La Agencia Nacional de Puertos intimó al gobierno de Gustavo Melella por el uso de la recaudación de fondos de la terminal portuaria de Ushuaia para financiar la obra social provincial. El conflicto, que tiene a la vista un marco legal estricto, deja al descubierto la tensión política y económica entre Buenos Aires y Tierra del Fuego, con un futuro incierto. Le advierte que los ingresos portuarios deben ser aplicados «exclusivamente» para gastos e inversiones de la actividad y no para el pago de deudas.
