La disputa por el Tribunal Constitucional en Polonia intensifica la crisis política

Este martes por la tarde, el Tribunal Constitucional (TK), la máxima instancia judicial de Polonia, se prepara para llevar a cabo una asamblea general en medio de una aguda crisis política. Sin embargo, la posibilidad de que esta asamblea logre tomar decisiones es incierta, dado que no se garantiza el quórum necesario para ello. La situación actual en torno a la más alta jurisdicción del país se remonta a 2015, cuando los nombramientos de jueces comenzaron a estar marcados por la política, lo que ha comprometido la independencia del tribunal. Desde entonces, el gobierno del partido Ley y Justicia (PiS) ha designado a jueces con afinidades políticas, cuya legitimidad es cuestionada tanto por la Unión Europea como por el actual primer ministro, Donald Tusk, quien representa a la centroderecha. La lucha por el control del tribunal refleja una disputa más profunda sobre el Estado de derecho y el rumbo político de Polonia.

La crisis se intensificó de manera abrupta el pasado viernes, cuando la policía antidisturbios tomó el control de las instalaciones del tribunal para impedir el acceso. En este contexto, el ministro de Justicia, que también actúa como fiscal general, solicitó el levantamiento de la inmunidad del presidente Nawrocki, quien fue designado por el PiS. Además, una magistrada recién nombrada por la actual mayoría anunció su intención de asumir la presidencia interina del tribunal tras la suspensión de Bogdan Święczkowski. Este conflicto entre el primer ministro Tusk, que busca implementar reformas en el tribunal, y el presidente Nawrocki, plantea interrogantes sobre las implicaciones de esta lucha por el control del sistema judicial en Polonia. La situación es un reflejo de las tensiones políticas que afectan al país y su relación con la Unión Europea.

Se está presenciando un nuevo choque que no involucra únicamente a dos grupos, ya que en realidad se trata de un bloque conservador y otro ultraconservador. En el bloque conservador se encuentra el actual primer ministro, Donald Tusk, quien cuenta con una amplia trayectoria en cargos de responsabilidad dentro de la Unión Europea. Por otro lado, está la herencia dejada por la presidencia de Jarosław Kaczyński, así como la influencia que ha ejercido su partido en el sistema judicial del país durante muchos años. Desde 2015 hasta 2023, Kaczyński ha trabajado en la creación de un órgano judicial supremo, como lo es el Tribunal Constitucional, adaptado a los intereses de su formación ultraconservadora. La situación actual representa una nueva versión de este tipo de conflicto.

Desde que asumió como primer ministro, Tusk ha estado intentando renovar parte del poder judicial, que se encuentra profundamente arraigado y diseñado, como se ha mencionado, según los intereses ultraconservadores de un partido que ha dominado la política polaca durante un largo período. Esta disputa no solo ha generado confrontaciones internas, sino que también ha llevado a enfrentamientos directos con el marco jurídico comunitario y con el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en múltiples ocasiones. En 2017, el TJUE ya había cuestionado en varias sentencias al Tribunal Constitucional polaco, puesto que este se colocaba por encima del derecho interno polaco en relación con la jerarquía judicial de la UE y el ordenamiento jurídico comunitario. Esta situación es evidentemente contraria al derecho comunitario y, en particular, al derecho primario, que se basa en los Tratados de la Unión Europea. Se ha llegado a un punto crítico en el que se cuestiona la validez de las sentencias del TJUE, priorizando las decisiones del Tribunal Constitucional polaco sobre las normativas europeas.

La situación ha generado un clima de tensión en el que las instancias judiciales de la Unión Europea han manifestado su rechazo a las acciones de la justicia polaca, lo que ha llevado a un enfrentamiento más amplio entre las autoridades polacas y las instituciones comunitarias.

La Comisión Europea, en un momento determinado, se vio obligada a aplicar el artículo 7 contra uno de los Estados miembros, imponiendo sanciones diarias de un millón de euros a Polonia, además de bloquear los fondos estructurales y de ayuda. Recientemente, estos fondos fueron recuperados por Donald Tusk, quien asumió el compromiso de revisar los parámetros que Polonia debe cumplir como Estado de derecho dentro de la Unión Europea. Según el ordenamiento jurídico comunitario y el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Polonia no cumplía con los estándares requeridos en cuanto a la imparcialidad del poder judicial.

RFI pregunta si esto se debe a que Polonia ha adquirido compromisos con la UE en materia jurídica. La respuesta es afirmativa. Polonia, como Estado miembro de la Unión Europea, está obligada a cumplir con los parámetros de un Estado democrático y de derecho, lo que incluye, fundamentalmente, la división de poderes y la independencia del poder judicial, que debe estar libre de influencias políticas y de los intereses de determinadas fuerzas políticas. Sin embargo, en los últimos años, esta independencia ha sido claramente vulnerada tanto por el Tribunal Constitucional en Polonia como por el partido político mayoritario, el PiS, en el ámbito del poder ejecutivo.

Se ha evidenciado una porosidad que no debería existir entre los nombramientos realizados por el Ejecutivo y los miembros del Tribunal Constitucional, lo que ha permitido la defensa de intereses partidistas. Esta situación ha sido provocada por los gobiernos y administraciones políticas anteriores. En este contexto, la intervención de las autoridades de la Unión Europea, que podría considerarse una intromisión, tiene su justificación.

RFI también menciona que Tusk parece haber hecho un esfuerzo significativo para cambiar esta situación. Es cierto que hay aspectos relacionados con hechos recientes, desde finales de la semana pasada, que pueden ser muy cuestionables tanto desde el punto de vista jurídico interno como desde la perspectiva constitucional de Polonia.

La decisión de la jueza Anna Korwin-Piotrowska de anunciar la suspensión del presidente del Tribunal Constitucional y del vicepresidente ha generado numerosas críticas y cuestionamientos en Polonia. Se pone en duda la legitimidad de su actuación, ya que se considera que no debería asumir este tipo de competencias. Según el estatuto del Tribunal Constitucional, en situaciones como esta, la responsabilidad recaería en el juez o jueza de mayor antigüedad. Sin embargo, en el caso de Korwin-Piotrowska, su trayectoria en órganos judiciales no coincide con el tiempo que ha estado como miembro del Tribunal Constitucional, lo que plantea serias dudas sobre la validez de su intervención en este asunto. Además, la controversia se intensifica al considerar que su decisión podría tener un impacto significativo en la estabilidad del sistema judicial polaco.

Fuente original: RFI Español.