Enjuiciamiento a Urribarri en Entre Ríos por enriquecimiento ilícito

Este jueves, el juez Budassof dispuso el enjuiciamiento de Sergio Urribarri, exgobernador peronista de Entre Ríos, quien deberá enfrentar el proceso judicial en 2027. Urribarri es acusado de un presunto enriquecimiento ilícito que supera los siete millones de dólares. Este hecho representa un desafío para el peronismo entrerriano, que se prepara para las elecciones de 2027 en un contexto donde su exgobernador se verá envuelto en un proceso judicial que podría tener repercusiones en la imagen del partido. La causa se suma a otros problemas judiciales que enfrenta el peronismo en la provincia.

La acusación detalla un amplio espectro de consumos que habrían realizado Urribarri y su familia, que incluye viajes a destinos internacionales como París, Venecia, Cerdeña, Atenas, Madrid, Londres, Río de Janeiro, Natal, Cancún, Miami y Nueva York. Además, se menciona la adquisición de vehículos de alta gama, un departamento en Puerto Madero, un reloj Rolex para su esposa, y una escultura de 45 kilos que fue traída desde Italia. También se registran consumos realizados con tarjetas de crédito y otros gastos que se consideran excesivos y no justificados. Estos detalles son parte de la evidencia que la fiscalía presentará en el juicio, y reflejan un estilo de vida que contrasta con los ingresos declarados por Urribarri durante su gestión.

Actualmente, Urribarri se encuentra detenido en la unidad penal de Gualeguaychú, donde cumple una condena por delitos de corrupción. En este nuevo juicio, enfrenta un pedido de pena de cinco años y seis meses de prisión, así como el pago de una multa millonaria que podría agravar su situación financiera. No estará solo en el banquillo de los acusados, ya que lo acompañará Diego Armando Cardona Herreros, un empresario paraguayo y titular de Relevamientos Catastrales SA. Esta empresa fue proveedora de software durante la administración de Urribarri y se le acusa de haberle prestado su infraestructura para disimular su crecimiento patrimonial y gestionar sus fondos y bienes. La colaboración entre ambos es un punto clave en la acusación, que busca demostrar cómo se habría orquestado un esquema para ocultar el verdadero origen de los recursos de Urribarri.

El juez Mariano Budasoff decidió el jueves pasado remitir la causa a juicio. Ahora corresponde que la Oficina de Gestión de Audiencias, que está bajo la órbita del Superior Tribunal de Justicia (STJ), establezca la fecha y realice el sorteo del tribunal que llevará a cabo un debate oral y público. Este proceso judicial se desarrollará, presumiblemente, en medio del ciclo electoral de 2027.

Budasoff accedió a la solicitud de la fiscalía y envió la causa a juicio. Además, Urribarri enfrenta otra acusación por haber favorecido la contratación de Relevamientos Catastrales, la empresa de Cardona Herreros, para el desarrollo e implementación de un software en diversas dependencias de la administración pública. En esta causa, se solicita una condena de diez años de prisión. Esta segunda causa también ha avanzado hacia la etapa de remisión a juicio, por lo que ambas se unificarán y se llevará a cabo un único debate, cuya fecha aún está por determinar.

La acusación sostiene que, durante su mandato como gobernador de Entre Ríos, Urribarri habría experimentado un aumento desproporcionado e injustificado de su patrimonio, que los fiscales cuantificaron en 11.546.772,05 pesos, 7.245.441,02 dólares y 16.300 euros. Estas cifras provienen de un informe pericial contable elaborado por Romina Stepanic Pouey, técnica del Poder Judicial, y Cristian Dumé, perito del Ministerio Público Fiscal.

La imputación también indica que el exgobernador habría utilizado a Cardona Herreros y Rubén Ángel Martínez, quien resolvió su situación mediante un juicio abreviado, admitió su responsabilidad y acordó una pena de prisión condicional, para ocultar la adquisición de bienes y servicios y disimular su verdadero patrimonio.

En la audiencia, el fiscal Badano expuso que “hubo numerosas operaciones vinculadas a la compra de productos y servicios usando como intermediario a Cardona Herreros” y añadió que “los beneficiarios fueron Urribarri y sus familiares: viajes, relojes, inmuebles, vehículos”. Por ejemplo, en las oficinas de Relevamientos Catastrales se encontraron cajas fuertes destinadas a Urribarri, y personal de esa empresa realizó operaciones en su nombre y el de su familia.

El empresario paraguayo Diego Cardona Herreros, descrito como un hombre de anteojos, es acusado de facilitar la infraestructura necesaria para ocultar bienes y fondos del exgobernador.

