmantes, señalando que "todos los fiscales generales estatales que lo firman son republicanos; solo el de las Islas Marianas es ‘independiente’". Según Soler, la falta de demócratas no es determinante, pero sí debilita la persuasión del documento.

Además, Soler criticó el fundamento jurídico del escrito. A su juicio, los estados describen incorrectamente la resolución del tribunal de apelaciones al afirmar que este habría dejado de ejercer una competencia que la FSIA le otorga debido a la existencia de legislación argentina. "La premisa del argumento es falsa: la Cámara sí ejerció su competencia, pero falló a favor de nuestro país aplicando el derecho de fondo argentino", afirmó Soler.

El abogado añadió que las normas societarias argentinas y la ley general de expropiaciones eran, en su opinión, las reglas pertinentes para resolver una disputa entre accionistas por el presunto incumplimiento del estatuto de una compañía argentina. La discrepancia entre ambas posturas es crucial para el recurso. Mientras que el escrito de los estados presenta el caso como una cuestión de jurisdicción federal y de inmunidad soberana, Soler sostiene que el Segundo Circuito resolvió el conflicto dentro de su competencia y aplicó el derecho sustantivo que correspondía a la relación societaria en discusión.

El abogado recordó que la Corte Suprema de Estados Unidos admite una porción reducida de los recursos que recibe cada año. “La Corte Suprema acepta juzgar muy pocos recursos”, afirmó, y explicó que suele priorizar causas en las que existen criterios divergentes entre tribunales inferiores o se discute un precedente propio en una cuestión federal relevante. Para Soler, una revisión destinada solamente a corregir un presunto error de una cámara de apelaciones es una hipótesis poco habitual, lo que sugiere que la Corte no se involucra frecuentemente en este tipo de revisiones.

De todos modos, el amicus podría tener efectos sobre los tiempos del proceso. “Sí podría suceder que la presentación de este escrito justifique que la Corte solicite la opinión del Solicitor General del gobierno federal antes de resolver si acepta o rechaza tramitar el recurso”, indicó. En ese escenario, la decisión sobre la admisibilidad del caso podría demorarse varios meses, lo que podría afectar el desarrollo del litigio y la estrategia de las partes involucradas.

La causa aún se encuentra en una etapa inicial ante la Corte Suprema. La República Argentina y YPF tienen plazo hasta el 2 de diciembre para presentar sus escritos de oposición al recurso de Petersen y Eton Park y responder a las presentaciones de terceros que lo respaldan. Maril anticipó que el mapa de apoyos todavía puede cambiar: por el momento, informó que había un amicus a favor de la Argentina y cinco en favor de Petersen y Eton Park, aunque prevé nuevas presentaciones en defensa de la posición nacional, lo que podría alterar el equilibrio de apoyos en el caso y generar un impacto en la percepción pública y política del litigio.

Una vez recibidas esas respuestas, la Corte deberá decidir si concede el recurso. Si lo rechaza, quedará firme la decisión del Segundo Circuito; si lo acepta, el litigio por la expropiación de YPF abrirá una nueva instancia ante el máximo tribunal de Estados Unidos. Esta decisión podría tener repercusiones significativas tanto para la Argentina como para los inversores involucrados en el caso, ya que podría sentar un precedente importante en cuestiones de expropiación y derechos de los inversores.

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Fuente original: Infobae Economía.