Escándalo judicial en Mar del Plata: la justicia se niega a investigar una violación y detienen a 3 perejiles

El abogado en funcion de juez de Mar del Plata Juan Franciso Tapia, y la abogada en funcion de fiscal Ana maria Caro estan protagonizando un verdadero y preocupante escandalo judicial por estas horas. ya que sin la mas minima prueba mantienen detenidos a tres trabajadores por un hecho gravisimo ocurrido en la localidad de Miramar.

Lo cierto es que todas las pruebas realizadas evidencian la inocencia de los detenidos, sin embargo los funcionarios judiciales se niegan a investigar lo sucedido y prefieren pensar en las vacaciones y mantener detenidos a tres inocentes.

El domingo 1 de diciembre, se desató un escándalo en Miramar, luego de que una mujer de 40 años denunciara haber sido abusada por tres hombres. Según su relato, el ataque ocurrió al mediodía, a solo dos cuadras de su casa, después de que su novio, un convicto con permisos de salida transitoria los fines de semana, la dejara cerca de su domicilio.

En su denuncia, la mujer afirmó que durante su breve trayecto se cruzó con tres hombres que estaban tomando cerveza bajo un árbol. Según sus palabras, los individuos —dos mayores y un menor, encapuchados y con guantes— la habrían abordado, llevado a la fuerza por un alambrado y luego perpetrado el abuso.

Tras conocerse la denuncia, un grupo de vecinos enfurecidos salió a buscar a los presuntos culpables. En las inmediaciones, encontraron a tres trabajadores que se encontraban construyendo cabañas. Sin mediar palabra, la turba los golpeó brutalmente, y posteriormente la policía los detuvo.

Pruebas que descartan su participación ignoradas por la justicia

Desde el momento de su detención, los tres trabajadores han colaborado plenamente con la justicia. Entregaron sus dispositivos móviles, que fueron peritados, y se sometieron a análisis toxicológicos. Todas las pruebas apuntan a su inocencia:

Los análisis toxicológicos dieron negativo para alcohol y drogas, contradiciendo la declaración de la denunciante que aseguraba que los atacantes estaban consumiendo alcohol.
Los registros de sus teléfonos móviles muestran que los trabajadores intercambiaban mensajes y fotos con familiares al momento en que habrían ocurrido los hechos denunciados.
No se encontraron rastros ni indicios físicos que los vinculen con el supuesto ataque.
A pesar de esta abrumadora falta de pruebas en su contra, el juez Tapia y la fiscal Caro se niegan a ordenar su liberación y tampoco han avanzado en una investigación que permita esclarecer los hechos o identificar a los verdaderos culpables.

La justicia, en el ojo de la tormenta

La actitud de las autoridades judiciales ha generado indignación y desconcierto. En lugar de avanzar en una línea investigativa que permita esclarecer lo sucedido, la fiscalía y el juzgado parecen estar más enfocados en mantener detenidos a tres inocentes, ignorando por completo las pruebas que demuestran su desvinculación total de los hechos.

La falta de acción por parte de la justicia no solo está dejando a tres trabajadores injustamente privados de su libertad, sino que también plantea una grave pregunta: ¿están las autoridades intentando cerrar el caso a costa de culpar a inocentes?

La comunidad exige respuestas, pero la pasividad de los responsables judiciales hasta el momento solo profundiza las sospechas de negligencia y arbitrariedad judicial.