Lanzan plataforma sobre embarcaciones pesqueras en el Mar Argentino

Las organizaciones ambientalistas Círculo de Políticas Ambientales y Sin Azul No Hay Verde han lanzado una plataforma informativa dedicada a las embarcaciones pesqueras argentinas. Esta iniciativa tiene como objetivo “visibilizar” la necesidad de establecer un registro nacional oficial, completo y actualizado de estas embarcaciones. La plataforma puede ser consultada en el sitio web https://registroflotapesquera.org y contiene información sobre los barcos, sus propietarios o armadores, permisos de pesca, autorizaciones de captura, cuotas y un historial de sanciones, cuando estas existan.

Ambas organizaciones señalaron que el registro proporciona acceso a información “que el Estado se niega a publicar” y busca “contribuir a la transparencia de una actividad estratégica para el país”, además de poner de manifiesto una deuda pendiente. A pesar de que la Subsecretaría de Pesca recopila y gestiona estos datos, Argentina aún no cuenta con un registro nacional oficial, integral y actualizado que sea de consulta pública en línea.

Según la información a la que las ONGs pudieron acceder, actualmente operan en el Mar Argentino 520 buques registrados. De estos, 80 (15,4%) son “poteros”, autorizados exclusivamente para la pesca de calamar; 86 son buques “tangoneros”, con autorización exclusiva para la captura de langostino; y 162 (32% del total) cuentan con “cuota individual y transferible de captura” (CITC) de merluza común. Estas tres especies representaron en 2025 más del 85% de las exportaciones pesqueras de Argentina, que superaron los USD 2.000 millones.

En cuanto a las características de las embarcaciones, se detalla que 270 de ellas (52% del total) son buques “fresqueros”, cuya captura es procesada posteriormente en plantas terrestres. Por otro lado, 204 (39%) son buques con “congeladores”, que cuentan con plantas de congelamiento y, a menudo, de procesamiento a bordo, lo que les permite realizar “mareas” (salidas) de pesca más prolongadas y alejadas de la costa. Además, hay aproximadamente 7 buques de tipo “mixto”, y sobre otros 39 (8% del total) las organizaciones no pudieron obtener información del estado argentino.

Los buques congeladores, que superan los 100 metros de eslora, constituyen la parte más grande de la flota pesquera. Según el registro, la flota autorizada para operar en la Zona Económica Exclusiva, conocida como “Mar Argentino”, tiene una eslora promedio de 36,5 metros. Esta cifra incluye desde pequeñas embarcaciones de pesca casi artesanal, que miden 9,6 metros, hasta “buques factoría” o congeladores que alcanzan casi 113 metros de longitud.

Esta información es considerada necesaria e importante por CPA y SANHV, quienes señalan que Argentina “es hoy una excepción en la región”. En países como Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay y otros de América Latina, existen registros públicos en línea sobre sus flotas pesqueras. En contraste, en Argentina, acceder a esta información requiere presentar solicitudes formales de acceso a la información pública, las cuales no siempre son respondidas de manera oportuna.

La falta de transparencia, subrayan, tiene consecuencias concretas: dificulta la identificación de vínculos entre operadores y actividades de pesca ilegal, y limita la capacidad de la ciudadanía, los medios de comunicación y la academia para realizar un seguimiento independiente de un sector que exporta el 97% de su producción.

La plataforma fue desarrollada a partir de múltiples solicitudes de acceso a la información, un mecanismo que presenta limitaciones, como respuestas parciales, demoras y datos que no se actualizan. “Es una demostración de que si la sociedad civil, con recursos limitados, pudo construir este registro, no hay razón para que el Estado —quien produce y administra estos datos— no pueda hacerlo mejor, de forma oficial, completa y actualizada”, afirmaron.

“Hacer pública esta información no es solo poner datos a disposición de la ciudadanía: es distribuir la capacidad de control. Hoy el Estado administra el recurso, asigna los derechos de pesca y concentra toda la información para verificar esas decisiones. Nadie más puede controlar”, enfatizó Consuelo Bilbao, directora del Círculo de Políticas Ambientales.

Juan Coustet, de Sin Azul No Hay Verde, expresó: “Exportamos más de 2.000 millones de dólares por año a partir de un recurso que es de todos los argentinos, y sin embargo nadie puede saber con facilidad quién lo explota, con qué derechos y bajo qué condiciones, lo cual hace imposible no preguntarse: ¿Quiénes se benefician con esta opacidad?”.

Las organizaciones señalaron que en la Cámara de Diputados se está considerando el proyecto de ley Expediente 2585-D-2026, el cual busca modificar el artículo 41 de la Ley Federal de Pesca. Esta modificación tiene como objetivo que los datos del Registro de la Pesca sean accesibles al público, en formatos abiertos y con actualizaciones periódicas. “El Registro de la Pesca ya existe. No le estamos pidiendo al Estado que produzca información nueva, sino que publique la que ya tiene. El proyecto está en el Congreso: falta la decisión política”, expresó Bilbao.

Ambas organizaciones enfatizaron que la plataforma no tiene la intención de sustituir las funciones del Estado, sino que busca demostrar la viabilidad de reunir y publicar información relevante sobre la flota pesquera. Su objetivo es presionar a las autoridades nacionales para que asuman la responsabilidad de crear y mantener un registro oficial que sea público, completo, actualizado y de acceso permanente.

El riesgo país de Argentina se posiciona como el segundo más elevado de América Latina, superando más de cuatro veces el promedio de la región y multiplicando por más de siete el indicador de Paraguay. Este indicador ha experimentado un aumento de más de 500 puntos desde julio, alcanzando su nivel más alto desde las elecciones legislativas de octubre de 2025. Las razones detrás de este fenómeno son objeto de análisis.

Mientras tanto, los plazos fijos están perdiendo valor frente a la inflación, lo que ha llevado a que las empresas logren acceder a créditos a tasas más bajas en comparación con los consumidores. En este contexto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha defendido su estrategia de mantener tasas de interés reales negativas para los ahorristas. De esta manera, coexisten tres realidades: los depósitos que se ven afectados por la inflación, el financiamiento más accesible para emprendedores y el costo elevado de los créditos para las familias.

Además, se está desarrollando una disputa entre el ministro de Economía, Nicolás Caputo, y los gobernadores, la cual podría transformar el panorama de los impuestos provinciales. La propuesta de Caputo de eliminar el Impuesto a los Sellos ha generado descontento en varios mandatarios, quienes exigen que se amplíe la discusión a otros tributos no coparticipables antes de avanzar en cualquier acuerdo fiscal que busque reactivar la economía. Se están considerando otras medidas en este marco.

En el marco de la creciente competencia en el sector del acero, se llevará a cabo un debate entre productores latinoamericanos.

El encuentro se centrará en estrategias para hacer frente a la presión y la competencia desleal que representa China.

Durante el "Alacero Summit 2026", que se llevará a cabo en México, se reunirán empresas de Argentina y de otros países de la región para discutir cuestiones como la sobrecapacidad global y el futuro de la cadena de valor. En el año 2025, las importaciones alcanzaron el 43,5% del consumo regional, marcando el nivel más alto registrado en la serie histórica. Los temas a tratar incluirán producción, geopolítica y tecnología, abarcando desde la inteligencia artificial hasta el acero libre de emisiones.

La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) confirmó que ha recibido la denuncia presentada por el abogado Dalbón en relación con las operaciones de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El organismo estadounidense indicó que registrará la presentación sobre las reservas y Deutsche Bank, aunque advirtió que no revelará información sobre posibles acciones internas que puedan derivarse de esta denuncia.

Fuente original: Infobae Economía.