Condenan a dirigente de Camioneros por extorsión en bloqueo a Rey Distribución

La jueza del Tribunal en lo Criminal N° 2 de San Nicolás, María Elena Baquedano, dictó este viernes una condena de cuatro años de prisión al dirigente del Sindicato de Camioneros, Fernando Espíndola, por su participación en un bloqueo a la empresa Rey Distribución. Este episodio, que tuvo lugar en 2021, también incluyó la extorsión a los propietarios de la pyme ubicada en San Pedro. La sentencia se produce un mes después de que el juez Alejandro López absolvió a Espíndola y a otros seis imputados por el mismo bloqueo.

La decisión de Baquedano concluyó un proceso judicial que se extendió durante cinco años y que acumuló 21 cuerpos de expediente. La condena se enmarca dentro de un juicio abreviado acordado a principios de septiembre, donde las partes llegaron a un consenso sobre la calificación y la pena, sin que esto implicara una confesión de culpabilidad por parte de Espíndola. A pesar de la condena, se espera que el dirigente continúe en libertad, ya que fue excarcelado el 23 de octubre, tras la absolución de Maximiliano Cabaleyro, líder del Sindicato de Camioneros local, y otros seis imputados por el bloqueo.

Según el diario El Norte de San Nicolás, la jueza Baquedano fundamentó la excarcelación de Espíndola en el artículo 169, inciso 6, del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, que permite la liberación cuando el tiempo de detención cumplido podría dar lugar a una libertad condicional o asistida en caso de una condena. El 14 de octubre, el juez López había absuelto a Cabaleyro, desestimando la solicitud de la fiscalía que pedía una condena de diez años de prisión efectiva, así como la inhabilitación para ejercer cargos públicos y la revocación del arresto domiciliario. También se rechazó el pedido de la familia Rey, que solicitó que la pena se elevara a quince años.

La sentencia de López eximió de responsabilidad a los implicados en la protesta, que se desarrolló durante cinco días e incluyó amenazas y hostigamiento. A pesar de que el juez reconoció que el bloqueo impidió el acceso a la empresa y causó pérdidas millonarias, lo consideró un “legítimo ejercicio de un derecho”, lo que ha generado controversia en torno a la interpretación de la legalidad de tales acciones.

El caso se centra en Rey Distribución, una empresa familiar ubicada en San Pedro, cuyos dueños, los hermanos Gustavo y Ariel Rey, denunciaron que desde 2017 pagaron mensualmente sumas equivalentes al salario de un empleado —que en 2021 ascendían a aproximadamente $ 20.000— para evitar que el sindicato interrumpiera sus operaciones.

La jueza estableció tres hechos probados. El primero tuvo lugar el 15 de enero de 2021, a las 5 de la mañana, cuando Espíndola, junto a un grupo de personas asociadas al sindicato, bloqueó el acceso de camiones en la sede ubicada en Bonorino 175, lo que impidió cualquier actividad comercial hasta las 14 horas. La causa inmediata de este bloqueo fue la suspensión disciplinaria del empleado Edgardo Di Mayo, quien fue presentado por el sindicato como delegado electo; sin embargo, la magistrada constató que dicha designación no fue comunicada al empleador de manera oportuna, tal como lo exige la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales. Días antes del incidente, Espíndola ya había advertido a Gustavo Rey: “Se pudre todo”.

El segundo hecho se desarrolló entre el 22 y el 25 de febrero de 2021. En horas de la madrugada, el sindicato colocó un colectivo motorhome —registrado a nombre de la Asociación Mutual de Trabajadores Camioneros— frente a la misma distribuidora, bloqueando el único acceso vehicular del predio durante cuatro días. Las cámaras de seguridad captaron que, a las 12.53 horas del 23 de febrero, el vehículo fue movido unos metros, pero los manifestantes continuaron obstaculizando el paso utilizando reposeras. El colectivo finalmente se retiró el 25 de febrero a las 15 horas. Una pericia contable determinó que esos cuatro días de bloqueo provocaron una pérdida de $ 12.583.887,29 en facturación, calculada en base a la semana anterior. Además, un cliente —la bodega Peñaflor— decidió rescindir su contrato para no verse involucrado en el conflicto.

