El Gobierno argentino presenta su agenda de desregulación en España

Desde Madrid, el secretario de Desregulación de la Nación, Alejandro Cacace, presentó la hoja de ruta del Gobierno argentino destinada a reducir normas, reorganizar áreas estatales y acelerar reformas económicas. Durante su intervención en la Conferencia Internacional de Banca 2026, que tuvo lugar en la Ciudad Financiera del banco Santander en Boadilla del Monte, Cacace afirmó: “Hay cosas que simplemente tienen que desaparecer”. Este encuentro reunió a destacados representantes de gobiernos, empresas y bancos, quienes debatieron sobre inversiones, innovación, productividad y estabilidad económica en el contexto de los cambios tecnológicos y geopolíticos.

Cacace destacó que la política de desregulación impulsada por la administración de Javier Milei requiere de decisiones rápidas, un programa que se había delineado antes de su llegada al Gobierno y un proceso paralelo de estabilización fiscal, monetaria y financiera. En este sentido, el mandatario argentino tiene previsto llegar a España mañana para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno. Este será su octavo viaje al país desde que asumió la Presidencia, y se produce apenas dos semanas después de su última visita, que generó controversia por sus declaraciones críticas hacia el presidente español, Pedro Sánchez. Hasta el momento, no se han confirmado encuentros privados con el rey Felipe VI, quien será el anfitrión de la cumbre y con quien Milei no pudo reunirse en su visita anterior.

“Cuando se tiene ese sentido de urgencia y se ve lo que se tiene delante, se comprende que hay algunas cosas que no tienen ningún sentido de existir”, expresó Cacace, quien agregó: “Simplemente tienen que desaparecer”. En cuanto a los avances en libertad económica, el secretario indicó que Milei se ha propuesto convertir a Argentina en el país con mayor libertad económica del mundo. Para evaluar el progreso en este ámbito, el Gobierno utiliza como referencia el índice de libertad económica de The Heritage Foundation. Según Cacace, Argentina ocupaba el puesto 146 al inicio de la gestión, avanzando al 126 durante el primer año y al 106 en el segundo. “Somos el país que más avanzó en esa clasificación en el mundo”, concluyó.

El funcionario destacó que el Gobierno lleva un registro de las normas que han sido eliminadas, derogadas o modificadas, aunque enfatizó que el indicador más relevante es el impacto que estas acciones tienen sobre los mercados. Señaló que la administración nacional ha intervenido en aproximadamente 18.000 disposiciones y que el país contaba con cerca de 1 millón de regulaciones, que incluyen 700.000 decretos presidenciales, 200.000 resoluciones ministeriales y 30.000 leyes.

Según Cacace, esta acumulación normativa incrementaba los costos administrativos, generaba incertidumbre tanto para ciudadanos como para empresas y, en ciertos casos, resultaba en la aplicación de reglas que ya habían sido derogadas.

Para ilustrar el enfoque del Gobierno, Cacace mencionó tres casos específicos. En primer lugar, destacó que la flexibilización del mercado energético permitió que Argentina pasara de un déficit comercial de USD 4.000 millones a un superávit de aproximadamente USD 10.000 millones en un período de dos años.

También se refirió al mercado de la yerba mate, indicando que tras la desregulación de este sector, los precios se redujeron en un 40% y las exportaciones aumentaron en un 30%. En lo que respecta al mercado de alquileres, Cacace afirmó que la eliminación de los controles de precios llevó a que la oferta en la ciudad de Buenos Aires se cuadruplicara en dos años.

El secretario caracterizó a las pequeñas y medianas empresas, así como a productores y emprendedores que se encuentran alejados de los centros de decisión, como “las víctimas” de las regulaciones administrativas que el Ejecutivo busca revisar.

En este contexto, resaltó el funcionamiento de la plataforma "Reportá la burocracia", que permite a ciudadanos y empresas informar sobre regulaciones que afectan sus actividades. Cacace mencionó que el sistema ha recibido 17.000 reportes y que varias decisiones de desregulación han surgido a partir de estas presentaciones.

