Yolanda Díaz propone un aumento del salario mínimo del 4,9% para 2027

El Ministerio de Trabajo está trabajando en la implementación de un aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) del 4,9% para el año 2027, tras recibir las recomendaciones de la Comisión Asesora. Este incremento significaría un aumento de 60 euros al mes, llevando el salario mínimo a 1.281 euros mensuales en catorce pagas, en comparación con los 1.221 euros actuales. En términos anuales, esto representaría un incremento total de 837 euros, alcanzando un bruto de 17.931,62 euros para el año 2027.

Según fuentes oficiales, el Ministerio, bajo la dirección de la vicepresidenta Yolanda Díaz, comenzará este miércoles las reuniones con las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, así como con los sindicatos UGT y CCOO, para ajustar la cifra propuesta. Es importante señalar que la decisión final sobre el aumento es competencia del Gobierno, y que la mesa de negociación con los agentes sociales tiene un carácter meramente consultivo. De confirmarse el aumento en los términos sugeridos por la Comisión Asesora, el salario mínimo habría crecido un 74% desde 2018, cuando se encontraba en 735,9 euros al mes.

La recomendación de los expertos también resuelve una de las dudas planteadas al recibir el encargo: cuál sería el indicador de inflación utilizado para determinar el aumento. En este caso, el 4,9% se corresponde con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en los meses de septiembre y octubre, y no con la inflación media anual, que en octubre se situó en el 3,53%. Cabe recordar que el mandato dado a los expertos permitía que el aumento superara el nivel del IPC medio anual, al solicitar que se considerara el impacto de la subida de precios en los hogares más vulnerables. La decisión de utilizar el IPC de los últimos meses refleja una preocupación por la situación económica de los sectores más desfavorecidos, que han sentido con mayor intensidad el efecto de la inflación.

Es importante recordar que en incrementos salariales anteriores, esta revalorización no había estado relacionada con la evolución de la inflación, sino que se había fijado como objetivo alcanzar el 60% del salario medio, en cumplimiento del precepto de la Carta Social Europea, que establece que las rentas mínimas de trabajo deben situarse en ese nivel. Considerando que las subidas salariales acordadas por convenio se encuentran en un promedio del 3% y que los costos salariales han aumentado un 4% al cierre del segundo trimestre, según datos del INE, ambos indicadores apuntarían a un incremento menor al que finalmente han propuesto los expertos.

En este contexto, la negociación con las organizaciones empresariales y los sindicatos parece tener pocas posibilidades de éxito. La CEOE ha manifestado su rechazo a que el Gobierno apruebe el real decreto de aumento del salario mínimo antes de las elecciones generales programadas para el 29 de noviembre. Esto es aún más relevante si se considera que en años anteriores, esta subida se ha retrasado incluso hasta finales de febrero del año en curso, lo que ha llevado a establecer el carácter retroactivo de la revalorización. Sin embargo, según fuentes del Ministerio de Trabajo y lo que ha reconocido el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la intención del Ejecutivo es aprobar el decreto antes de que se celebren las elecciones.

"Es increíble que el Gobierno ha utilizado el poder que tiene en plena campaña electoral para actuar de una manera que nosotros no entendemos", criticó recientemente el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Además, es relevante señalar que, al tratarse de un real decreto, no es necesario que el texto pase por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, lo que le permitiría tener efecto inmediato a partir del 1 de enero de 2027.

En una línea similar, el vicepresidente de la CEOE y presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha solicitado al Gobierno que considere "la opinión de los que pagan los salarios" al abordar el aumento del salario mínimo. Es importante recordar que de todos los incrementos realizados desde 2019, cuando se produjo el más significativo, del 22%, la patronal solo ha respaldado el aumento de 2020, cuando el salario mínimo pasó de 900 a 950 euros mensuales, lo que representó un incremento del 5,56%.

Se espera con interés la reacción de los sindicatos ante la recomendación de los expertos, que suele ser el indicador utilizado por el Gobierno para llevar a cabo la subida del salario mínimo. En las últimas semanas, UGT y CCOO han elevado su demanda hasta el 7%, en respuesta al notable aumento de la inflación registrado en los últimos dos meses. Este incremento en la solicitud de los sindicatos refleja su preocupación por el impacto del costo de vida en los trabajadores, lo que podría influir en la decisión final del Gobierno respecto a la subida del salario mínimo.

Además, las organizaciones sindicales han establecido como condición esencial para respaldar nuevas medidas del Ministerio de Trabajo la aprobación del endurecimiento del registro horario, que se preveía para septiembre, pero que ahora parece retrasarse en el contexto preelectoral. También exigen la prohibición de que las subidas del salario mínimo sean absorbidas por pluses y complementos. Este último aspecto ya había sido incluido en el acuerdo de incremento del salario mínimo para 2026. Sin embargo, la inclusión de esta prohibición de absorción se ha complicado debido a la transposición de la Directiva europea sobre salarios mínimos, lo que ha llevado a que la normativa que contempla dicha prohibición se haya ido postergando. La situación actual genera incertidumbre sobre cómo se implementarán estas medidas y cuál será el impacto en los trabajadores y en la economía en general.

Fuente original: Expansión (España).