Un audio presentado como prueba ilustra la dinámica del segundo bloqueo con claridad: Ariel Rey le expresó a Espíndola “Fernando, ya está, sácame la gente, boludo”, a lo que el sindicalista contestó que estaba a la espera de otro dirigente. Rey respondió: “Olvídate de las 20 lucas”.

El hecho número 5 mencionado en la acusación revela un mecanismo de presión económica sofisticado. El 20 de abril de 2021, el contador de la empresa fue convocado a la sede del sindicato en San Pedro, donde Espíndola y otra persona no sometida a proceso le manifestaron: “Si no arreglan vamos a volver a paralizar la empresa con un bloqueo total”. Ante esta amenaza, el contador, con el consentimiento de los hermanos Rey, firmó un convenio de pago por una supuesta deuda que incluía diferencias salariales, aportes sindicales y obra social, totalizando $805.383,03. La primera parte del pago, que ascendía a $203.838,29 en efectivo más un cheque de $102.999,91, fue entregada dentro de una caja de galletitas. El saldo restante se pagó mediante dos cheques por un total de $355.583,03.

Un audio registrado el 13 de abril de 2022 capturó a Espíndola recibiendo el pago y discutiendo con el contador sobre los montos. En esa conversación, el contador le advirtió: “Ahí tenés los 550 que me dieron los muchachos de Rey. Espero que se solucionen todos los problemas”. La jueza Baquedano absolvió a Espíndola por el hecho 3, que lo acusaba de cobrar mensualmente sumas extorsivas desde 2017. La razón de esta absolución fue un audio presentado por la defensa, fechado el 7 de mayo de 2020, en el que Gustavo Rey le dice a Espíndola: “Fernando, vos nunca me pediste nada”. Este registro no fue impugnado por los hermanos Rey, lo que llevó a la magistrada a no tener la certeza necesaria para emitir un veredicto condenatorio. “No puedo alcanzar la certeza más allá de toda duda razonable”, escribió.

La sentencia también incluyó una reducción significativa de la pena acordada por las partes. La Fiscalía, los defensores particulares y el propio Espíndola habían consensuado una pena de seis años. Sin embargo, la jueza la disminuyó a cuatro años, basándose en dos argumentos: la falta de antecedentes penales condenatorios del imputado, que fue la única atenuante admitida, y una reclasificación del hecho 5. La magistrada determinó que ese episodio no constituía extorsión —un delito contra la propiedad— sino amenazas coactivas consumadas —un delito contra la libertad—, ya que las sumas exigidas estaban relacionadas con supuestas deudas laborales y no con un beneficio patrimonial ilegítimo en sentido estricto.

La jueza rechazó de manera explícita que el sometimiento al juicio abreviado pudiera considerarse como un atenuante, tal como lo habían solicitado las defensas. Aclaró que este mecanismo, a diferencia de lo estipulado en el Código Procesal Penal de la Nación, en el marco del ordenamiento bonaerense “no implica confesión de la participación en el hecho, sino solamente un acuerdo sobre calificación y pena”, lo que significa que no equivale a un arrepentimiento ni implica una reparación del daño causado a las víctimas.

Además, la sentencia incluye una derivación de oficio que tiene un gran peso institucional. La magistrada ordenó que se envíen copias a la Fiscalía General departamental para que se evalúe si funcionarias del Ministerio de Trabajo incurrieron en delitos de acción pública. Las escuchas telefónicas que se incorporaron a la causa muestran a una persona identificada como Natalia, de la Subsecretaría de Trabajo, comunicándose con el secretario general del gremio y explicándole que no dictó la conciliación obligatoria “porque fue una forma de ganar tiempo para que ustedes se puedan manifestar”.