La información fue obtenida a partir de allanamientos realizados en las oficinas de la empresa y del análisis de correos electrónicos, específicamente a través de la cuenta “ayolas09”, así como de intercambios de WhatsApp. En estos registros se documentaron cotizaciones, consumos, compras y diversas gestiones relacionadas con los gastos de Urribarri y su familia. Un patrón recurrente en estos documentos es el uso de siglas para identificar a los involucrados, como SDU (Sergio Daniel Urribarri), DAC (Diego Armando Cardona) o PU (Pato Urribarri).

En los registros de Relevamientos Catastrales se han asentado todos los gastos, incluyendo los consumos cotidianos de la familia, tales como la adquisición de cables HDMI, teléfonos celulares y el pago de servicios de limpieza.

La defensa de Urribarri, representada por el abogado Miguel Ángel Cullen, ha expresado críticas hacia la investigación y ha solicitado la realización de una pericia contable independiente que involucre a profesionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Asimismo, José Velázquez, defensor de Cardona Herreros, también ha manifestado su desacuerdo, pidiendo la intervención de peritos oficiales para analizar los dispositivos electrónicos que fueron secuestrados en las oficinas del empresario paraguayo, los cuales son considerados una pieza clave en la acusación.

Las pericias son un elemento fundamental en la defensa de Urribarri. Según sus defensores, la acusación confunde los patrimonios de todos los miembros de la familia, contabilizando únicamente los ingresos del exgobernador, lo que lleva a que soliciten que se aclare su situación financiera.

En este contexto, han insistido en que se separen los gastos específicos realizados por Urribarri entre 2007 y 2015, excluyendo los consumos de otros integrantes del grupo familiar.

En esta línea, argumentan que una parte considerable de los ingresos que el Ministerio Público Fiscal considera injustificados provienen de la carrera deportiva del hijo del exgobernador. “Bruno Urribarri es un jugador de fútbol profesional, con ingresos superiores a la media, ingresos más abultados que el común de la gente; jugó en Europa y en los dos clubes más grandes del país”, destacó Cullen. Por esta razón, se ha convocado a declarar como testigos a dirigentes de River Plate, Boca Juniors, Argentinos Juniors, así como a otros jugadores que compartieron equipos con Bruno Urribarri en Grecia.

Cullen afirmó que "lo único que se hizo acá fue sumar y sumar montos que no se condicen con la prueba de la investigación penal preparatoria, sino que responden a una idea y voluntad del Ministerio Público Fiscal de sostener una acusación contra Urribarri". Esta declaración resalta la postura de la defensa en el caso del exgobernador de Entre Ríos.

Con las cartas echadas, Sergio Urribarri se prepara para enfrentar nuevamente el banquillo de los acusados en 2027. Este proceso judicial se anticipa como un factor determinante en la agenda electoral de Entre Ríos, donde la corrupción será un tema central en la campaña.

La Corte Suprema de Justicia ha dejado firme la condena contra Urribarri, lo que complica aún más su situación. El peronismo de Entre Ríos se encuentra en una encrucijada, ya que la figura de Urribarri y las acusaciones de corrupción podrían influir en la dinámica electoral de 2027.

En el contexto político actual, el peronismo enfrenta desafíos significativos, especialmente con el trasfondo de la corrupción que podría afectar su imagen ante los votantes. Las elecciones del próximo año se perfilan como un momento crítico para el partido en la provincia.

Entre las noticias más leídas, se destaca el tropezón de Donald Trump y las caídas de Jair Bolsonaro y Enrique Peña Nieto, lo que ha llevado a Patricia Bullrich a ilusionarse con su plan B. Además, se menciona quién es quién en el ente de la ciudad de Buenos Aires que controlará los contratos de la basura y el subte, así como la incorporación de Oscar Ahumada a Hechos por parte de Santiago y Manuel Passaglia.

También se resalta la lección que deja Trump, con un enfoque en el "metro cuadro", y el escándalo en torno a Ueno, donde la CPAC, un foro ultra, fue el escenario en el que Javier Milei elogió el modelo de Paraguay. En otro ámbito, Martín Pérez ha lanzado un plan de viviendas en Río Grande con aportes privados, mientras que Arjol ha decidido archivar su vínculo con La Libertad Avanza y explorar nuevas alianzas en Misiones. Por último, Javier Milei ignora el reclamo de la Iglesia y mantiene congelada la ley de ludopatía, en medio de una creciente tensión en Unidos, donde el socialismo ha criticado a funcionarios del PRO por las leyes de seguridad.

Fuente original: Letra P Política.