Un ejemplo que citó fue el de un productor de Mendoza que exportaba ajo a Corea del Sur para la elaboración de puré, pero que debía cumplir con requisitos relacionados con el tamaño del producto. A raíz de este planteo, el Gobierno identificó un decreto de 1935 que regulaba la actividad frutihortícola y decidió eliminarlo, según lo relató el funcionario.

Asimismo, recordó un permiso necesario para la importación de bienes de capital usados, cuyo trámite demoraba, en promedio, 84 días, y alrededor de una quinta parte de las solicitudes era rechazada. Cacace cuestionó que este mecanismo otorgara discrecionalidad al Estado y afirmó que la decisión fue suprimirlo, en lugar de limitarse a digitalizarlo o acortar sus plazos.

“Modernizar, simplificar o digitalizar algo inútil no deja de ser inútil”, concluyó el funcionario.

Cacace estableció una conexión entre la agenda de desregulación y la reforma del Estado, mencionando que el Gobierno ha reducido el número de ministerios de 20 a ocho, además de haber recortado más de un tercio de las secretarías, subsecretarías y organismos directivos.

El secretario indicó que la administración federal ha disminuido su plantilla de empleados públicos, pasando de 340.000 a menos de 270.000, lo que representa una reducción cercana al 20%. Explicó que en ciertos casos, el Ejecutivo optó por modificar la estructura de organismos que se oponían a los cambios regulatorios, mientras que en otros casos se decidió su eliminación.

“Si la burocracia se resiste, puede ser eliminada también”, afirmó Cacace, quien agregó que, de lo contrario, la burocracia se opone al cambio y actúa como si tuviera autoridad por encima de las autoridades democráticas.

Al concluir su intervención, Cacace sintetizó la experiencia del Gobierno en tres puntos clave: contar con un plan previo, acompañar la desregulación con estabilidad macroeconómica y evaluar si cada intervención estatal tiene una utilidad concreta.

En este sentido, retomó parte de lo expuesto por la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien había destacado anteriormente a Argentina como un ejemplo de disciplina fiscal. Georgieva sostuvo que el país está sentando las bases para el crecimiento y la estabilidad macroeconómica y financiera.

En otras noticias, se reveló que una entrevista de trabajo falsa, junto con meses de preparación y la participación de Corea del Norte, fueron factores clave en el hackeo de Binance, donde se robaron USD 6.300 millones en criptoactivos. La investigación preliminar de la empresa indicó que hubo acciones de “ingeniería social” para engañar a sus empleados y acceder a los sistemas de la plataforma.

Además, se informó sobre los cambios que se implementarán en los peajes en Argentina a partir del 1° de enero próximo. Las estaciones están migrando a sistemas automáticos de pago, eliminando el cobro manual, aunque se ofrecerán varios métodos digitales y el sistema TelePASE, que tiene cobertura nacional.

Por otro lado, se lanzó el primer fondo que permite invertir en todas las acciones del índice Merval con una única inversión. Este martes se presentó el ETF del índice líder de la Bolsa porteña, que permite comprar y vender fondos con cotizaciones del mercado como si fueran acciones, lo que en la práctica equivale a invertir en las 19 compañías que lo componen.

Finalmente, Carlos Maslatón expresó: “Vivimos en una mentira financiera permanente por culpa de Caputo y Milei”, reflejando su opinión sobre la situación económica actual.

El analista expresó su crítica hacia el programa económico implementado por Javier Milei, señalando que prevé una depreciación del peso argentino. Además, estimó que la corrección económica que se está llevando a cabo se prolongará hasta noviembre de 2027.

En Paraguay, se ha desatado un escándalo relacionado con la intervención del Ueno Bank, que ha llevado al congelamiento de los depósitos del Instituto de Previsión Social y del Ministerio de Economía. Estas instituciones son los principales clientes de la entidad financiera, que era dirigida por el actual presidente del Banco Central. A pesar de haber presentado su renuncia, este último indicó que continuará en su puesto mientras se lleva a cabo la investigación.

Fuente original: Infobae Economía.