Por otro lado, la delegada regional de Trabajo, Sofía Rotundo, declaró que cuando asistió al establecimiento el 22 de febrero de 2021, observó el motorhome “al costado del portón”, afirmando que no obstruía el acceso, una versión que fue contradicha por los empleados, los agentes policiales y las grabaciones. La jueza describió esta situación como “una picardía de quienes conducían el colectivo-motorhome, que lo corrieron al enterarse de que el Ministerio de Trabajo se haría presente”.

Otros dos audios presentados por la fiscalía revelan la magnitud de la presión ejercida por Espíndola sobre actores ajenos al ámbito empresarial. En uno de los audios del 24 de febrero de 2021, el sindicalista le comenta a un interlocutor que el comisario mayor Catalano le había notificado una cédula judicial para desalojar el lugar, y que él le respondió: “Mirá, te conozco hace un montón de años, vos querés venir, vení y hacé el acta, yo te saco la firma adelante, no me sacás un camión, no me sacás nada”. En otra parte de la misma conversación, Espíndola menciona haber hablado con el entonces intendente de San Pedro, Cecilio Salazar —a quien se refiere como “Cecilio”—, y le advirtió: “Mirá que mañana no tenés barrido. Y si viene y les retiene la gente paran todo”. Según su relato, el intendente le respondió que “se quedara tranquilo, que ya se ocupaba”.

El impacto sobre la familia Rey quedó documentado en el informe victimológico elaborado por la perito Juana Flores. Gustavo Rey describió que durante varios meses sufrió de insomnio, lo que afectó su salud y su vida familiar. Además, mencionó que las tensiones derivadas de la situación provocaron discusiones conyugales, lo que llevó a su esposa a plantearle la posibilidad de abandonar el negocio familiar. Esta situación no solo afectó su bienestar emocional, sino que también generó gastos imprevistos en abogados, lo que complicó aún más su situación financiera. Por otro lado, Ariel Rey relató que durante el mes de enero de 2021, sus hijos dejaron de concurrir a la colonia de vacaciones del club al que asistían habitualmente debido a razones de seguridad. Esta decisión fue un reflejo del clima de tensión y miedo que se vivía en ese momento. Además, él y su esposa se veían obligados a llegar al establecimiento a las 4:30 de la madrugada, sin saber qué encontrarían al llegar, lo que generaba una gran incertidumbre y preocupación en la familia. Ambos hermanos, en respuesta a la situación, quedaron incorporados al Área de Asistencia a la Víctima del tribunal, donde se les brindó apoyo y contención, reconociendo así el impacto emocional y psicológico que la situación había tenido en sus vidas.

Como medida cautelar vigente hasta que la sentencia quede firme, la jueza impuso a Espíndola una prohibición de acercamiento a Gustavo y Ariel Rey, así como a sus respectivos grupos familiares. Esta prohibición incluye cualquier medio de contacto, lo que abarca tanto el acercamiento directo como el uso de terceras personas para comunicarse. Además, se estableció que Espíndola no podrá acercarse a los establecimientos de Rey Distribución, donde los hermanos llevan adelante su actividad comercial, ni a los domicilios particulares de los damnificados en San Pedro. Esta decisión judicial busca garantizar la seguridad y el bienestar de la familia Rey en un contexto de alta tensión y preocupación por su integridad. La medida refleja la gravedad de la situación y la necesidad de proteger a las víctimas de posibles represalias o situaciones de riesgo, asegurando así un entorno más seguro mientras se espera la resolución definitiva del caso.

En el ámbito que dirige la ex presidenta, han suavizado la falta de resolución del Comité de Derechos Humanos y consideran que aún hay tiempo para abordar el panorama electoral.

Fuente original: Infobae Política.